La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) seccional Junín denunció penalmente al grupo económico venezolano Maralac que controla a la empresa Alimentos Refrigerados SA (ARSA), cuya planta se encuentra en la localidad de Arenaza, en Lincoln. La patronal suspendió sus actividades por 30 días tras meses de salarios impagos, condiciones laborales irregulares, ausencia casi total de representantes de la firma y un reciente vaciamiento de la maquinaria de la fábrica, según advirtieron. La gota que rebalsó el vaso llegó cuando la empresa no se presentó por segunda vez a las audiencias para intentar resolver el conflicto, en medio de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. 

"La empresa debe cerca de 9 meses de salario de los trabajadores, cerró intempestivamente por 30 días, pero no dio vacaciones y lo cual configura un abandono de la actividad", expresaron desde la cartera laboral a Buenos Aires/12.

ARSA lleva más de 60 años distribuyendo de productos lácteos como yogures, flanes y postres. Ahora lo hace bajo la marca Sancor, pero paralizó su producción sin previo aviso formal, se lo comunicó mediante un mensaje de WhatsApp a sus empleados. La planta, que llegó a procesar más de 110 mil litros de leche diarios, hoy está en silencio y con los trabajadores en sus casas, luego de que estos se presentaran a trabajar, en más de una oportunidad, y no pudieran ingresar al lugar. Sin embargo, la situación no es nueva.

“ARSA, el año pasado empezó a pagar el 15 por ciento del salario y ahí arrancó toda la debacle que nos trajo a este panorama de incertidumbre. Ellos nos prometieron normalizar todo, pero nada de eso paso”, explicó a Buenos Aires/12 un trabajador de la planta, que pidió mantener el anonimato. Desde entonces, la historia fue una espiral descendente de incumplimientos, estrategias dilatorias y operaciones financieras opacas.

El conflicto que tuvo su epicentro en la planta de Arenaza pero también afecta a otra unidad productiva en Córdoba, arrastra más de un año de irregularidades. En palabras de Luciano Asad, dirigente sindical de Atilra, “esto empezó en junio de 2024 cuando dejaron de pagar salario y empezaron a generar deuda a todos los trabajadores”.

La empresa propuso, antes de paralizar la producción, un esquema de suspensiones que preveía abonar 100 mil pesos por 15 días sin tareas y el 50 por ciento del salario básico los otros 15. La propuesta fue rechazada por el gremio, que consideró inaceptable cualquier plan que no garantice el pago integral y en tiempo de los salarios.

Atilra denunció que muchos operarios, presionados por la falta de opciones laborales en Arenaza, terminaron aceptando trabajar por el 50 por ciento del salario en cuotas semanales. “La empresa los hizo renunciar a todos los telegramas que le habían mandado para conservar su trabajo en medio de este contexto económico deplorable por las medidas del gobierno nacional. Esos trabajadores están atados a la empresa”, agregaron desde el gremio.

 

 

Conciliación sin cumplimiento y consecuencias

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria de 15 días. Pero la respuesta de ARSA fue el silencio. La empresa no se presentó a ninguna de las audiencias fijadas en la sede que tiene la cartera bonaerense en Lincoln, ni el 22 ni el 26 de mayo. La respuesta sindical no tardó en llegar y este lunes, cerca del mediodía, Atilra presentó una denuncia penal contra ARSA Vicentín por abandono de empresa y presunta defraudación.

“El Ministerio de Trabajo constató algo que veníamos denunciando hace tiempo: un vaciamiento claro y un entramado financiero de Maralac”, señaló Luciano. El gremialista apuntó también a la inacción del gobierno nacional de Javier Milei. “En 11 meses no hizo nada por los trabajadores. En una semana, el Estado provincial hizo mucho más”, señaló.

La denuncia penal -causa IPP 4892/25- incluye una acusación concreta: “La empresa habría configurado un esquema de trabajo y facturación alternada con otra empresa del grupo, La Suipachense, lo que habría permitido ocultar ingresos y evadir obligaciones laborales”. El documento también solicita citar como testigo al ex gerente del grupo, Claudio Rafaniello, e incluye un informe con los firmantes de cheques del entramado empresarial.

Atilra seccional Junín, que representa a los trabajadores de la región, encabeza y coordina las acciones judiciales y gremiales. “No vamos a permitir que se juegue con el sustento de nuestras familias”, sostuvieron.

Este miércoles, intervino el Juzgado de Paz de Lincoln que constató el vaciamiento denunciado. La jueza Daniela Martín se hizo presente junto al intendente Salvador Serenal y Policía provincial, y emitió una cautelar para proteger los activos de la fábrica. La medida ordenó que las maquinarias permanezcan en la planta y que no sean trasladas fuera del establecimiento hasta que se realice un inventario de todos los bienes existentes, según pudo conocer Buenos Aires/12.

La situación financiera de ARSA es compleja. De acuerdo a lo denunciado por el gremio, tiene embargos en Córdoba, medidas cautelares abiertas y debe servicios básicos. “Le cortaron la luz, ahora está funcionando con un generador hasta que se le acabe el combustible”, añadieron desde el gremio. Se desconoce cuánto factura actualmente la empresa, pero los trabajadores explicaron que hay movimiento de productos y máquinas pese a los embargos, lo que motivó también una inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense que constató lo denunciado.

Arenaza, un pueblo de apenas 2.500 habitantes en el partido de Lincoln, concentra gran parte, de la actividad de ARSA. Se estima que más del 60 por ciento de las familias tienen al menos un integrante empleado en la planta o indirectamente vinculado al circuito productivo, según comentaron desde el gremio. Por eso, el cierre por 30 días, además de vulnerar derechos laborales básicos, deja al pueblo sin su motor económico.

El problema no es menor: no hay voceros oficiales, la empresa no designa representantes, sus abogados renunciaron, y ni siquiera se conoce con precisión quién la dirige, solo que Maralac aparece como actual gestora. 

La sombra de "los 21 del Mendicrim"

En 2016, ARSA compró el 90 por ciento de los activos de yogures y postres de Sancor por una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Se quedó con las plantas de Arenaza y Córdoba. En ese momento, estalló un conflicto con 21 trabajadores de Sancor que fabricaban el queso Mendicrim en Arenaza. Sancor los despidió y trasladó la producción, pero una investigación demostró que ambas firmas eran socias, por lo que ARSA debió incorporarlos a planta permanente.

Esa lucha, conocida como “los 21 del Mendicrim”, terminó con la reincorporación sin antigüedad, pero con categoría equivalente. Fue un antecedente de lucha gremial que hoy vuelve a resonar en los pasillos de la planta.

Días decisivos para los trabajadores

Con la denuncia penal en marcha, los trabajadores volvieron a la planta solo para encontrarla cerrada. “La empresa cerró con candado. Así de simple”, relatan. La incertidumbre es total. La falta de interlocutores, el incumplimiento de la conciliación, el vaciamiento denunciado y la posible quiebra anticipan un desenlace incierto.

En ese marco, Atilra intensificó las reuniones políticas. El viernes pasado, representantes del gremio y trabajadores de la planta se reunieron con el intendente Salvador Serenal y legisladores provinciales como Alejandra Lorden, Eugenia Gil y Ariel Bordaisco. Allí se presentó el caso en detalle y se advirtió sobre la posible pérdida de más de 200 puestos de trabajo directos en el distrito.

 

Mientras tanto, la producción sigue suspendida, el gremio mantiene la denuncia penal y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Walter Correa, evalúa nuevas medidas. El conflicto en Arenaza expone las dificultades que están atravesando todas las industrias del entramado productivo bonaerense.