“Se pretenden justificar reformas regresivas en nombre de la seguridad”, se lee en un documento que lleva el título “Migrar es un derecho humano y gobernar es poblar” emitido por la Comisión Episcopal de las Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). En la declaración se insta a las autoridades “a rever las medidas anunciadas” para, de esta manera, reafirmar un modelo migratorio que “combine legalidad, inclusión y derechos”. El nuevo documento va en línea con los cuestionamientos que viene haciendo la Iglesia sobre el ajuste a los jubilados, la represión a la protesta social y los recortes en discapacidad.

Mediante el texto, que expresa su ”preocupación“ por el anuncio oficial anunciando modificaciones al régimen migratorio por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la jerarquía de la Iglesia Católica suma una nueva crítica institucional a las medidas que viene tomando el gobierno de Javier Milei en materia de ajustes y de recortes en las políticas públicas.

La mencionada comisión episcopal tiene también a su cargo el acompañamiento de las capellanías del Turismo, del Mar, Aeroportuaria, de los Circos, de los Gitanos, de la Carretera, de los Estudiantes Extranjeros y Trata y Tráfico de Personas.

Esta misma semana la Comisión Permanente del episcopado católico, que encabeza el arzobispo mendocino Marcelo Colombo se expidió señalando que “la discapacidad no puede esperar” y le pidió expresamente al gobierno que cumpla con su responsabilidad. Al mismo tiempo, mediante una carta dirigida a quienes trabajan en el hospital Garrahan el presidente del episcopado y el secretario general de la CEA, el obispo Raúl Pizarro, expresaron su solidaridad con el personal médico y de apoyo que se encuentra en conflicto para exigir que se respeten sus derechos, considerando que el reclamo es “justo e impostergable”, y se pusieron a disposición “para extender a través de nuestra voz” el pedido que están realizando.

Poco antes, el 25 de mayo, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, utilizó el tedeum de la fecha patria para -delante del propio Milei y de sus ministros allí presentes- asegurar que “Argentina sangra inequidad”.

También el obispo de Posadas, Juan Martínez, , sus colegas de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, y la Comisión de Pastoral Social , habían hecho pública su preocupación por la situación de los jubilados, criticaron la represión que se ejerce contra quienes manifiestan y pidieron que se atiendan sus reclamos. En la misma línea los organismos sociales de la diócesis católica de Quilmes, cuyo obispo es Carlos Tissera, denunciaron que “este modelo sólo genera exclusión y más pobreza. Y necesita de la violencia, la guerra y la represión para imponerse”.

En todas estas manifestaciones públicas de los obispos y organismos institucionales de la jerarquía católica queda de manifiesto la inquietud del episcopado católico por la realidad social que atraviesa el país, sin dejar de señalar la responsabilidad que le asiste por ello al gobierno nacional a través de sus diferentes órganos.

La Comisión de Pastoral de MIgrantes e Itinerantes, que estuvo reunida en Luján (Prov. de Buenos Aires) durante dos días, expresa ahora su “preocupación ante el anuncio de modificaciones al régimen migratorio mediante el DNU 366/2025, que afectan principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y estigmatizan a quienes eligen habitar en nuestro país”.

Dice en su declaración el organismo dependiente de la CEA que “no se trata sólo de los migrantes, sino de ser fieles a la historia de nuestra Argentina”. Y recuerda que “la Ley de Migraciones vigente fue elaborada con un profundo consenso democrático, entre los distintos sectores de la sociedad. Además, es reconocida como modelo internacional por su enfoque humanitario, que garantiza el respeto a los derechos humanos”.

En el mismo documento se agrega que dicha ley, en su artículo primero, establece que “el derecho a migrar es esencial e inalienable de toda persona”. El organismo eclesial advierte que “esta norma no ignora la necesidad de un control migratorio justo y ordenado, pero parte de una premisa clara: migrar no es un delito”.

Se argumenta al mismo tiempo que “un país que se cierra al mundo se empobrece no sólo demográficamente, sino también en lo cultural y en lo económico” para reafirmar luego que con la iniciativa gubernamental “se pretenden justificar reformas regresivas en nombre de la seguridad”.

A modo de advertencia, el organismo católico sostiene que “todo delito debe ser prevenido y sancionado en el marco del derecho penal, sin recurrir a generalizaciones xenofóbicas o discriminatorias que estigmatizan a los migrantes y a sus comunidades”. Porque, se agrega en el mismo documento, “negarles o dificultar el acceso a la salud, a la educación o a la protección social (a las personas migrantes), como sugiere la reforma impulsada, no sólo vulnera tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino: vulnera nuestra humanidad.”

Según la comisión de la Iglesia Católica especializada en migraciones “frente a los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta sensata es la de la solidaridad y la misericordia” motivo por el cual, dice, “instamos a las autoridades las autoridades a rever las medidas anunciadas, a sostener el respeto irrestricto a la ley”.

La declaración finaliza con la propuesta de “seguir organizando la esperanza”, motivando la colecta anual de Cáritas, y “las iniciativas y las propuestas solidarias en favor de los más pobres, que incluyen a nuestros hermanos migrantes más necesitados”.

Hasta el momento no se conoce respuesta institucional alguna, ni en lo público ni en lo privado, por parte del gobierno nacional a las demandas surgidas de los organismos oficiales de la Iglesia Católica y relacionados con problemas derivados del ajuste económico y la situación social del país.

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