Organizaciones de la diversidad de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán alertaron sobre una grave crisis sanitaria y de derechos humanos en la región debido a los ajustes del gobierno nacional. Denunciaron la falta de insumos básicos y el desmantelamiento progresivo de políticas públicas que afectan especialmente a personas con VIH, otras ITS, hepatitis, tuberculosis y a la población trans. "La situación es alarmante”, afirmaron en un parte de prensa difundido el fin de semana largo. 

Ya el 25 de febrero la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia, Laura Caporaletti, en un informe enviado al presidente de la Fundación Orgullo Salta, Nelson López, daba cuenta de la falta de preservativos suficientes para atender la demanda, y de reactivos. 

La medicación para los tratamientos se entregaba en cantidad suficiente para tres meses, pero “ahora (la entrega) es mes a mes”, lo cual implica una dificultad extra para quienes viven en el interior de la provincia, dado que deberán trasladarse a la ciudad capital cada mes para poder contar con los medicamentos.

Nelson López dijo que la mayor preocupación radica en que saben que el presupuesto disponible la existencia de remedios alcanza solo hasta mitad de este año. “Al tener el presupuesto congelado no alcanza para todos los pacientes”, sostuvo.

Por estos y otros problemas que abundan en el sector, organizaciones de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán comenzaron un plan de lucha para reclamar garantías en los tratamientos y l llegada de los recursos para quienes viven con VIH.

Una compra de 8 mil preservativos

“Tenemos entendido que tras el crecimiento de la cantidad de casos de ITS (se informó de más de 200 casos de infecciones de transmisión sexual en dos meses), el mes pasado compraron 8.545 preservativos para toda la provincia. Duraron una semana y esa cantidad no llega a cubrir el microcentro” salteño, dijo López a Salta/12.

El referente sostuvo que entre los reclamos del sector, se encuentra la necesidad de que las cámaras legislativas de las provincias del NOA adhieran a la Ley nacional 27.675, "de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y tuberculosis -TBC-".

Ante la falta de los reactivos necesarios para hacerse tests, desde 2023 “dos de cada tres personas tenían un diagnóstico tardío”, dijo López. La demora implica que la persona haya pasado al estado de enfermedad, que es el sida. El VIH puede ser tratado y cronificado si es detectado en su estadio temprano.

El informe de Caporaletti indicaba en febrero que “en los últimos cuatros meses hemos dejado de recibir los siguientes reactivos: HIV Elisa, test rápidos de VIH y Sífilis, VDRL, HBS, HVC, Anti Core HBc, HBe, HAv Igg, HVA Igm, Sífilis Elisa, Anti HBc, Test rápidos HBS y HVC. Carga Viral para confirmatorio y control, CD4 de controles. Preservativos, desde más de un año”.

Y aunque indicó que “desde Provincia se iniciaron procesos de compras", la funcionaria reconoció que "la demanda y cantidades no pueden cubrirse al 100%”.

López sostuvo que ante los reclamos ahora les dijeron que se convocó a licitación, que la compra está pedida y los insumos estarían disponibles en junio o julio.

Que se adhiera a la ley nacional 

“A pesar de que el NOA es una de las regiones más afectadas por infecciones de transmisión sexual (con un preocupante aumento de sífilis y diagnósticos tardíos de VIH), casi ninguna de sus provincias ha adherido aún a la Ley nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis”, dijeron los referentes del NOA en el comunicado que surgió tras un encuentro en Tucumán.

En Salta había dos proyectos de adhesión. Las iniciativas fueron presentadas en agosto de 2022 por el hoy intendente de General Güemes, Carlos Rosso, y por el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler.

La ley nacional ya rige en toda la República Argentina. Pero en su artículo 4º invita “a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley”.

Las iniciativas de los legisladores salteños apuntaban a garantizar en Salta los recursos necesarios para el tratamiento integral de estas enfermedades. Pero, según sostuvo López, “perdieron estado parlamentario”.

Por su parte, la senadora nacional Nora Giménez presentó en 2024 un proyecto de declaración para manifestar su preocupación y rechazo al recorte dentro del programa de tratamiento de las enfermedades. Sostuvo que en 2023 se brindaron 66.893 tratamientos para personas con VIH, junto con 8.744 tratamientos de profilaxis pre exposición (PrEP) y 4.867 de profilaxis pos exposición (PEP). Sin embargo, “el Programa 22, correspondiente a la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, proyecta una cobertura de solo 66.500 tratamientos para 2025, lo que implica una reducción de 9.150 tratamientos respecto al último año completo registrado”.

La previsión, añadió, no contempla los 5.300 nuevos casos de VIH que se registran anualmente, ni el incremento de personas cuya atención podría recaer en el sistema público debido al agravamiento de la crisis económica y laboral.

La legisladora nacional agregó que el presupuesto actual de la Dirección de Respuesta al VIH se mantiene en 21 millones de pesos, monto aprobado para 2023, a pesar de una inflación interanual del 236 por ciento. “Aunque el presupuesto proyectado para 2025 se incrementa a 23 millones, este aumento es claramente insuficiente y equivale a un desfinanciamiento del 76 por ciento en términos reales, si se calcula en dólares”, explicó.

Este año Giménez presentó un “proyecto de comunicación”, con el fin de que la administración nacional informe sobre los métodos para actualizar el presupuesto y garantizar los recursos necesarios para prevenir y detectar las ITS.

La senadora afirmó que el recorte real fue de 75,72% “en el Programa 22 (VIH; Hepatitis Virales y Tuberculosis)”, y se prevé una reducción “en las metas de personas asistidas y la eliminación de los tratamientos preventivos en VIH que significan aproximadamente 19.920 tratamientos menos para personas con esta condición”.

Detalló que los hospitales públicos “enfrentan una alarmante escasez de insumos esenciales, como reactivos para medir cargas virales y preservativos, además de una inadecuada provisión de tratamientos para las personas viviendo con VIH”.

Las organizaciones que iniciaron los reclamos denunciaron que “los funcionarios locales priorizan obedecer al Gobierno Nacional por temor a perder fondos, antes que garantizar los derechos de sus comunidades”.

Sostuvieron que programaron un plan de lucha para visibilizar las falencias actuales y reafirmar su compromiso para con esta y otras causas. “No vamos a retroceder. Nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas no son negociables”, sentenciaron.