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El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Salta retomó oficialmente sus actividades tras el fallo de la Justicia Federal que declaró nula la intervención dispuesta por la conducción nacional del PJ. Como uno de sus primeros actos, las autoridades locales decidieron intimar formalmente a los interventores designados, Sergio Berni y María Luz Alonso, para que presenten una rendición de cuentas sobre el manejo de fondos durante los 72 días en que rigió la intervención.
Desde el PJ Salta insistieron en que no había anormalidades, acefalía ni desgobierno que justificaran la decisión del Consejo Nacional, encabezado por su presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que intervino el distrito el pasado 27 de febrero. El 20 de mayo la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini declaró nula la medida. Paradójicamente, ese mismo día el Congreso Nacional del PJ, reunido vía Zoom, ratificó la intervención, con el argumento de que se había producido un alineamiento de legisladores salteños Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes con el oficialismo nacional.
El fallo de Servini permitió la restitución de las autoridades partidarias locales, efectivizada el 21 de mayo. Y ayer se realizó la primera reunión formal del Consejo, presidido por Esteban Amat. Allí no solo celebraron el dictamen judicial que desactivó la intervención, sino que resolvieron avanzar con el pedido de rendición de cuentas a los interventores por el uso de fondos electorales.
Durante la reunión, los apoderados Raúl Medina y Guillermo Ramos expusieron los alcances del fallo de Servini. La vicepresidenta del PJ Salta, María del Socorro Villamayor, explicó a Salta/12 que la magistrada consideró que no había fundamentos para intervenir el distrito y que, además, los procedimientos utilizados fueron incorrectos. "Principalmente, porque la intervención fue dispuesta por el Consejo Nacional, y no por el Congreso Nacional, que es quien debe tomar esa decisión", señaló.
"Hoy nos reunimos por primera vez todos los miembros del Consejo Provincial del PJ, y tomamos conocimiento de la situación en la que se encuentra el partido, dado que la sentencia de la jueza no tiene carácter devolutivo", explicó Villamayor. Es decir, el fallo no impide la continuidad de las autoridades restituidas. Aunque el PJ Nacional apeló la decisión, como no tiene efecto suspensivo, la conducción local volvió a ocupar sus funciones.
En ese sentido, la secretaria política, Frida Fonseca, detalló a este diario que el proceso legal sigue su curso. "Estamos a la expectativa de una disposición final sobre el tema", afirmó. Mientras que sobre el pedido de rendición de cuentas, explicó que se realizó “para salvaguardar las responsabilidades vinculadas a la administración de los recursos institucionales del partido”.
Los apoderados destacaron que la sentencia de Servini subrayó la falta de argumentos sólidos para justificar la intervención. “Simplemente hubo una diferencia de criterios políticos entre la conducción nacional y la provincial”, señalaron. Además, remarcaron que en el distrito Salta no existía ningún conflicto ni anormalidades institucionales que pusieran en riesgo la continuidad del partido, ni un desgobierno interno, acefalía o incumplimiento de obligaciones legales que afectaran la personería jurídico-política.
La razón de la intimación
Villamayor explicó que la intimación a los interventores busca conocer el destino de los fondos partidarios, tanto propios como aquellos correspondientes a aportes electorales. El pedido tiene fundamento en el desempeño del PJ en elecciones anteriores, que le valieron un importante caudal de votos y, en consecuencia, fondos del Tribunal Electoral para este año.
La dirigente señaló que en las elecciones provinciales últimas, de mayo, el PJ no presentó candidaturas en ningún municipio ni distrito. “Necesitamos saber qué se hizo con esos fondos”, sostuvo. Y agregó: “Antes de la intervención, el PJ tenía superávit, con millones de pesos fruto de una administración ordenada y transparente”.
Próximas acciones
En la reunión también se definieron líneas de acción para los próximos meses, como capacitaciones dirigidas especialmente a los convencionales municipales electos por el PJ, actividades para la juventud, y otras iniciativas orientadas a reactivar la vida partidaria. Fonseca adelantó que este programa es una continuidad de las políticas implementadas por la actual gestión encabezada por Amat. Por ello, desde el Consejo Provincial enfatizaron que “el justicialismo salteño está nuevamente en movimiento”.
Fonseca resaltó que desde su Secretaría se planteó “la necesidad de definir las líneas de acción política que se llevarán a cabo en los próximos meses, para fortalecer la tarea social del partido y reivindicar el rol del justicialismo en el actual escenario electoral”. Subrayó la importancia de representar los intereses del pueblo salteño, “sobre todo frente a un gobierno nacional que avanza sobre los derechos de los ciudadanos y asfixia a las provincias”.
Finalmente, el Consejo Provincial ratificó su respaldo a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, principalmente en lo que hace a la defensa del federalismo y los derechos de las provincias. Denunció una "arremetida brutal" del gobierno nacional contra los derechos de las infancias, los jubilados, personas con discapacidad, así como el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de derechos sociales. “Es un gobierno extremadamente cruel, que avanza sin contemplaciones sobre las necesidades de la gente”, concluyó Fonseca.
