En 2001, publicamos nuestro primer documento en el que señalábamos la cercanía de una crisis que se produciría en el país a raíz de la aplicación de un modelo que, inexorablemente, nos llevaría al desastre económico, político y social como finalmente ocurrió. Hoy, reafirmamos los principios que planteamos en aquella coyuntura y alertamos sobre las graves, conocidas e inminentes consecuencias económicas y sociales que el presente modelo está ocasionando al país.
A pesar de su generalizado descrédito, ha retornado con su anquilosado discurso y camuflado bajo una renovada prosa. Es necesario señalar que las consecuencias que acarreó este modelo neoconservador no se debieron a una supuesta falta de profundización, o a la corrupción que lo caracterizó, sino a las deficiencias estructurales inherentes al mismo, que lo tornaron inviable.
La repetición de esta receta provocará retrocesos, arrojando a miles de ciudadanos a la pobreza y al desempleo, con la exclusión y sufrimiento que esto acarrea. Asimismo, las tensiones que provoca el retroceso económico y social generan el deterioro del sistema democrático que está vigente.
Las orientaciones de la política oficial que empujan a la economía hacia la desigualdad y el endeudamiento externo -que señalamos en nuestro documento de noviembre de 2016- no solo no se han revertido, sino que continuarán en pleno despliegue.
Las medidas redistributivas impulsan el salario real a la baja, y en consecuencia a la declinación de la actividad productiva, en particular la industrial, mientras se generan, desde el Banco Central, rentables negocios financieros para el sector privado. Las políticas macroeconómicas contractivas introducen la economía en una espiral de ajuste, destrucción masiva de puestos de trabajo, empobrecimiento colectivo y nuevo desequilibrio en las cuentas públicas.
Soberanía y sector externo
En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, el fortalecimiento de los esquemas de integración regional en Sudamérica ha dejado de tener valor estratégico para el Estado argentino, así como ha dejado de ser un objetivo fundamental la ampliación de los márgenes de autonomía en el escenario internacional para el despliegue de las propias políticas de desarrollo.
El Gobierno argentino ha contribuido al desmantelamiento de las políticas e institucionalidad del Mercosur y de la Unasur para fortalecer una mirada centrada en lo comercial, desde la perspectiva del libre comercio.
La liberalización del mercado cambiario que ha realizado el gobierno ha cedido la capacidad regulatoria del Estado a los grandes intereses privados que manejan las divisas. Así, se ha despojado al sector público de una herramienta clave para la estabilidad macroeconómica y se ha incrementado la vulnerabilidad externa de nuestra economía.
La política de lograr competitividad externa a través de un único instrumento –la devaluación– no ha surtido efectos reales. La entrada masiva de dólares por la vía del endeudamiento y de la especulación financiera no protegerá la producción nacional y alentará el consumo de bienes y servicios importados fomentados por los grandes sectores económicos. La inestabilidad cambiaria reinstala en la escena económica la especulación con el tipo de cambio, desplazando el uso de la moneda local.
El acelerado proceso de endeudamiento externo no está acompañado por ninguna estrategia de repago de los compromisos adquiridos. El enorme ingreso de préstamos externos está destinado a sufragar el gasto corriente de los diversos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y a alimentar la enorme fuga de capitales que se viene observando.
Actividad y trabajo
Las quitas impositivas a sectores productivos de altos ingresos no son reemplazadas por otros tributos, lo que genera un incremento del déficit fiscal que justifica la toma de nuevos préstamos en moneda extranjera y un recorte del gasto público en particular en jubilaciones, pensiones y AUH para cubrir el consecuente desfinanciamiento.
La reforma impositiva a implantar no solo profundizará el déficit, sino que agravará el sesgo regresivo de la política tributaria. Dicha política, junto a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, profundizará el ajuste en las provincias, imposibilitará el uso de la política fiscal como herramienta anticíclica y pondrá en grave riesgo al Sistema de Seguridad Social.
El ajuste de las tarifas de servicios, impactará gravemente no solo en los ingresos de los sectores asalariados, sino también en las pequeñas y medianas empresas, poniendo a muchas de ellas al borde de la quiebra. Como en los años 90, el aumento de tarifas solo incrementa la rentabilidad privada generando una transferencia de ingresos de la que se benefician únicamente los sectores privados concentrados.
Los salarios están siendo afectados negativamente por múltiples vías: la inflación, los topes oficiales a las paritarias, el desempleo, el cierre de empresas y la tendencia a la resolución represiva de los conflictos sociales que no solo no ha resuelto los problemas, sino que evidencian una intencionalidad autoritaria que ya rigieron en años que los argentinos queremos dejar atrás.
El sector industrial atravesará una grave situación debido a la contracción del mercado interno, las elevadas tasas de interés, los aumentos tarifarios y el tipo de cambio combinado con una apertura económica, que habilitan el ingreso de productos de todo el mundo, en un contexto de competencia agresiva de las principales potencias por la captura de mercados, generando un aumento considerable de la capacidad industrial ociosa, en particular, en las PyMES industriales tradicionales.
Justicia
En lo que va de este siglo, la sociedad argentina ha ido perdiendo la confianza que había depositado en el Poder Judicial, el que debe asentarse sobre el principio de actuar con equidad y con independencia respecto de los intereses en juego. Es imposible pensar en un futuro de progreso en el país si esta institución que comparte el poder del Estado con el Ejecutivo y el Legislativo actúa en forma subordinada a los requerimientos de los poderes de turno, tanto oficiales como privados.
Estamos avanzando rápidamente hacia el deterioro del Estado de Derecho y, lejos de que esto provoque un clamor social generalizado y salvo honrosas excepciones, nos sorprende el silencio –¿cómplice?– de los ciudadanos formados en el estudio de las leyes, incluida la opinión de las Facultades de Derecho, junto con el de otros actores involucrados en la administración de justicia.
La actuación e inacción de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo de lo que señalamos. Convalida un grave retroceso en los derechos económicos y sociales con fallos como el que consagra el “2x1” para condenas de crímenes de lesa humanidad, desconociendo su propia jurisprudencia y los tratados internacionales, o con su silencio ante apelaciones por la libertad de personas acusadas de delitos excarcelables detenidas en operativos que utilizan, por razones mediáticas, excesivos recursos públicos.
Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia, sometida a las estrategias empresariales, busca recortar el ámbito de incumbencia de los tribunales de Justicia del Trabajo desplazando estos casos a los fueros civil y contencioso administrativo, como la modificación de la ley que regula las ART, y la complicidad en la persecución a jueces y fiscales que no convalidan las demandas del gobierno y de sectores empresariales.
Inversiones
La escasa predisposición a la inversión productiva, basada en el ahorro local, aunada a la ausencia de inversiones directas del exterior, debe competir con la elevada rentabilidad financiera que ofrecen las letras emitidas por el Banco Central (Lebac).
El aumento de la vulnerabilidad externa e interna no se debe solamente a la constante expansión del stock de Lebac, sino también al aumento del endeudamiento externo del Gobierno Nacional, del Banco Central y de jurisdicciones provinciales. A eso se agrega la renovada emisión de deuda del sector privado, en un contexto de política económica que favorece y estimula este tipo de dinámica, inviable en el mediano plazo.
Además, el pago de los abultados intereses de estas deudas han dado y darán origen a un gasto público cuasifiscal tan elevado que ya supera a numerosas partidas claves de la inversión social.
El escenario de desequilibrio macroeconómico llevará inexorablemente a un recorte en el gasto público que impactará negativamente en los salarios del personal estatal y a la reducción de las inversiones en educación, salud y problemáticas sociales, y a la desfinanciación del sistema científico.
Del mismo modo, es de prever una reforma del sistema jubilatorio que, en su esencia, reduciría el nivel real de las jubilaciones e incluiría la posibilidad de reintroducir el sistema privado. En vez de un combate severo contra la evasión y la elusión impositiva, el gobierno opta a través de sus propuestas impositivas por obtener recursos de los ingresos de los trabajadores pasivos.
Propuestas
Si bien es imprescindible un profundo análisis de la coyuntura, también lo es alertar sobre los efectos de larga duración y de difícil reversibilidad que las actuales decisiones políticas provocarán. El proceso de desindustrialización, el desmantelamiento de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, la firma irresponsable de tratados de libre comercio y el desmesurado endeudamiento externo llevarán a nuestro país a atravesar crisis estructurales con graves consecuencias para la sociedad.
Así como en el 2001 consideramos que debería aplicarse un modelo diferente al entonces vigente, hoy creemos que deben ser propuestas a la opinión pública otras opciones económicas para una Argentina que, por sus recursos, está en condiciones de encarar con éxito un modelo basado en el desarrollo y la equidad social, con un prudente pero firme manejo de las divisas y la administración del libre acceso a la importación de bienes externos no destinados a la inversión productiva.
Nuestro país, tarde o temprano deberá clausurar el presente proceso signado por el profundo deterioro de la economía y la calidad de vida de sus habitantes, y reinaugurar un proceso de crecimiento con equidad.
La destrucción del espacio público como ámbito de construcción de la democracia y del bienestar social, la entronización del mercado como árbitro supremo de la asignación de recursos y distribución de la riqueza, y la subordinación incondicional a los criterios de los centros de poder mundial fracturarán a la sociedad argentina y dilapidarán el potencial disponible de recursos arrojando a parte creciente de población a la pobreza y a la marginación.
En este contexto de crisis, inseguridad y frustración es necesario un amplio debate nacional, que permita iniciar la marcha hacia nuestra recuperación. Vivir con lo nuestro no es una utopía, por lo contrario, es un objetivo posible. Nuestro país puede, en efecto, ponerse de pie por sus propios medios y reinsertarse nuevamente en el orden mundial contemporáneo asumiendo el comando de su propio destino.
En materia de deuda externa, se deberá hacer el esfuerzo de suspender el proceso de endeudamiento e, iniciar acciones destinadas a su reducción, renegociando sus vencimientos y tasas. Por otra parte, se deberá impulsar desde el Estado la rápida puesta en producción de los recursos hoy ociosos, expandir la oferta para el mercado interno y nuevas exportaciones, y aumentar el empleo, los salarios, las inversiones y la recaudación tributaria.
La redistribución progresiva e inmediata del ingreso permitirá una rápida recuperación de la demanda. Ello deberá ser viabilizado por una expansión del crédito orientado a aumentar la producción y el empleo en el marco del fortalecimiento de la situación fiscal y del balance de pagos. Este es un requisito necesario para la estabilidad de precios, los equilibrios macroeconómicos y para empalmar la resolución de la crisis actual con una estrategia sostenible a largo plazo.
Un sendero de recuperación y crecimiento requiere la expansión simultánea del mercado interno y de las exportaciones. Para ambos fines, será indispensable y posible aumentar la tasa de inversión proveniente de un Estado activo y del ahorro interno.
El ahorro interno es la fuente principal del financiamiento privado de la inversión y, como sucede en los países exitosos, la inversión extranjera es un complemento –nunca un sustituto– del ahorro y la inversión domésticos y deberá materializarse principalmente bajo la forma de aportes de capital de riesgo.
Una reforma tributaria será condición indispensable para la estrategia de reactivación y crecimiento, así como también la transparencia del gasto público, el aumento de la oferta de bienes públicos (salud, educación y justicia) y el comportamiento de las cuentas fiscales compatibles con la situación coyuntural de la economía.
Es preciso instalar al peso como eje del sistema financiero argentino. La realidad que hemos vivido y vivimos revelan las consecuencias de renunciar a una moneda nacional y subordinar su existencia a la especulación financiera.
La política cambiaria debe defender la competitividad de la producción argentina, en el mercado interno y en los internacionales, de modo compatible con las metas de equidad. En este escenario deberán tomarse medidas para desalentar la fuga de capitales y orientarlos a la inversión.
Con respecto a los servicios públicos, es necesario reformar los marcos regulatorios para compatibilizar la defensa de los intereses de los consumidores y del país con la viabilidad económica y financiera de las empresas privadas.
Entregamos a la sociedad estas ideas generales como bases de un proyecto orientado al desarrollo y a la distribución equitativa de la riqueza entre todos los argentinos. Lamentablemente, a 16 años de nuestro documento fundacional, nos vemos en la necesidad de plantear, a través de similares textos, nuevamente los principios básicos allí enunciados y alertar asimismo sobre las consecuencias que la realidad actual traerá aparejada.
Por nuestra parte, consecuentemente con el contenido de la presente declaración, nos proponemos avanzar en propuestas inspiradas en la búsqueda de una sociedad democrática y equitativa orientada hacia un desarrollo humano inclusivo, respetuoso del medioambiente y sustentado en el ejercicio de la soberanía política, el control autónomo de sus recursos y actividades productivas, científicas y culturales, porque de esta manera otra Argentina será posible
* Cátedra Abierta Plan Fénix FCE-UBA.
