El camino de Theresa May rumbo al 19 de marzo de 2010, fecha en que se concretará la salida británica de la Unión Europea, dista de ser un lecho de rosas. Por 309 votos contra 305, la Cámara de los Comunes aprobó que sea el Parlamento el que tenga la última palabra sobre los acuerdos entre el gobierno de May y la UE. Para ello fue clave el voto de 14 diputados conservadores. La rebelión en la propia tropa augura lo que la prensa venía pronosticando hace meses: la ofensiva de un sector del Partido Conservador para desbancar a la primera ministra.
"Nos llaman 'amotinados' cuando la mayoría de nosotros somos abogados y entendemos la importancia de la ley", advirtió Anna Soubry, una de las integrantes del grupo díscolo. “Como dijo Wiston Churchill, soy un hombre de partido que pone al partido por delante de sí mismo y al país por delante del partido", declaró a su turno Dominic Grieve, otro de los rebeldes. "Esta es la única vez que me he rebelado contra el partido en 20 años, y lo hago por sentido del deber, para evitar el caos constitucional que supondría la aprobación de la Ley del Brexit en su estado actual", agregó.
Con este resultado, May no puede firmar ningún acuerdo con Bruselas sin contar con la aprobación del Parlamento. La premier había propuesto un voto consultivo, sin poder de veto. "El Gobierno no puede reclamar los poderes a Bruselas y luego dar la espalda a la Cámara de los Comunes en el momento crítico del Brexit”, advirtió a su turno Chuka Umunna, del Partido Laborista.
En rigor, la oposición, con la ayuda de los conservadores rebeldes, impidió que May usara lo llamados “poderes de Enrique VIII” para imponer decisiones sin supervisión parlamentaria. En el Congreso, la propia May reconoció que la enmienda puede "prevenir que el Gobierno use sus poderes" y logre así "una salida tranquila y ordenada de la Unión Europea".
