El ajuste sobre las jubilaciones y la seguridad social que procura imponer el Gobierno representa un ahorro fiscal de 100 mil millones de pesos el próximo año. La cifra es equivalente a la pérdida de recaudación que asume el oficialismo por la quita de retenciones al campo, la gran industria y la minería. Si el problema a resolver con la modificación de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales es fiscal, el presidente Mauricio Macri debería explicar por qué el Estado no busca recuperar ingresos cedidos a aquellos sectores en lugar de quitárselos a los grupos sociales más vulnerables. No solo eso. También debería justificar la nueva rebaja del impuesto a los Bienes Personales contemplada en el Presupuesto 2018. Ese gravamen recae sobre los contribuyentes con mayor patrimonio, por lo cual se lo conoce como el impuesto a la riqueza. La alícuota del tributo bajará el año que viene a un insignificante 0,25 por ciento, en una continuidad de la disminución progresiva que aprobó Cambiemos junto con el blanqueo de capitales en 2016. En 2015 la alícuota era del 1,25 por ciento. Si se regresara a ese nivel, el Gobierno podría obtener ingresos adicionales por no menos de 30 mil millones de pesos. La lista de transferencias a sectores empresarios sigue en 2018 con una nueva contracción de las retenciones a las exportaciones de soja del 0,5 por ciento mensual, hasta un total de 6 puntos al año. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, eso implica unos 1000 millones de dólares menos de ingresos fiscales, que supuestamente podrían compensarse en parte con la recaudación de otros impuestos. Aun así, serán alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas. Otra vez. Por qué no postergar ese beneficio a los grandes pools de siembra en lugar de reducir la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando la indigencia ha vuelto a crecer en el país, de acuerdo al informe de la Universidad Católica Argentina. A todo esto hay que agregar que la reforma tributaria que presentó Cambiemos establece una disminución de contribuciones a la seguridad social, lo cual resulta incomprensible a la luz del grave problema presupuestario que el Gobierno asegura que tiene la Anses. ¿Si al organismo le falta plata, la solución es achicarle la recaudación con baja de aportes empresarios?

La manipulación informativa por parte del Gobierno y la prensa dominante es tan grosera que resulta necesario recordar estas obviedades. Una vez más. ¿Para qué bajar el impuesto a la riqueza y las retenciones a la soja en 2018 si hay tantas urgencias fiscales? La operación de confusión deliberada de la opinión pública ubica al sistema previsional como si se tratara de un compartimento separado del resto de los gastos del Estado. En esa lógica, el Gobierno también podría proponer la caducidad de la educación pública gratuita y empezar a cobrar la escuela primaria, la secundaria y la universitaria para que se autofinancien. El razonamiento más elemental en una sociedad democrática que persigue la equidad social y la igualdad de oportunidades es al revés. El Estado debe asignar como prioridad el pago de buenas jubilaciones y proveer educación pública de calidad y para ello tiene que buscar la forma de financiarlo. Los funcionarios, en cambio, lamentan la inviabilidad del régimen previsional y reducen los impuestos a sectores concentrados. Entonces proponen una reforma previsional a través de la cual “los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo” y avanzan con la quita de cargas a la seguridad social. Frente al escándalo, Elisa Carrió propone una compensación no remunerativa, por única vez, que no será universal, abriendo la puerta a eventuales juicios por contradecir el mandato de la Corte Suprema en el caso Badaro que ordena que los incrementos deben ser para todos. Con la gambeta, la nueva estrategia oficial intenta hacer pasar una reforma cuyo único objetivo es reducir los gastos en jubilaciones y pensiones de manera permanente, en línea con el reclamo del FMI y de los financistas internacionales que exigen garantías de repago de los bonos que compran a tasas generosas.

Otro interrogante que el Gobierno deja sin contestar es por qué el año pasado aprobó la Reparación Histórica para algo más de un millón de jubilados sin sumar fuentes de financiamiento que pudieran compensar el mayor gasto. ¿O es que el año pasado el sistema jubilatorio no era inviable? En ese caso tendrían razón quienes advirtieron en 2016, cuando se aprobó la ley, que la Reparación Histórica no era más que un Caballo de Troya para facilitar el blanqueo de capitales de los amigos del poder, como el hermano del Presidente, Gianfranco Macri, quien aprovechó la movida para declarar 622 millones de pesos que le había escondido al fisco argentino. Un elemento más que expone el desvarío argumentativo de Cambiemos respecto de la cuestión previsional es que en agosto de 2010 el PRO, la UCR y el bloque de Elisa Carrió lideraron la aprobación parlamentaria del 82 por ciento móvil, también sin agregar mecanismos de financiamiento. Como se ve, esas fuerzas políticas utilizan a los jubilados con impronta populista desde la oposición y los someten al ajuste neoliberal cuando les toca gobernar. Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Hernán Lombardi, Oscar Aguad, Gerardo Morales y Ernesto Sanz ya lo habían hecho en 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa, cuando rebajaron los haberes previsionales un 13 por ciento y sancionaron un decreto para aumentar en cinco años la edad jubilatoria de las mujeres, en respuesta a otra exigencia del FMI, aunque luego la justicia lo declaró impracticable.

En cuanto a la ley de movilidad previsional, también es necesario recordar que las mismas fuerzas políticas que hoy gobiernan se opusieron tenazmente en 2008 a la fórmula propuesta por el kirchnerismo porque sostenían que era una estafa a los jubilados. En resumen, para que quede claro:

  • En 2001 bajaron las jubilaciones y quisieron aumentar la edad de retiro de las mujeres.
  • En 2008 votaron en contra de la ley de movilidad que desde que se puso en marcha en marzo de 2009 hasta su última aplicación, en septiembre de este año, determinó aumentos de jubilaciones del 950 por ciento, contra una inflación medida por consultoras privadas del 690.
  • En 2010 sancionaron en el Congreso el 82 por ciento móvil.
  • En 2016 aprobaron la Reparación Histórica sin sumar ingresos a la Anses para cubrir los mayores gastos. Esa ley sirvió para justificar la eliminación gradual de las moratorias previsionales. En su lugar se creó la pensión universal al adulto mayor, que es el 80 por ciento de la jubilación mínima (5797 pesos en este momento), no da derecho a pensión tras el fallecimiento del titular e implica para las mujeres un aumento de cinco años de la edad para acceder al beneficio (se otorga a los 65) respecto de las moratorias.
  • En 2017 dicen que el sistema previsional es inviable y proponen un cambio de la fórmula de movilidad que implica una pérdida de ingresos para 17 millones de jubilados y titulares de la seguridad social. Como nuevo caramelo, incluyen el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil solo para las jubilaciones mínimas que tengan 30 años de aportes efectivos, excluyendo a los jubilados por moratoria y en el futuro a quienes padezcan deudas de sus empleadores con la AFIP. Ante el traspié legislativo de esta semana, lanzan un bono que intenta salvar una porción de la pérdida prevista para no todos los jubilados y titulares de la AUH, pero solo por una vez, cuando la reforma es permanente. Si no fuera así, el mercado no la estaría exigiendo y Carlos Melconian no habría dicho que de todos los proyectos de ley que anunció el Gobierno, el imprescindible es el previsional.
  • Al mismo tiempo que bajan las jubilaciones, se achican las retenciones a la soja, el impuesto a los Bienes Personales y se propone una rebaja de contribuciones a la seguridad social.

Con este repaso es justo reconocer que la alianza Cambiemos es inmune a cualquier reproche por falta de coherencia. Siempre ha actuado en la misma dirección en contra de los derechos de los jubilados. Para quien quiera ir más atrás en la historia, esos mismos actores avalaron la creación de las AFJP, en contra del régimen público, de reparto y solidario, y ahora dan incentivos fiscales a los trabajadores de mayor poder adquisitivo para que se vuelquen a seguros de retiro privado. Por más que Macri diga que su gobierno es el cambio, las políticas hacia los trabajadores, activos y pasivos, son siempre las mismas.