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Los jubilados y pensionados fueron uno de los sectores más postergados en la década de los noventa. El recordado cruce entre Norma Plá y Domingo Cavallo fue todo un símbolo época. El kirchnerismo modificó ese estado de situación apelando a diversas herramientas: ampliación del universo beneficiario del sistema de seguridad social, recomposición de las prestaciones en términos reales, mayor cobertura de medicamentos. La calidad de vida de los adultos mayores mejoró de manera sustancial más allá de las asignaturas pendientes.
Omitiendo esa evidencia, el discurso macrista enfatizó la necesidad de una “reparación histórica” para ese universo. El marketing amarillo fue muy efectivo. Los sociólogos Eduardo Chávez Molina y Pablo Molina Derteano explican en La edad y el comportamiento electoral (Revista Anfibia) que “los votantes menores de 30 años hubiesen hecho ganar a Scioli en la primera vuelta (muestran una preferencia de 41,8 por ciento sobre el 29 por ciento de Macri), pero los mayores de 50 años dan una victoria categórica a Macri, del 40,9 al 31,2 por ciento. Luego, al observar la segunda vuelta, nuevamente el candidato del FPV gana en la franja etaria hasta 30 años, muy leve en la franja de 31 a 50 años, mientras que los mayores de 50 años, votaron masivamente a Macri, alcanzando casi el 60 por ciento de los votos”.
Ese comportamiento electoral se replicó en las últimas elecciones legislativas. La explicación nunca es monocausal. Sin perjuicio de eso, la aprobación de la denominada “ley de reparación histórica” fue muy valorada por ese colectivo. En una carta publicada en mayo de 2016, Macri sostuvo “el Estado los estafó y decidió demorar las soluciones para lograr que las cuentas le cerraran a favor”.
Lo cierto es que los resultados efectivos de la “reparación histórica” estuvieron muy lejos de las promesas iniciales. Los funcionarios nacionales argumentaron que la aplicación de esa norma implicaría una transferencia de 185.000 millones de pesos a 2.400.000 beneficiarios potenciales (100.000 millones de pesos por cancelación de juicios y 85.000 millones por actualización de haberes). Los números son muy distintos a un año y medio de la sanción de la ley.
En primer lugar, los beneficiarios suman 1.154.393 personas (alrededor del 18 por ciento del padrón general). En segundo lugar, los fondos destinados a ese programa apenas alcanzan los 36.531 millones de pesos en concepto de retroactivos e incremento de haberes.
La promesa oficial referida a que se reduciría la litigiosidad previsional tampoco se verificó. Los abogados previsionalistas sostienen que los juicios no se detuvieron.
Más allá de la “reparación histórica”, el panorama futuro de los adultos mayores no luce muy promisorio. Como se sabe, la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria implica una poda a los ingresos de los beneficiarios. En la última reunión con los gobernadores, Mauricio Macri planteó la necesidad de reformar el sistema de seguridad social porque “la Anses no da para más”. La comisión encargada de avanzar en el diseño de una reforma previsional trabaja en el cumplimiento de las directivas presidenciales. Los trascendidos indican que el proyecto receptará muchas de las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional: incremento de la edad jubilatoria, reducción de la tasa de reemplazo (es decir, relación haber jubilatorio/salario)
@diegorubinzal
