“Es complicado, hay que estar acá”, dice desde Salta Alejandra Glik, una de las madres que hace diez años comenzaron a trajinar tribunales para reclamar por la incorporación de la educación religiosa como materia con calificación y carga horaria regular en las escuelas públicas provinciales. Glik celebra (“me emocioné mucho, me dio mucha alegría”), pero advierte que el peso de esta batalla se siente en el día a día. “Hoy (por ayer) con una mamá tuve una discusión en redes sociales por privado, porque ella estaba re triste con esto. En el mundo de gente muy creyente, la no enseñanza de religión en las escuelas públicas es entendida como pérdida de valores, como un libertinaje. Les cuesta entender que las que no somos católicas también tenemos valores, ética, moral. Y eso lo refuerzan desde el poder todo el tiempo. Yo respeto mucho a un montón de personas que son religiosas y no quiero crear conflictos, por eso hemos aclarado siempre que lo nuestro no es en contra de la religión, sino a favor de la no discriminación, de la libertad religiosa, en hacer énfasis en por qué un niño tiene que salir del aula por no participar de una religión”, enumera.

Para Glik, el fallo de la Corte “no es lo ideal, pero no podíamos aspirar a más tampoco”. De todos modos, “esto demuestra que a veces las cosas se pueden cambiar desde adentro. Yo tuve esta discusión con amigos que buscaban alternativas en colegios privados porque no querían que sus hijos pasaran por esto, pero yo no quería y, por otro lado, no lo podía pagar, ¡tengo tres hijos! Y de todos modos, aunque lo pudiera pagar, creía que no había que hacerlo, que había que pelearla. Por eso me alegra esto: me renueva la esperanza de que algo se puede cambiar”. 

También la abogada Gabriela Gaspar, que acompañó el planteo de las madres querellantes desde el principio, celebra el fallo pero advierte que está alerta. “No sabemos qué puede pasar con la aplicación del fallo. De hecho, hoy (por ayer) el gobierno provincial, cuando informó sobre esto, dio una lectura parcial del fallo y a la inversa de lo que es. Dicen que la Corte sostiene que la Constitución provincial es constitucional (respecto de la formación religiosa como derecho), pero eso no fue objeto del debate. Nosotras planteamos que la ley de Educación, fundamentada en el artículo 49 de la Constitución provincial, generó actos discriminatorios y eso generó la violación de derechos. Decir otra cosa es manipulación. Por eso me preocupa un poco cómo se aplicará efectivamente este fallo. En estos siete años (desde que comenzó la demanda), se ha corrido el eje de discusión: nosotras planteamos la violación de derechos de minorías que son ignoradas y estigmatizadas, y la existencia de niños en situación de vulneración de derechos, porque con esta ley el Estado, en lugar de proteger, discriminó”.

La abogada Gaspar señala, también, que “por lo que habíamos visto en las audiencias públicas y por cómo habían sido hechas las preguntas por los miembros de la Corte, ya imaginaba este resultado”, en particular en lo referido a cómo se instrumentaba la disposición sobre el cuestionario (acerca de preferencias religiosas) y las prácticas efectivamente realizadas en las escuelas. Sin embargo, Gaspar alerta acerca de disposiciones especificadas a medias en la resolución. “El fallo no dice quién dictará los contenidos de educación religiosa. Y el Estado provincial, hasta el día de la fecha, no adecuó sus contenidos curriculares, aunque ya hace años se lo indicó la Corte provincial. Ese fallo le había ordenado que debía ser contenido objetivo, científico, veraz, transmitir historia de las religiones. Pero la provincia no lo hizo nunca.”