La causa por las Noches del Apagón y los secuestros en la zona de influencia del ingenio Ledesma sigue sin registrar avances. Pese a que la Cámara Federal de Casación ordenó poner fecha para juzgar al exadministrador Alberto Enrique Lemos, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy todavía no adoptó una medida en ese sentido. La defensa del hombre que supo ser la mano derecha de Carlos Pedro Tadeo Blaquier intenta, por estas horas, otra maniobra para seguir demorando el trámite.

Tres días después de que la Sala IV de la Casación ordenó apurar el juicio, los abogados de Lemos hicieron una presentación en el juzgado federal de Jujuy. El argumento busca seguir retrasando la resolución de una causa emblemática sobre la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

Los abogados Diego D’Andrea Cornejo y Jorge Valerga Aráoz –hijo homónimo del excamarista que juzgó a las tres primeras Juntas Militares– fueron a pedirle al juzgado que sobreseyera a Lemos por algunos hechos.

Entre otros, la defensa pide que Lemos sea sobreseído por el allanamiento y los tormentos que sufrió el médico e exintendente Luis Arédez, que fue secuestrado de su casa en la misma madrugada del golpe del 24 de marzo de 1976. La patota irrumpió en la vivienda familiar y cargó a Arédez en una camioneta que tenía el logo del ingenio Ledesma.

Su esposa, Olga Márquez de Arédez, se acercó al ingenio –donde su marido había prestado servicios como médico y donde se había ganado la antipatía de la patronal. La atendió Lemos, que, por entonces, era la mano derecha de Blaquier. El ingeniero le dijo, según ella hizo saber en distintas declaraciones, que la empresa había prestado vehículos “para limpiar el país de indeseables”.

Con el tiempo, Lemos fue acomodando su versión de los hechos. Reconoció que se había entrevistado con Márquez de Arédez, pero negó haberle hablado de “indeseables". Ante los tribunales, siguió una estrategia similar: primero negó que la empresa haya prestado camiones o camionetas a las fuerzas represivas; después afirmó que tenían más de 100 vehículos y era imposible saber qué se hacía con cada uno de ellos.

En 2012, Lemos y Blaquier fueron finalmente procesados después de un sinfín de dilaciones –que incluso obligaron a la Corte Suprema a dejar la causa en manos de un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña. Ambos fueron procesados por el secuestro de Arédez pero no por el allanamiento a su vivienda y los tormentos que sufrió durante su primera detención ilegal. Por esos hechos, les dictaron una falta de mérito. Esto implica que no hay certeza ni para sobreseer a una persona ni para procesarla. Lo mismo pasó con otros casos.

El expediente arrancó, de esa forma, un camino larguísimo por instancias de revisión. La Cámara Federal de Salta convalidó en 2013 la decisión de Poviña. Sin embargo, el tema fue a la Cámara Federal de Casación Penal, que en marzo de 2015 aprovechó y revocó los procesamientos de Blaquier y Lemos. La resolución fue adoptada por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. Riggi, ya jubilado, es uno de los que participaban del chat, que salió a la luz tras la visita del año pasado a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza y en el que intercambiaban diputados oficialistas y abogados de acusados por crímenes de lesa humanidad.

La cuestión de Blaquier y Lemos escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le aplicó la “cronoterapia” –como le decía el exsupremo Carlos Fayt al “cajoneo” de expedientes. Recién en julio de 2021 los cortesanos Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda ordenaron que la causa siguiera su cauce y remarcaron que la Casación había obstaculizado indebidamente el avance del expediente.

Fiscalía y querellas pidieron que se elevara a juicio a Blaquier y Lemos por todos los delitos que habían sido indagados, ya que no implicaba agregar nuevos casos. En marzo de 2023, Blaquier murió impune y, al tiempo, el TOF de Jujuy dictó su sobreseimiento por todos los casos y todos los delitos.

Ahora, la defensa pretende que el juzgado sobresea a Lemos por algunos delitos, así llega a juicio con una acusación más escuálida. En realidad, lo que explican quienes conocen el expediente es que se trata de cuestión que debería ser zanjada directamente por el TOF, pero que posiblemente generará nuevas demoras.

En su escrito, los abogados de Lemos se quejaron por la extensión del proceso, que llevó a que su defendido estuviera once años y siete meses sin que se resolviera su falta de mérito. No señalaron que todo ese tiempo el expediente estuvo dormido en los tribunales para evitar que Blaquier, uno de los empresarios más poderosos del país, fuera juzgado por crímenes aberrantes.