Vencidos los plazos otorgados por la Justicia, el gobierno provincial pidió una prórroga de cuarenta días para la presentación de un Plan Integral de Preservación del Recurso Ictícola. La solicitud generó el rechazo de la organización ambiental rosarina El Paraná no se toca, que junto al diputado provincial Fabián Palo Oliver impulsaron en 2020 una acción de amparo por intereses difusos contra el Estado santafesino, ante la pesca sin control por parte de los frigoríficos en plena bajante del río Paraná. Los demandantes sostienen que, desde la ratificación del fallo en segunda instancia, el gobierno no realizó ninguna acción que fundamente la prórroga, ni tampoco demostró un interés real en preservar el recurso ictícola santafesino. “Pasaron cinco años y sigue sin hacerse un control de la extracción de las especies”, denunció Oliver. “Todos los peces que viven o se desarrollan en las lagunas están en estado crítico”, apuntó Romina Araguas, abogada e integrante de la organización ambientalista.
El recorrido judicial comenzó en junio de 2020, cuando en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, la organización rosarina El Paraná no se toca detectó que los grandes frigoríficos continuaban realizando su tarea. La preocupación no pasaba tanto por la cuestión sanitaria, sino ambiental: en ese momento, el río Paraná atravesaba una de sus bajantes más prolongadas. Por eso decidieron presentar ante la Justicia una acción de amparo contra el Estado provincial, basada en la Ley N°10.000 de intereses difusos.
“Tuvimos una bajante profunda y prolongada en el tiempo. Fueron dos años de bajante extrema y la pesca continuaba. Lo que pedíamos en ese momento era una veda urgente. Habíamos hablado con los científicos del Conicet y, después de asesorarnos, presentamos esa acción en la Justicia”, recordó Araguas en diálogo con Rosario/12. “Lo que más nos llamó la atención es que nos encontramos con que no había datos de lo que extraen los frigoríficos, ni de los controles que se realizan sobre las piezas que sacan. Nada que permitiera evaluar qué se podía pescar preservando el recurso”, añadió.
En paralelo, y preocupado por la misma situación, Oliver impulsó algunas acciones como legislador provincial. Primero una comunicación al gobierno de Omar Perotti solicitando una veda. Pero como desde la Casa Gris no dieron lugar, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial que tuvo media sanción en la Cámara baja. Sin embargo, como la actividad pesquera seguía y la bajante se prolongaba en el tiempo, junto a otros doce diputados decidieron apelar a la Justicia para la preservación del recurso. Luego, el reclamo de los legisladores se unió al de la organización ambiental.
“Esto empezó en 2020 con una bajante histórica en medio de la pandemia, donde los puertos de fiscalización que están a cargo de los municipios, no estaban funcionando producto del aislamiento, porque los únicos empleados públicos que cumplían funciones eran los de necesidad”, señaló Oliver a Rosario/12. “Lo que hicieron los gobiernos provinciales ha sido insuficiente para cuidar un recurso que está en crisis. Y los fallos que viene teniendo la Justicia son consecuentes con eso”, agregó.
La Justicia se tomó su tiempo. Recién en junio de 2023, el juez Luciano Carbajo hizo lugar a la demanda y ordenó al Estado provincial la realización de un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola. En un extenso fallo, el juez dio una serie de pautas para la elaboración del plan, como la realización de un análisis del estado actual del recurso en base a información científica actualizada y local, o la inclusión de un sistema de alerta temprana que active una “veda automática” para la pesca en función de la altura del río. Además, propuso incluir el control de cupos de extracción, acopios y tallas mínimas, y ordenó la regularización de los puertos de fiscalización. La sentencia también plantea que el plan sea coordinado con las otras provincias que están sobre la cuenca del Río Paraná.
El fallo de primera instancia fue apelado por la provincia, pero en abril del 2024 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, ratificó en todos sus términos la resolución de la primera instancia. No obstante, la Justicia otorgó un nuevo plazo de 240 días para que el gobierno de Maximiliano Pullaro se ajuste a la presentación del plan en cuestión. Ese plazo venció en abril de este año y ahora la Casa Gris solicitó una nueva prórroga por 40 días. La Justicia deberá definir en breve si concede el plazo o intima al gobierno a la presentación inmediata del plan. Los demandantes piden que la Justicia aplique algún tipo de sanción para que no se sigan dilatando los tiempos.
“En ningún momento el gobierno provincial aportó algún tipo de información que permita ver qué tan avanzado viene con la elaboración de este plan. Ni de los estudios científicos en los que se basa, ni de las conclusiones preliminares a las que arribaron. De hecho, no sabemos ni quiénes son los responsables de su elaboración”, expresó Oliver. “Pasaron cinco años y sigue sin hacerse un control de la extracción de las especies. Nosotros le pedimos a la Justicia que directamente los intime a que terminen cuanto antes, porque no demostraron estar trabajando ni tampoco un interés real en el tema”, añadió.
Impacto ambiental
Desde el Paraná no se toca ponen el foco en la falta de información que hay sobre el estado del recurso ictícola en la provincia. Sin embargo, tienen indicios para definir a la situación como “dramática” en Santa Fe. “Hay muchas especies que ya casi no se ven, porque la falta de controles sobre la pesca ha hecho estrago”, indicó Aguaras. La abogada ambientalista aclaró que el problema no son los pescadores artesanales que subsisten con lo que logran vender en la costa, sino los grandes frigoríficos con capacidad de acopio. “Los pescadores son el eslabón más perjudicado”, remarcó.
La organización ambiental sostiene que en la región de Rosario hay una alerta encendida por la situación del sábalo. “Era un pez que abundaba por estos lados y cada vez se ve menos”, señalaron. Una situación similar se da con la tarucha, el pacú y el surubí. “Todos los peces que viven o se desarrollan en las lagunas están en estado crítico. Ya hace varios años que, entre la bajante y la pesca sin control, no se están reproduciendo normalmente”, advirtieron.
En esa misma línea, sostienen que la preocupación también se refleja en otras especies desde una cuestión más cualitativa que cuantitativa. “No se puede verificar que haya desaparecido una especie en nuestra zona, pero sí se puede decir que hay una disminución abrupta tanto de las tallas como de las cantidades de algunas especies específicas”, expresó Aguaras. “Y eso que estamos hablando de peces comerciales, ni hablar de lo que pasa con especies no comerciales”, completó.
Prohibir la exportación
Para Oliver, la situación actual también se explica por el negocio que representa la pesca para unos pocos actores. “Hay quince frigoríficos que concentran la comercialización y la exportación. Algunos le incorporan valor agregado, pero la mayoría exportan las piezas en crudo. Somos de los pocos países del mundo que exportan fauna autóctona y para algunos es un gran negocio, por eso no se discute su prohibición”, cuestionó y agregó: “Si los frigoríficos quieren exportar, que desarrollen sistemas de peces en cautiverio y que después lo comercialicen”.
Para el diputado provincial, la prohibición de la exportación va en beneficio del mercado interno. “Nosotros no decimos que no hay que pescar. Estamos diciendo que se pesque para el abastecimiento local, pero que no se exporte porque eso no pasa en casi ningún lugar del mundo”, explicó. Sin embargo, el legislador consideró que esa es una medida que también debe estar acompañada de los controles provinciales, que deben realizarse “de forma exhaustiva” en los ríos y en los puertos de fiscalización.
“Como posición política, creemos que Santa Fe debe plantear en el Consejo Federal Pesquero la prohibición de la comercialización de fauna ictícola. Eso como primera medida. Pero en segundo lugar que el Estado controle lo que pasa adentro de los frigoríficos. Hoy se desconocen los cupos de extracción, las tallas, y para eso hay que trabajar mejor en los puertos de fiscalización y en los ríos. No tiene mucho sentido los controles que se hacen en rutas, cuando las piezas ya están pescadas”, evaluó. “Son medidas que deben adoptarse como política de Estado y tener continuidad entre las sucesivas gestiones”, finalizó.
