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“Los funcionarios públicos somos circunstanciales. Se acabó el tiempo en el que desde el gobierno se decía qué, cómo y cuándo invertir. Esto está nuevamente en manos del sector privado. Son ustedes, en la medida que respeten los marcos regulatorios, los responsables de regir sus intereses y lograr evitar que medidas equivocadas los puedan afectar”, aseguró ayer el ministro de Energía Juan José Aranguren al conmemorar en el Hotel Sheraton de Retiro un nuevo aniversario del Día del Petróleo ante los principales empresarios de la industria. El funcionario reivindicó la necesidad de seguir avanzado con la desregulación del sector para que los precios los fije el libre juego de la oferta y la demanda. En el caso del gas, adelantó que, pese al inminente fin de la ley de Emergencia Económica, entrará en vigencia un período de transición y la liberalización total recién llegará en 2020.
Aranguren destacó que en enero de 2017 se puso fin a un período de 15 años en el cual se aplicaron derechos de exportación a las ventas de petróleo y gas y resaltó que a fin de este año también se va a poner fin a la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario sancionada en enero de 2002 que le permitió al Poder Ejecutivo congelar tarifas y aplicar subsidios cruzados. “Bienvenida la vuelta a la racionalidad que es lo que nosotros necesitamos, recuperar cierto sentido de racionalidad para nuestro país”, celebró Aranguren.
El ministro de Energía valoró luego haber hecho converger gradualmente los precios internacionales del crudo con los precios locales. Reconoció que los precios internacionales han sido “bastante imprevisibles” al pasar de 55 dólares el barril a comienzos de año, para bajar a 45 dólares a mitad de año y alcanzar un pico de 65 dólares en los últimos días y dejó en claro que si los precios del crudo siguen subiendo el gobierno no intervendrá para evitar una nueva suba de los combustibles. “No tenemos que volvernos a separar nunca más de esta referencia. Algunos tienen dudas de si cuando los precios suban se va a respetar este compromiso del gobierno. Yo no tengo dudas. Tengo confianza. Nosotros vinimos a decir la verdad, a respetar la ley, y, salvo que la ley cambie, desde el Ejecutivo no vamos a tomar ningún tipo de medida para que esto no sea así”.
En el caso del gas, Aranguren reconoció que el objetivo también es liberar los precios, pero aseguró que habrá un período de transición de dos años para evitar una disparada del precio en un contexto donde la importación representa el 25 por ciento del consumo local.
La producción de petróleo cayó en octubre 4,3 por ciento con respecto al mismo período de 2016 y acumula en diez meses una baja interanual de 7,2 por ciento. Si la comparación se realiza con los primeros diez meses de 2015, la baja acumulada es de 10,3 por ciento en petróleo, pero Aranguren le restó importancia al atribuirlo a la caída de la cotización internacional del barril. “La verdad, es decisión de ustedes. No me preocupa que eso ocurra. No hubo desabastecimiento en la Argentina. Con la recuperación de precios seguramente habrá más perforación de pozos de petróleo”, aseguró.
El ministro también se refirió al fin del Plan Gas que había puesto en vigencia el kirchnerismo y que fue dado de baja pese a que sirvió para incentivar la producción. El año próximo se implementará un programa que incentiva nuevos proyectos de shale y tight gas, pero no premia la continuidad de la inversión en campos que ya se encuentran en desarrollo. De ese modo, se busca reducir los subsidios hacia la industria, reducción que ya empezó este año al incumplir con los compromisos asumidos como parte del Plan Gas. De hecho, Aranguren reconoció ayer que el gobierno les debe a las petroleras 26.200 millones de pesos correspondientes a todo el Plan Gas de 2017. “Reconozco que a partir de una necesidad que tenemos de cumplir con nuestros compromisos presupuestarios terminamos el año con una deuda con el sector de 26.200 millones de pesos”, sostuvo y adelantó que el gobierno elaborará una propuesta para saldarla.
