Con una puesta en escena que incluyó al gabinete de ministros y gobernadores, el presidente Mauricio Macri anunció ayer un “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” con un listado de 243 “compromisos prioritarios”. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia “son un sello distintivo de las políticas públicas del Estado Argentino”, reconoció el jefe de Estado las banderas del movimiento de derechos humanos que hizo propias en 2003 el ex presidente Néstor Kirchner. Las tradicionales provocaciones de Cambiemos hacia los organismos corrieron por cuenta del ministro Germán Garavano, quien habló de la necesidad de mirar “no sólo hacia el pasado”, y del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, quien afirmó que esos derechos “no pueden ni deben ser utilizados, ni ideológicamente ni en forma partidaria”. Los problemas de los pueblos originarios están “en el tope de la agenda”, aseguró Avruj. Ningún funcionario mencionó las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en operativos de Gendarmería y Prefectura contra esos mismos pueblos. Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su expectativa de que el gobierno cumpla su plan aunque lamentó las “medidas en sentido contrario” de los últimos dos años.
“La lucha por la defensa de los derechos humanos es una tarea continua y un compromiso de todos”, dijo Macri durante el anuncio en el Museo Casa Rosada. Explicó que los 243 puntos del listado forman parte de los “cien objetivos prioritarios de este gobierno”, que a su vez se relacionan según Presidencia “con los tres ejes” de la gestión: “reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos”. “Estoy acá porque creo en un Estado que genere las condiciones para que cada persona, viva donde viva, tenga la edad que tenga, pueda elegir cómo vivir y desarrollarse en libertad”, dijo Macri, quien ratificó su confianza en “el enorme potencial igualador de la educación, el poder del diálogo y la fuerza de los argentinos”. “Y creo que la pobreza es inaceptable, sí, inaceptable”, repitió un día después de que se conociera el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que calcula en 13,5 millones los pobres (48,4% niños) y en 2,5 millones los indigentes.
Garavano sostuvo que el plan “marca un antes y un después en el abordaje integral de los Derechos Humanos” y retomó la muletilla de campaña de la alianza Cambiemos al subrayar la necesidad de mirar “no sólo hacia el pasado, como se ha hecho, sino también hacia el futuro y hacia el presente”. “Todos los días sufrimos violaciones en los derechos humanos en distintos aspectos de nuestra vida y me parece clave poder mirar esos problemas hacia adelante”, machacó.
“Hoy es un día histórico, que significa un hito en la historia de los derechos humanos en nuestro país, que ratifica el lugar de la Argentina como líder de la región y del mundo”, arrancó Avruj sin reparar en los cuestionamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, entre otros casos, el encarcelamiento de Milagro Sala. El secretario dijo que se trata de “243 compromisos asumidos como prioritarios por todo el gabinete, lo que demuestra que los derechos humanos son transversales a las políticas de Estado, y no pueden ni deben ser utilizados ideológicamente ni en forma partidaria ni ser capturados por nadie, porque son de la gente y para la gente, y atraviesan la vida de todos nosotros”.
Como ejemplo de logro reciente mencionó la entrega a familiares de caídos en Malvinas de los resultados de la identificación de tumbas en el cementerio de Darwin. “Era una deuda pendiente por más de 35 años que nadie se animó a resolver” que se consiguió “sin ninguna mezquindad ni uso político, sino para honrar la memoria”, dijo sobre el reclamo que impulsó el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata junto al actual juez federal Alejo Ramos Padilla y que en 2011 hizo propio ante la Cruz Roja Internacional el gobierno de Cristina Kirchner.
El secretario se habló de “una semana emblemática, de la que todos tenemos que sentirnos honrados y orgullosos”, en referencia a “las condenas ejemplares para los perpetradores de los vuelos de la muerte” en la causa ESMA y al hallazgo de la nieta 126, “donde la Conadi, institución del Estado, tiene un rol fundamental”. En una nota publicada en La Nación, Avruj fue aún más generoso en su autoevaluación al considerar que “profundizamos la política de Estado que abraza las consignas de memoria, verdad y justicia” desde “nuestro rol de querellantes en 220 causas”. No mencionó la desactivación de acusaciones a partícipes civiles ni el archivo del proyecto para crear una bicameral para investigar la relación entre empresarios y terrorismo de Estado. “Con el mismo criterio, nos opusimos a los pedidos de aplicación de la ley del 2x1 para represores”, apuntó el mismo funcionario que pidió respetar ese fallo de la Corte Suprema, del que tomaría distancia tras las movilizaciones masivas de rechazo en todo el país.
