Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman definieron la decisión de Claudio Bonadio de atribuirles los delitos de traición a la patria y encubrimiento como “un procesamiento arbitrario”, donde el juez actuó como un “desequilibrado legislador”, al adentrarse a evaluar un acuerdo con Irán aprobado por el Congreso, desafiando las limitaciones del “orden jurídico”. Así lo plantearon en la apelación para que la Cámara Federal revise su situación procesal y también presentaron un pedido de juicio político contra el juez en el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” y “prevaricato”, que significa fallar contra el derecho de manera intencional.  

  El argumento que la ex presidenta y el ex canciller plantearon a través de sus defensores señala que el juez manipuló una interpretación sobre un delito gravísimo como es el de traición a la patria, prescindió de prueba decisiva como la declaración del ex secretario de Interpol Ronald Noble (que en estos días se explayó públicamente y dejó en claro que la Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas para detener a los iraníes sospechosos del atentado) e invocó pruebas “inexistentes o improcedentes”, como referencias a una supuesta reunión de Timerman con su par iraní en Alepo, de la que no hay constancias.

La apelación presentada por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa también cuestiona la prisión preventiva de la senadora y de Timerman, porque consideran que viola el artículo 18 de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bonadio invocó una nueva línea, reciente, bautizada como “doctrina Irurzun” (por el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, que la ideó), que indica que el solo hecho de haber sido parte del gobierno y haber tenido poder, implica la posibilidad del entorpecimiento o la fuga o la suposición de que son personas con nexos para eso, a lo que suma la cantidad de causas abiertas. Según la apelación, el juez no brinda ningún dato concreto en el que basa su suposición; señala un “juicio de posibilidad” pero no da cuenta de la “probabilidad” concreta. Bonadio hace mención de escuchas de 207 líneas telefónicas y acto seguido admite que “restan analizar en profundidad”.  

En el caso puntual de Timerman, quien tiene prisión domiciliaria, sus defensores denuncian que las condiciones impuestas son “crueles y degradantes”, ya que está en pleno tratamiento contra el cáncer y se le exige un cronograma semanal de visitas médicas y debe informar al juzgado para salir a las citas médicas, aunque sean de urgencia.

Sobre el final del texto de 43 páginas, los abogados recuerdan que se violó el “principio del juez natural a través de maniobras de fórum shopping (que implica elegir al juez de un caso) vergonzosas”. Se refieren a que la causa donde terminaron procesados CFK, Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y otros ex dirigentes, es la que se inició con la denuncia presentada por Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto. El primer juez, Daniel Rafecas, la cerró por falta de delito. Más tarde se abrió una causa melliza por “traición a la patria” que llegó a Bonadio; la original fue reabierta tras el cambio de gobierno, y le tocó a Ariel Lijo. Pero Irurzun decidió que Bonadío se quede con todo.

Los defensores citan un texto del ex juez de la Corte Suprema y actual miembro de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, publicado en este diario, que sostiene que se ha manipulado el uso de la figura de traición a la patria. Bonadio equiparó el atentado a la AMIA con un “estado de guerra” y dijo que el Gobierno de CFK se alió a su enemigo. Zaffaroni recuerda que la traición a la Nación, según el artículo 119 de la Constitución consiste “únicamente en tomar las armas contra ella”. “Nunca hubo una guerra con Irán, ni siquiera un preparativo. Jamás nuestros militares se prepararon para atacar Irán. Por suerte, no hubo ni la más mínima intención bélica por parte de la nación argentina agredida”, sostiene. 

La apelación cuestiona al magistrado por no haber tenido en cuenta una prueba clave que era la declaración de Ronald Noble, quien hizo pública su postura y dijo de todos los modos posibles que sólo el juez argentino podía pedir levantar las aletas rojas (ver aparte) y eso jamás sucedió, incluso quedaba claro que no era la finalidad del Memorándum. Es más, el Momorándum no se aplicó porque si bien lo votó el Congreso argentino no hubo decisión equivalente en Irán. Según la defensa, cuando el fiscal Gerardo Pollicita pidió el testimonio de Noble con la emisión de una “circular azul” era evidente que sería una traba para lograrla. Interpol planteó su inmunidad, pero la fiscalía no reclamó en términos apropiados para destrabar el trámite. La palabra de Noble hubiera desbaratado la acusación del fiscal y de Bonadio. Le recriminan también al juez que habla de encuentros secretos y en particular en una reunión en Alepo para acordar el Memorándum de la que no hay constancias. Sólo un link de una publicación siria presentada por el ex espía Antonio Stiuso sobre un encuentro con el presidente de Siria. Las presentaciones de CFK, Timerman y el resto de los acusados, serán resueltas por la Sala II de la Cámara Federal, que integra Irurzun, el autor de la nueva doctrina pro prisión preventiva.