Los artesanos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en estado de alerta. La semana pasada, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta publicó en el Boletín Oficial un decreto (el 585/16) que atenta contra las regulaciones previas sobre el tema y otorga a la Dirección General de Ferias y Mercados, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la facultad de tomar decisiones sobre las ferias, sus estructuras, sus cupos y sus artesanos sin la necesidad de acordarlas y consensuarlas con los delegados del Sistema de Ferias Artesanales (SFA), una red que funciona hace 47 años en la ciudad. Preocupados por esta maniobra, a la que consideran “arbitraria e inconstitucional”, los artesanos se movilizarán hoy al mediodía hacia ese ministerio, en Av. Martín García al 300, que conduce Eduardo Macchiavelli. Pedirán la nulidad del decreto y reforzarán su idea de que “artesanía es cultura, y cultura es identidad”. 

El Sistema de Ferias Artesanales actualmente cuenta con ferias ubicadas en ocho plazas de la ciudad: Plaza Francia, General Belgrano, Houssay, Centenario, Santa Fe, Lezama y Vuelta de Rocha 1 y 2. Amparada en una ordenanza sancionada en 1992 que declara de interés municipal a la actividad artesanal, y en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza la preservación, la recuperación y la difusión del patrimonio cultural, la red posee una estructura de funcionamiento que se apoya en dos pilares: delegados y fiscales. Los primeros (la “pata política” del sistema) son los encargados de consensuar y negociar con el organismo de aplicación –es decir, el ministerio– las habilitaciones, los cupos y los espacios donde se emplazan las ferias. Los fiscales (la “pata técnica”) son los responsables de evaluar a los artesanos que desean entrar en el sistema. Ambos roles son elegidos “democrática y horizontalmente” por todos los miembros de la red, a través del voto secreto. 

El reclamo de los artesanos no es actual, aunque sí comenzó con el macrismo. Históricamente, el SFA formaba parte del organigrama del ministerio de Cultura porteño. Pero, tal como quiere hacer ahora el bloque del Pro en la legislatura con los artistas callejeros (hay un proyecto presentado que tiene ese propósito), años atrás, cuando asumió el Ejecutivo local, Mauricio Macri lo pasó a la órbita de Ambiente y Espacio Público, algo que según dijo Damián Piazza, delegado de la red, a PáginaI12, “convirtió a los artesanos en vendedores ambulantes en vez de en agentes culturales”. 

“Primero fue el pase a un ministerio que no tiene nada que ver con nosotros y ahora este decreto, que tiene como objetivo sacarnos de los lugares en los que tenemos derechos constitucionales ganados”, denunció Piazza, que está en la red hace 16 años y actualmente trabaja en la feria de Plaza Francia. “Quieren destruir la única instancia de diálogo que tienen con nosotros, lo único que les impide a ellos decidir en totalidad sobre el espacio público”, sentenció el delegado, que diferencia a la artesanía urbana (la que se trabaja en la red, que se hace en Buenos Aires desde la década del 70, sólo admite algunos materiales y algunas técnicas, y es reconocida en todo el mundo) de una más “tradicional” o “gauchesca”. 

Más allá del decreto de la semana pasada, el vaciamiento general que el Gobierno de la Ciudad viene planteando para las ferias de artesanos hace tiempo que se evidencia en números. Mientras que hace unos años llegaba a 1600 el número de familias de artesanos que formaban parte de la red, hoy son menos de 600, porque muchos fueron empujados a volcarse hacia otros trabajos por las trabas para acceder a un puesto. Además, el achique se nota en las ferias: de los 270 cupos que tiene Parque Lezama sólo hay ocupados 20. En Parque Centenario, la proporción es de 270 y 140.

“Yo creo que hay dos grandes motivos por los que el gobierno avanza en contra de las ferias. El primero es que quieren disponer del espacio público para privatizarlo, como hacen con todo. No por nada nos sacan de algunas plazas, como la Houssay, para poner bares. El segundo objetivo es desarmar la organización social y cultural que suponen nuestras ferias. No toleran que su función sea únicamente la de firmar los permisos que otorgan nuestros fiscales, porque de ese modo no pueden meter a sus amigos”, explicó Piazza, que también apuntó sobre el conflicto en Caminito, La Boca, donde hay proyectos para hacer una “megaobra” que dejaría a los puesteros sin lugar para trabajar y sin ninguna protección.  

Para hacer frente a la avanzada, el año pasado los artesanos organizados presentaron  un proyecto para crear nuevos emplazamientos –ahora un recurso de amparo para derogar el decreto– y hace unos meses trabajan en conjunto con algunos legisladores del bloque del Frente para la Victoria para declarar a la artesanía Patrimonio Cultural de la Ciudad. Resumió Piazza: “Hace más de 30 años que estamos ininterrumpidamente en la ciudad. Antes sólo habíamos sido sacados por la dictadura. Ahora la historia se repite, porque este gobierno está erradicando nuestros derechos. La artesanía urbana es parte de nuestra comunidad y cada artesano que se pierde es un oficio que no recuperamos nunca más”.