Nadie puede ser privado de un balazo de goma. Nadie puede ser privado de un recorte en sus haberes. Dos nuevos derechos universales que el Gobierno quiere garantizar y que, obtusa, rechaza la oposición en sus distintas variantes, ahora con la CGT incluida. Así está planteada la puja de las jubilaciones.

El ex diputado alfonsinista Eduardo Santín, un experto en la cuestión previsional, dijo ante la consulta de este diario que el recorte pensado por la Administración Macri es de alcance gobal. 

“El problema empieza desde antes de nacer, porque sufrirán una quita las embarazadas que reciben la asignación universal por hijo”, dijo Santín. Su cálculo es que si se impone el proyecto oficial perderán unos 120 pesos por mes. Después se quedarán sin la cifra actual de la AUH por hijo. El recorte afectará a las familias que perciben hoy una suma por cada hijo a cambio de asegurar que vayan a la escuela y controlen su salud. 

“También se van a preocupar los trabajadores en actividad, porque cambia lo que en el régimen provisional se llama fórmula de sustitución”, dijo Santín. Hoy la base de cálculo jubilatorio para los trabajadores que completaron treinta años de aportes y cumplieron 65 años (hombres) y 60 (mujeres) se realiza promediando los sueldos brutos de los últimos diez años de actividad. Lo habitual para esa franja es que la jubilación sea del sesenta por ciento de aquel promedio entre los últimos 120 sueldos, más otros ítems que se agregan al cálculo. Con el nuevo sistema podría bajar el porcentaje. Ejemplo de Santín para PáginaI12: “Si alguien ganó un promedio de 20 mil pesos brutos en los últimos diez años, ahora cobra 15 mil de jubilación. Con el nuevo régimen cobraría 13.700. Y ojo, porque se jubila con esos 13.700 para el resto de su vida. Son 1320 pesos menos por mes de menos. Si se multiplica por los doce meses del año, da 15.840 pesos de pérdida. Sería más que un aguinaldo”.

Ex presidente de la Comisión de Tercera Edad de la Cámara de Diputados, Santín agregó que el daño llegará a jubilados más veteranos que los actuales, porque la jubilación podrá extenderse a los setenta para todos y todas. Fastidiará a los jóvenes, puesto que se dificultará su entrada al mercado de trabajo por falta de renovación. Y hasta los muertos se verán afectados. O sus familiares, en rigor: las pensiones por viudez serán podadas. 

Para quienes tengan un historial jubilatorio irregular la condena será severa. Hoy más del setenta por ciento de las trabajadoras mujeres llegan a los 65 sin haber completado todos sus aportes. El riesgo de no reunirlos podría aumentar. Lo mismo para el cincuenta por ciento de los trabajadores hombres. En ambos casos si no hay moratoria,  mala palabra para Cambiemos, buena parte de los jubilados terminará en la pensión universal, que es aun inferior a la jubilación mínima. 

Santín señaló que el argumento oficial de “recorte versus bomba de tiempo” es falso. “Ningún dato revela que el sistema explotará, a menos que el Estado deje de aportar fondos a la seguridad social.”

¿No existe la chance de que el sistema explote porque el Gobierno lo haga estallar? Santín: “Es posible. El Gobierno puede estimular la creación de empresas de jubilación privada como un servicio adicional mientras dinamita el sistema público. En España hay cantidad de compañías de seguros ofreciendo retiros porque antes los gobiernos conservadores se encargaron de reducir el porcentaje de trabajadores formales de un 98 a un 75 por ciento”. 

A tono con el Fondo Monetario Internacional, que otra vez participa de la agenda pública argentina, el Ejecutivo dice que solo recortando puede bajar el déficit. Si no cambia su proyecto, el quite será tan sólido que nada podrá paliarlo. El aporte de menos de cuatro mil millones de pesos es como un bono de fin de año. Una suma no remunerativa que alivia temporalmente pero no cura. Es que no resuelve el futuro la nueva fórmula acordada el viernes por los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne con un grupo de gobernadores. Al menos ésa es la conclusión de un estudio del Centro de Economía Política Argentina.

El arreglo contempla una compensación para las jubilaciones de menos de diez mil pesos y para los que reciben la AUH. Según el CEPA, incluso si los jubilados terminan cinco puntos arriba de la inflación de 2018, tal como prometió Cambiemos, con el adicional acordado el resultado sería éste: “Los jubilados de la mínima pierden en el acumulado anual un total de 4.138 pesos”. Todo eso “en caso de haber realizado aportes”. Si no realizaron los aportes correspondientes la pérdida será mayor, de 4.588 pesos. Antes del adicional todos perdían 4.888 pesos. O sea que el adicional supone una diferencia a favor de unos de solo 700 pesos por año y ninguna diferencia para los otros. 

Los receptores de la AUH perderán, con el adicional, 583 pesos en el año. 

El CEPA también calculó el costo de la transferencia fiscal. 

El monto de 400 pesos para los 3.900.000 de casos de receptores de la AUH representa un total de 1.560 millones de pesos.

Los 948.547 jubilados que recibirán 750 pesos (son quienes perciben jubilaciones menores a diez mil pesos y realizaron aportes) le insumirán al Tesoro 711 millones de pesos.

Los 4.649.317 de jubilados con jubilaciones menores a diez mil pesos que no realizaron aportes y recibirán 300 pesos representarán un total de 1.394.795 millones de pesos. 

La transferencia global será de 3.666 millones de pesos. Poco, al lado del recorte de unos 100 mil millones de pesos.

La estimación del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano es aún peor. Un estudio recién difundido toma el universo de jubilados que hayan computado aportes en su vida activa y que perciban haberes menores a 10 mil pesos. “En el acumulado del período la pérdida por el cambio de fórmula, a pesar del bono, asciendo a 2.049 pesos”, dice el texto. Y opina: “Por lo tanto, la reforma previsional contiene una confiscación del haber del orden del 28,3 por ciento”. Para los que no completaron aportes, accedieron a la jubilación gracias a la moratoria y perciben menos de 10 mil pesos la pérdida sería de 2.425 pesos. “Por lo tanto, en este caso que contiene un bono injustificadamente de menor valor la reforma previsional contiene una confiscación mayor del haber, del orden del 33,5 por ciento”, señala el estudio. 

Las AUH verán recortado un diez por ciento incluso con el adicional. 

A la luz de estos números de ambos centros de estudio la invocación de “nuestros abuelos” o “nuestros viejitos” puede ser cínica, compasiva o cariñosa, según quien la formule, pero impide ver más nítidamente una realidad: el sistema jubilatorio o la carencia de cobertura involucran a los trabajadores. A los trabajadores desocupados, a los trabajadores informales, a los trabajadores ocupados (y futuros jubilados) y a los trabajadores que ya se jubilaron. La ex diputada y dirigente sindical Alicia Castro empezó a proponer anoche que si hay votación sea nominal. “Que los trabajadores se enteren del voto nombre por nombre”, dijo. “Están en juego su presente y su futuro.”

Quizás el triunvirato de la CGT advirtió esa universalidad y por eso anunció que prestará la adhesión –con un paro cuya naturaleza terminará de definir el lunes– a la protesta que ya habían convocado las dos CTA, la Corriente Federal que integra la CGT pero no su Consejo Directivo y las organizaciones sociales como las nucleadas en la CTEP. 

Gente tozuda que no quiere disfrutar del caucho golpeando contra el cuerpo ni de la tijera en pos de un futuro mejor.

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