El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó ayer de una videoconferencia convocada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para explicar el nuevo Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, anunciado la semana pasada. 

En la reunión virtual se expusieron detalles técnicos del proyecto, se respondieron inquietudes de los mandatarios y se discutió el impacto que podrían tener las medidas en las provincias. El gobierno de Javier Milei presiona a las provincias para que adhieran al plan de desregulación fiscal, con la amenaza de cortarles el acceso a datos tributarios clave si no acompañan.

Además de Sáenz, estuvieron presentes mandatarios de otras provincias del Norte Grande y la Patagonia: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad. Fue la primera vez que el gobierno nacional presentó en forma directa a los gobernadores un plan que, más allá del título, plantea una redefinición radical de la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia financiera y tributaria.

Desde el gobierno salteño no hubo declaraciones públicas tras la reunión. En un parte de prensa la provincia se limitó a informar sobre la participación del gobernador, y a resaltar que se respondieron inquietudes sobre el impacto del plan en las provincias. La indefinición se da en un contexto complejo para las administraciones provinciales, que vienen padeciendo la motosierra nacional con recortes en obras públicas, transferencias discrecionales y en fondos educativos, que incluso fueron reiteradamente denunciados por Sáenz. 

El gobierno nacional busca respaldo de las provincias para implementar el Plan. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se convocó a las jurisdicciones a firmar convenios de intercambio de información fiscal, bajo la advertencia de que quienes no adhieran perderán el acceso a datos clave sobre facturación y consumos elevados.

Desde ARCA afirmaron que se trata de “preservar la privacidad” y “garantizar el nuevo régimen simplificado de Ganancias”. Pero en los hechos, la Casa Rosada condiciona el flujo de información tributaria a la aceptación de su reforma, en una lógica que roza el castigo para los distritos que no se alineen. En ese sentido, lo que se presenta como libertad para los ciudadanos, deja a las provincias frente a una disyuntiva: sumarse al plan o perder herramientas clave para fiscalizar. 

Mientras tanto, en las provincias del norte, los indicadores sociales empeoran, los presupuestos se achican y la demanda social crece. La motosierra no pasó de largo: Salta perdió más de 2.000 empleos registrados en los primeros meses del año, y las obras nacionales paralizadas suman decenas. Los fondos para educación, salud y transporte fueron recortados o directamente eliminados. 

¿Reparación o blanqueo?

El pasado 22 de mayo, el gobierno de Javier Milei promocionó la medida como una “reparación histórica” para los argentinos que ahorraron fuera del sistema bancario formal, escapando (según el diagnóstico oficial) de un “Estado persecutorio, confiscador y asfixiante”. En los hechos, el plan es un amplio paquete de desregulación tributaria y financiera que reduce de manera drástica los controles sobre operaciones económicas de alta magnitud, elimina la obligación de reportar gastos y consumos personales, y crea un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias que deja de lado la evaluación de patrimonios.

Entre los puntos más controvertidos, y duramente cuestionados por especialistas, se encuentran la eliminación de los reportes obligatorios de consumos con tarjetas, pagos de expensas, compraventa de vehículos, transferencias de inmuebles y facturas de servicios públicos. También se incrementan significativamente los montos a partir de los cuales los bancos deben informar operaciones a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): en algunos casos, de 1 millón a 50 millones de pesos. En paralelo, se prohibirá a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales para abrir cuentas o gestionar productos financieros.

La intención declarada es “respetar la privacidad” de los ciudadanos y “dejar de perseguir al que ahorra”. Pero los beneficios concretos del plan están orientados a quienes hoy cuentan con grandes sumas en dólares sin declarar, una minoría con capacidad de atesoramiento que podrá ingresar sus fondos al circuito legal sin penalidades ni preguntas incómodas. En otras palabras, se denunció desde distintos sectores que se trata de un blanqueo de capitales sin costo, disfrazado de simplificación tributaria.

Para el Gobierno nacional, este es el primer paso de un “cambio de paradigma”. La narrativa libertaria sostiene que el Estado no debe indagar sobre el origen de los fondos, que cada ciudadano debe disponer de su dinero sin dar explicaciones, y que lo importante es “premiar” al que produce y acumula, no sospechar de él. En ese sentido, la Nación decide seguir ignorando las enormes desigualdades que atraviesan al país, como que existe más del 50% de pobreza infantil, que la mitad de la población se encuentra sin ahorros ni acceso al crédito, consolidando así un Estado cada vez más debilitado para atender la emergencia social.