El abogado de Rubén “la Chancha” Ale (foto) pidió que su cliente sea absuelto en la causa que lo juzga, junto con su hermano y otros 14 acusados, por asociación ilícita y lavado de activos. “A lo largo del juicio no se pudo probar que mi defendido haya liderado desde el año 2002 una organización criminal y, a través de ella, puesto en circulación en el mercado bienes procedentes de un ilícito o que haya cometido delitos en forma indeterminada”, aseguró Alejandro Biagosch en la segunda audiencia dedicada a los alegatos de defensores. El abogado dijo, además, que durante la investigación de la causa en la que son querellantes la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP hubo “violaciones a las garantías constitucionales, al domicilio, a la intimidad y a los derechos de familia y afectación de bienes protegidos por leyes supranacionales, que casi llevan a la destrucción de la familia”.

Biagosch procuró describir a su defendido como víctima de una conspiración en la que tomaron parte los medios y en la que, a pesar de lo que señalaron en sus alegatos la UIF y la AFIP, no hay pruebas para responsabilizarlo. La Chancha, dijo el abogado, “fue el más perseguido en esta causa y demonizado por personajes que realizaron denuncias a través de prensa”, en referencia a Susana Trimarco, quien “lo acusó de la desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón, pero nunca hizo una denuncia ante la Justicia ni lo llevó a juicio”. 

El defensor tildó los alegatos de los querellantes y del Ministerio Público Fiscal (que, en términos generales, coincidieron en las acusaciones y en demandar, además de prisión, multas millonarias para la Chancha, su hermano Adolfo “el Mono” Ale y gran parte del Clan) como “los últimos intentos desesperados para sostener esta causa donde los imputados fueron tratados como objetos de persecución y no como sujetos de derechos”.

A fines de noviembre, la UIF y la AFIP habían reclamado que el Clan reciba penas de entre 6 y 20 años de prisión –lo suficientemente elevadas como para que en ningún caso resulte excarcelable– y deba pagar multas que, sumadas, superarían los 300 millones de pesos; para ambas, quedó acreditado que los Ale son jefes de la banda y que la asociación ilícita ingresó al sistema legal activos por más de 40 millones de pesos.