El ministro de Defensa, Luis Petri, ha decidido embarcarse en una transformación riesgosa y jurídicamente cuestionable de las Fuerzas Armadas, poniendo en jaque principios jurídicos y operacionales que se mantuvieron vigentes durante más de 40 años de democracia. La Resolución 347/25 -y sus reglas de empeñamiento secretas-, que autoriza a efectivos militares a realizar “aprehensiones transitorias” de civiles en supuestos de flagrancia en la frontera norte, marca un antes y un después. No solo en la interpretación de la Ley de Defensa Nacional (Nº 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (Nº 24.059), sino en la función histórica de nuestras Fuerzas Armadas.

La medida rompe la separación estricta entre defensa y seguridad interior, un principio surgido como "consenso básico" tras la dictadura cívico-militar. Permitir que jóvenes oficiales formados para el combate convencional deban ahora asumir tareas de arresto, sin la cobertura legal adecuada y sin la preparación específica que requiere el trato con civiles, es un acto de irresponsabilidad política mayúscula. Se corre el riesgo de exponerlos no solo al error, sino a procesos penales individuales, mientras que las máximas autoridades políticas, seguramente, se desentenderán de las consecuencias.

Este abuso de interpretación, además, desconoce el límite explícito que marca el artículo 397 del Código Procesal Penal Federal, que sólo habilita detenciones por parte de militares en zonas de combate efectivo, situación muy distinta a patrullar fronteras nacionales en tiempos de paz.

Más aún, la falta de un protocolo claro para la derivación de detenidos a la Justicia, o para actuar frente a posibles enfrentamientos violentos, agrega un componente de inseguridad jurídica que compromete gravemente tanto a los militares como al resto de la ciudadanía.

No es un hecho aislado. El accidente ocurrido en la base naval de Vicente López, donde una joven voluntaria de la Armada (Brisa Báez) sufrió un daño cerebral grave en un curso antidisturbios, desnuda otra faceta de esta peligrosa política: la militarización de tareas de seguridad interior sin la preparación ni la normativa que lo avale. Se entrena a soldados para combatir ciudadanos en protestas, en abierta contradicción con la misión para la que fueron concebidos.

Tal como recordaban distintos especialistas y exministros, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) son las destinadas legalmente a combatir el delito y garantizar el orden interno. Militares y policías cumplen funciones distintas. Confundirlas, sin dudas, debilita ambas.

Incluso si se invoca el argumento de las “nuevas amenazas” (narcotráfico, terrorismo y otros delitos trasnacionales), como se hizo recientemente con los decretos 1107/2024 y 1112/2024​, la respuesta no puede ser improvisar un ejército de policías armados para la represión interna. Una política seria exige reforzar a las fuerzas de seguridad existentes, no reconvertir a las Fuerzas Armadas, desnaturalizando su esencia y arrastrándolas a conflictos internos de altísimo riesgo institucional​​.

La deriva institucional impulsada por el Ministro no solo se refleja en el plano operativo, sino también en gestos de alto contenido simbólico. En un acto nocturno tan improvisado como alarmante, el gobierno anunció — con el Ministro de Defensa y el Presidente vestidos de uniforme militar— la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia. Lejos de ser un proyecto internacional de cooperación antártica, el hecho constituye un acto de subordinación diplomática que erosiona la soberanía argentina, y que se vio ratificado con la reciente visita del jefe del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey, en un gesto de supervisión que no puede disimular su verdadero trasfondo.

En conjunto, estas medidas evidencian una concepción de la defensa y la seguridad basada en el marketing político y el espectáculo mediático​, antes que en el respeto al orden constitucional y al interés estratégico nacional. Transformar a las Fuerzas Armadas en policías improvisados no solo viola leyes fundamentales, sino que también las debilita, cuando el contexto internacional exigiría, más que nunca, su fortalecimiento y profesionalización​​.

Resulta imprescindible que el Congreso Nacional, y en particular las Comisiones de Defensa, exijan al Ministro explicaciones claras, pongan límites y rescaten los principios de defensa democrática que costaron sangre, sudor y lágrimas consolidar desde 1983​​.

No es un problema técnico. Es un problema de respeto a la democracia, la Constitución y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas.

*Abogado, Magister en Defensa Nacional. Director de la Maestría en Seguridad Pública de la Universidad Kennedy y Coordinador del Área de Asuntos Estratégicos del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Estado y Políticas Pública de la Universidad de Lanús.