El Fiscal General, Jorge Baclini, los cinco Fiscales Regionales y once fiscales de toda la provincia se reunieron ayer con el gobernador, Miguel Lifschitz, en Rosario, para manifestarle su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura, que cambia el mecanismo de remoción de fiscales y defensores. "Le dijimos a la máxima autoridad provincial que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la independencia de los poderes propia de una república y aniquila la autonomía del órgano encargado de la persecución penal", consideró Baclini. También le trasladaron el "inmediato rechazo" que la norma generó en "las instituciones más representativas del país vinculadas a la persecución del delito, al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal". Lifschitz se comprometió a estudiar la ley aprobada y determinar los pasos a seguir.
Con la nueva ley, el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica y funcional. "Entendemos que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas", aseguró el fiscal general. "Si bien la modificación fue aprobada de forma unánime, no deja de sorprendernos que se hizo de forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión ordinaria del año".
El titular del Ministerio Público de la Acusación añadió que "los Fiscales y Fiscales Adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico‑disciplinarios. Así está establecido en la norma aún vigente que, por lo demás, se ajusta a lo que impone el artículo 91 de nuestra Constitución Provincial y es la forma que utilizan las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país para regular la temática".
Baclini comentó que "el gobernador se comprometió a estudiar la ley aprobada y nos dijo que luego analizará los pasos a seguir".
A la hora de argumentar el amplio repudio nacional a la nueva ley, Baclini enumeró los documentos que hicieron público el Consejo de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También mencionó los pronunciamientos de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y una misiva que envió al gobernador la Asociación Argentina de Fiscales. Además, el Consejo Federal de la Defensa Pública; la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal; la Asociación del Pensamiento Penal; y el INECIP.
