Un falso informe de Inteligencia; el despliegue de cuatro fuerzas de seguridad sin comunicación ni coordinación, la falta de control civil y político sobre los efectivos y, sobre todo, el autogobierno total que hoy tienen los gendarmes, policías y prefectos desató la feroz y caótica represión del jueves. Los servicios de inteligencia están hoy dominados por ex policías, de manera que armaron un informe de la ex SIDE que simplemente les sirvió como excusa para la represión. El texto advierte que 1200 manifestantes iban a ocupar el Congreso, una coartada –sin prueba alguna– que los funcionarios del Ejecutivo repitieron como en misa. Ese armado llevó a emplazar a más de mil efectivos de la Gendarmería, traídos de Campo de Mayo, en todo el perímetro del edificio del parlamento. También se trajeron desde el bajo porteño todas las vallas usadas en el operativo por la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Pero lo que era una jugada supuestamente destinada a evitar que alguien entre al Congreso se convirtió, como tenían previsto, en una ofensiva–cacería por todo el centro, con motos, carros y a pie, con la consigna “disparen a discreción”. 

Entonces se vio a gendarmes disparando los peligrosísimos proyectiles de goma sin orden alguno; enfrentando a diputados, a periodistas, patoteando a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, tirando piedras y arrestando a cualquiera que pasaba cerca. El mando civil y político no existió, la coordinación desapareció y cada uno hizo lo que quiso. Como siempre, al terminar la jornada, los extraños encapuchados, los que queman autos y rompen comercios, no aparecían por ningún lado ni figuraron entre los detenidos. El viernes, al anochecer, se anunció el desplazamiento de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, del operativo de mañana. Es una admisión del desastre que produjeron el jueves.

Inteligencia

Quienes conocen hoy el funcionamiento de la ex SIDE (AFI) admiten que la central de espías está ahora manejada e integrada por policías federales retirados, policías bonaerenses retirados y unos pocos tenientes provenientes del Ejército. Una de las designaciones más públicas fue la del ex jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo, que hoy está a cargo de la agencia en toda la zona norte del conurbano. Decenas de otros jefes policiales retirados pasaron a ser expertos en inteligencia, sin tener la menor trayectoria.

El papel actual de los servicios de inteligencia es redactar informes de acuerdo a las necesidades oficiales, más allá de las pruebas que manejen. En este caso, les pidieron que emitan un informe sobre el supuesto peligro de una toma del Congreso y así lo hicieron. Es más, mencionaron que existía un plan en el que estaba previsto que 1.200 manifestantes se lanzaran al asalto.

Como es obvio, el informe –luego repetido por todos los miembros del gobierno– no tiene el menor sustento. “No hay ninguna organización en la Argentina que tenga esa capacidad  –le dijo a este diario uno de los ex funcionarios de la AFI–. No hubo nunca una acción agresiva, coordinada, de más de 30 o 40 personas. Pensar en 1200 es un ejército. Una estupidez. Un delirio”. En realidad, se trató de una coartada para justificar las dimensiones y la violencia del operativo. En el Ministerio de Seguridad no pueden exhibir siquiera una prueba de la existencia del supuesto plan de asalto al Congreso.

Comando Unificado     

El armado de un operativo como el del jueves se hace desde el Comando Unificado, una gigantesca sala del quinto piso del edificio central de la Policía Federal, en la calle Moreno. El lugar también se conoce como Centro Unificado de Respuesta Rápida y Entrenamiento. Algunos lo consideran una especie de embajada, porque van los jefes de todas las fuerzas, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía Metropolitana. A veces, también está la Bonaerense.

En la enorme sala hay, en 360 grados, gigantescos monitores en los que se ven las imágenes de todas las cámaras que tienen las distintas fuerzas, las que emiten los canales de televisión y las que provienen de helicópteros. Todo está ahí a la vista. Y la comunicación a los jefes que están en las calles se hace a través de la frecuencia encriptada de la Federal. Es decir que la ministra Patricia Bullrich tenía todos los elementos a su alcance para frenar o reconducir el caótico operativo represivo. Sin embargo, la política explícita del Ejecutivo es “dejar hacer”. Dar una orden general y de ahí en adelante las fuerzas de seguridad se auto-gobiernan. Eso es lo que se asimila a “fuego a discreción”.

Caos

El operativo fue armado a partir del blindaje del Congreso. Para ello se movilizaron más de mil efectivos de la Gendarmería traídos desde Campo de Mayo, que fueron la base de la custodia de la reunión de la OMC. Sin embargo, los gendarmes fueron movidos al Congreso 12 horas antes de la finalización del operativo diseñado para la OMC. 

Y lo mismo hicieron con la estructura de vallas. Durante días se utilizaron en Puerto Madero y Leandro N. Alem, se iban a sacar el jueves a la noche, pero en la madrugada de ese día se anticipó la jugada y se movieron al Congreso. Las vallas son un instrumento clave en cualquier prevención, porque dificultan lo que más hay que evitar, el cuerpo a cuerpo entre fuerzas de seguridad y manifestantes, el contacto directo. Ya el miércoles se había producido otro hecho que debió terminar con inmediatos pases a retiro de oficiales y efectivos: choques cuerpo a cuerpo de manifestantes con perros. Incluso con los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso como víctimas. 

De esa estructura aparentemente defensiva, armada con la excusa de evitar una toma del Congreso, en instantes se pasó a una ofensiva inusual. Los mismos gendarmes abrían grietas en el vallado para tirar sobre la gente, disparos horizontales, con postas de goma equivalentes a un calibre grueso, 12.70. En el protocolo que se diseñó en épocas de la ministra Nilda Garré y con el impulso también de León Arslanián, todas las fuerzas políticas firmaron un texto en el que se especificaba que las postas antidisturbios sólo debían ser usadas como defensa, ante una situación apremiante sufrida por integrantes de una fuerza de seguridad. Se trata de proyectiles que, disparados a distancias de 5 o diez metros, tal como ocurrió con el docente neuquino Carlos Fuentealba, pueden ser mortales. El jueves no había ningún peligro para los gendarmes detrás de las vallas. Lo que hubo son piedrazos, insultos, pero para eso el efectivo tiene que estar entrenado y, además, cuenta con escudos y cascos. Lo que correspondía era una inmediata negociación política con los líderes de la protesta para frenar las agresiones. Nada de eso se hizo. En instantes los gendarmes empezaron a disparar de manera descontrolada contra los manifestantes. 

Estilos

La utilización de la Gendarmería como fuerza central en el operativo marca la idea de la represión. Los gendarmes se usaron poco en las ciudades, básicamente cuando se produjeron situaciones en que las policías provinciales estaban en el centro de los delitos. Así fue que se movilizaron gendarmes al Gran Buenos Aires, a Rosario y se enviaron a muchas provincias, sobre todo para enfrentar conflictos gremiales muy puntuales, en los que la policía del distrito estaba más que cuestionada o el gobernador no querían que intervengan. 

En el Ministerio de Seguridad argumentan que gran parte de las fuerzas anti-disturbios de la Federal se pasaron a la Policía de la Ciudad, como parte del traslado de 23.000 efectivos. Por lo tanto, sostienen que no tenían otra alternativa que usar gendarmes. 

Del otro lado lo que afirman es que la Gendarmería es la fuerza que ahora Patricia Bullrich utiliza para casi todas las tareas represivas: la gran mayoría viene de zonas humildes del interior, no cuestionan órdenes, son duros y violentos. Su actuación en el caso de la muerte de Santiago Maldonado fue respaldada insólitamente por Bullrich al punto que ni siquiera apartó a la fuerza de la investigación y no se puso en disponibilidad a ningún efectivo el mismo día de la desaparición de Santiago. La ministra hizo lo propio en el caso de la Prefectura ante la muerte de Rafael Nahuel, a quien le dispararon por la espalda. Es la política oficial: manos libres, fuego a discreción, respaldo ilimitado. 

Fuerzas

Desde el Comando Unificado, en el edificio de la calle Moreno, no salió el jueves ninguna orden de frenar nada. Todo lo contrario, se permitieron acciones delirantes a lo largo de varias horas.

  • Disparaban desde detrás de las vallas contra la multitud.
  • Se vio a gendarmes hasta tirando piedras.
  • Hubo efectivos agrediendo a diputados, pese a que éstos exhibían sus credenciales.
  • Tiraron gas pimienta a centímetros de la cara de diputados y manifestantes.
  • Enfrentaron a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
  • Le dispararon a periodistas y fotógrafos.
  • Golpearon y detuvieron a personas que ni siquiera participaban de la manifestación.
  • Y, tal vez lo más insólito, terminaron convirtiendo a todo el centro porteño en el escenario de una batalla campal. 

El autogobierno de las fuerzas de seguridad derivó en que se usaron motos, patrullas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes expandiendo el foco del conflicto a 50 cuadras a la redonda y sin la menor coordinación. 

Una prueba de la represión indiscriminada es que diez de los 14 detenidos por la Gendarmería fueron puestos en libertad sin tomarles declaración. Entre ellos la joven Damiana que venía de trabajar y el indigente que vive en la zona del Congreso. De los 14 sólo uno seguía detenido ayer. A los restantes 30 se les estaba tomando indagatoria pero, como en el caso de las detenciones de la marcha por Santiago Maldonado, el 1 de septiembre, gran parte de las imputaciones eran vagas, sin sustento probatorio.

Cambio

En el atardecer del viernes la ministra Bullrich sufrió una durísima desautorización: virtualmente fue corrida del operativo dispuesto para mañana, cuando se vuelva a tratar la reforma previsional. Los medios más vinculados al oficialismo intentaron decorar la medida de forma asombrosa:

  • Que las fuerzas federales no tuvieron apoyo de la Ciudad de Buenos Aires cuando les pidieron “desesperadamente” ayuda porque iban a invadir el Congreso. Renovaron así el invento del informe de inteligencia. 
  • Que Bullrich seguirá teniendo voz y mando en el operativo de mañana, pero que se busca bajar el perfil por pedido de los gobernadores peronistas que deploraron la actuación de las fuerzas a las órdenes de la ministra. 

La realidad es que Bullrich fue desplazada del comando porque el operativo fue caótico, indiscriminado, sin conducción política alguna, manejado por los propios jefes de las fuerzas.

Un punto discutido son las facultades de las fuerzas federales. En la Ciudad entienden que la policía porteña es la única que puede actuar en las calles y que los  federales sólo tienen la responsabilidad primaria en la Casa Rosada. Admiten que tal vez ese criterio se podría extender al Congreso Nacional, pero que de ninguna manera la Policía Federal ni la Gendarmería tienen facultades para moverse a su gusto por el centro porteño deteniendo ciudadanos, sin que medie la conducción de un funcionario porteño. La excusa que se esboza es que todavía regía el operativo y el Comando Unificado por la OMC, un argumento que no tiene la menor credibilidad.

Lo cierto es que mañana, supuestamente, intentarán mostrar una cara distinta. El problema de fondo es que se trata de imponer una ley que no sólo es impopular entre los manifestantes sino que rechazan siete de cada diez argentinos. Esa abrumadora mayoría tienen claro que se trata de sacarle a los jubilados para transferirle a los más poderosos. Y eso es la base de la resistencia.

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