La Alianza Cambiemos conduce a la economía a una crisis de proporciones. No es una predicción agorera desde la oposición, sino lo que sugiere el análisis de las variables macroeconómicas fundamentales. Desde el minuto cero la actual administración empeoró aceleradamente todos los indicadores que importan. En el balance de los primeros dos años el crecimiento del PIB fue nulo. A pesar de ello, el déficit comercial es récord, el rojo de la cuenta corriente se volvió más que persistente y se desfinanció al erario vía la poda de tributos y aranceles a los más ricos. En pocas palabras, antes que reparar la presunta pesada herencia se profundizaron los déficits externo e interno. En la vida cotidiana esto se tradujo en la disparada del desempleo y en el agravamiento de las condiciones de vida de los más vulnerables, con la indigencia creciendo más rápido que la pobreza, un crudo reflejo del comportamiento del mercado de trabajo. Con la excepción de las finanzas, que gracias a las políticas del BCRA viven una verdadera fiesta, y del avance eleccionario de la construcción en 2017 respecto de 2016, no existen sectores de la economía real que en los dos años muestren resultados productivos positivos. Ni siquiera en las áreas que a priori se suponía más beneficiadas, como por ejemplo la energética, cuyo déficit externo no deja de crecer y amenaza convertirse en el talón de Aquiles de cualquier futuro proceso de crecimiento.

Si se excluye la presunción de que la Alianza gobernante es apenas una comunidad de negocios, lo que se observa en sus propios términos es un fracaso en la predicción económica y social. Luego de tomar deuda por más de 100 mil millones de dólares la economía agravó su dependencia con la entrada de capitales. Aunque los funcionarios insisten en que existe un amplísimo margen para continuar endeudándose, lo cierto es que el peso de los servicios de la deuda en el Presupuesto –el dato que realmente importa, no la relación deuda/PIB– amenaza con espiralizarse y es la fuente principal de las reformas que se impulsan.

En materia de deuda se aplican las viejas recetas del FMI, pero sin gritarlas, como sucede con el carácter neoliberal del conjunto de la política económica. El procedimiento ya no es como en los ‘90, con las enojosas misiones reclamantes del Fondo seguidas minuto a minuto por la prensa, sino que las reformas se ejecutan por fuera de los programas tradicionales de desembolsos contra condicionalidades. La idea es que los mercados financieros adviertan que el país es un alumno modelo sin que se lo impongan, una suerte de sumisión voluntaria y por adelantado. Como lo reconoció el propio Mauricio Macri, la actual administración conoce bien su alta dependencia con las finanzas globales y trabaja para que el flujo de préstamos en divisas no se corte. La respuesta–muletilla es la imperiosa necesidad de reducir el déficit fiscal.

Frente a este panorama y a casi dos años de nuevas elecciones el gobierno abandonó la prioridad que asignaba al gradualismo y decidió avanzar lo más rápido posible en medidas de ajuste clásico. Con la tríada de reformas correlacionadas en las áreas previsional, impositiva y laboral, la Alianza gobernante entró en una nueva fase. Pero como ocurre desde diciembre de 2015, las reformas siempre son más intensas de lo que se esperaba y reconocía. Luego de la marketinera “reparación histórica” a los jubilados y el ocultamiento de los números sobre el funcionamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, que ya entró en déficit, nadie imaginó que se intentaría una poda de casi 120 mil millones de pesos sobre los ingresos de los trabajadores pasivos o que se desfinanciaría a la Anses quitándole el porcentaje de 20 puntos que ingresa desde Ganancias. Tampoco que la reforma laboral incluiría la lisa y llana eliminación de aportes patronales para los salarios más bajos, un verdadero circulo vicioso en materia de desfinanciamiento previsional y una transferencia hacia las empresas. La revancha de Cambiemos no es sólo judicial contra la oposición, sino del capital contra los trabajadores.

Como en la economía, en el campo social las cosas tampoco salieron de acuerdo a lo previsto. Todavía bajo la resaca del triunfo electoral de octubre, y con el trasfondo de la relativa indolencia mayoritaria frente a los asesinados en la Patagonia, el gobierno creyó que la capacidad de resistencia que caracterizó a la sociedad argentina en determinados momentos históricos había desaparecido. Siguiendo los impulsos que siempre acompañan a los gobiernos neoliberales, Cambiemos eligió entonces profundizar la represión dura de la protesta. Frente a los reclamos por el proyecto de ley que habilita la poda a las jubilaciones, el resultado fueron dos jornadas bochornosas que quedarán para siempre en los anales de la actual administración, con nuevas detenciones al voleo y jubilados, trabajadores de prensa y legisladores golpeados y gaseados. La brutalidad del aparato represivo se consolida así como parte indisoluble de la marca Cambiemos. Si bien con ello satisface la voluntad de buena parte de su electorado, esa que siempre pidió palos para las protestas de los más pobres, todavía no está claro cuál será la reacción mayoritaria frente a la profundización de la represión.

El panorama de mediano plazo no parece sencillo. El traspié con la reforma previsional puede haber sido una consecuencia del apuro y la falta de timing político. Pero el oficialismo volverá a la carga. No le faltan recursos y ya cuenta con el beneplácito de la mayoría de los gobernadores “peronistas”. Como ya sucedió en el pasado, por ejemplo en materia tarifaria, puede esperarse que frente al traspié retroceda un paso para luego avanzar dos. La vía de escape sería un bono de compensación para las jubilaciones más bajas. No obstante las jornadas del 13 y 14 de diciembre podrían constituir, aun es pronto para afirmarlo, un punto de inflexión en la resistencia social al neoliberalismo.