Desde Bariloche
Poco tiempo duró en el expediente judicial que investiga el asesinato de Rafael Nahuel la única mención sobre la presencia de armas en manos de los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. En la desgrabación de la conversación del teléfono 911 de la Policía de Río Negro realizada el sábado 25 de noviembre –día de la represión de Prefectura–, aparecía por terceros en boca de un oficial de esa fuerza asignado al Destacamento de Villa Mascardi una supuesta amenaza por parte de mapuches armados. Según pudo reconstruir PáginaI12 con fuentes con acceso al expediente, en dicha desgrabación se adjudica al efectivo haberle dicho a una mujer policía que un grupo de mapuches lo había amenazado con armas y “lo iba a matar”. Pero el efectivo policial declaró como testigo este lunes en la causa que lleva adelante el Juez Gustavo Villanueva y negó haber dicho lo que se le adjudica. Ante el secretario del juez, la fiscal, los abogados de la defensa y la querella, el oficial descartó haber sido víctima de amenazas de mapuches armados y se mostró sorprendido por la mención en el expediente.
La reconstrucción de lo sucedido es la siguiente: el sábado 25 de noviembre, el policía –paradójicamente de apellido mapuche– estaba apostado en el destacamento de Villa Mascardi, a unos ocho kilómetros de la comunidad. A través de la línea 107 para emergencias, una persona que se identificó como integrante de Prefectura solicitó la presencia de ambulancias en el lugar, debido a la existencia de heridos. Antes de enviarlas, la Policía consultó al efectivo mencionado y le pidió que se acerque al lugar para verificar esa información, debido a la gran cantidad de alertas falsas que recibe ese número.
Desde la tranquera de la comunidad, el oficial avisó a su compañera en el Destacamento de Villa Mascardi que efectivamente había heridos y le reclamó que solicite una ambulancia. Exactamente las 17,44 horas del sábado, se produjo la llamada al 911 en la que la mujer policía dio cuenta de la supuesta amenaza mapuche con armas a su compañero.
“Yo no dije eso”, explicó este lunes el policía, tras la lectura de la desgrabación de la llamada al 911. Se cayó así el único elemento que figuraba en el expediente vinculado con armas en manos de los integrantes de la comunidad.
Otro testigo
También declaró el operador turístico Pablo Curlo, quien ratificó que observó a por lo menos un efectivo de la Prefectura efectuar disparos “desde la ruta hacia la montaña”. Tal como publicó PáginaI12, Curlo pasaba por la ruta Juan Herman –40 sur– cuando regresaba de una excursión turística y fue detenido a unos 50 o 60 metros del lugar por donde ingresaron al territorio los integrantes del grupo Albatros. En su declaración confirmó que observó por lo menos a un uniformado disparar, y aportó los nombres de otros dos testigos que también ocasionalmente se encontraban en el lugar.
Los próximos días serán clave para determinar las responsabilidades por el asesinato de Rafael Nahuel. Mientras la causa sigue bajo carátula “NN sobre muerte dudosa”, esta semana comenzarán las pericias sobre las armas, las vainas encontradas durante la inspección ocular, y se realizarán los barridos electrónicos sobre las cintas de carbono para determinar la presencia de pólvora en las manos y ropas de los prefectos.
Tal como indicó este medio, son ocho los integrantes del grupo Albatros sobre los que Villanueva puso la mira. El resultado de las pericias podría derivar en la citación a indagatoria de los prefectos.
Para definir esa situación, Villanueva podrá tener en cuenta el aporte de los peritos que participaron de la inspección ocular, quienes dieron cuenta de la dificultad para “limpiar el terreno”, debido a su extensión y cantidad de follaje. De hecho, la mayoría de las 31 vainas servidas fueron encontradas gracias a la utilización de detectores de metales.
PáginaI12 pudo saber que la Prefectura Naval inició un sumario e investigación interna que podría contar ya con la declaración testimonial de los 21 Albatros que participaron del operativo. Pero hasta el momento, en la causa judicial que se tramita en la justicia federal de Bariloche no hay ningún aporte de la Prefectura ni del Gobierno nacional.
En tanto, la causa por usurpación iniciada por Parques Nacionales tiene imputadas a seis mujeres, algunas de los cuales fueron detenidas durante el desalojo del pasado 23 de noviembre, dos días antes de la represión que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel.
