La reforma previsional discrimina y perjudica a las personas con discapacidad. Eso aseguran desde la organización REDI (Red por Personas con Discapacidad) en un informe en el que califican a la reforma previsional que este lunes Cambiemos intentará aprobar en la Cámara Baja como “otra violación de derechos humanos en ciernes”. En el texto analizan punto por punto cómo esta medida de ajuste impactará sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. El efecto negativo traducido en números supera los 3 mil pesos: con esta reforma, aseguran, en todo el 2018 los titulares de pensiones no contributivas cobrarán 3.125 pesos menos que con la ley vigente.

La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones se traducirá en menores aumentos para quienes cobran pensiones no contributivas, que actualmente equivale al 70 por ciento de la jubilación mínima según establece la ley de Movilidad Jubilatoria, es decir, 5.072 pesos. Con la fórmula actual el aumento de marzo sería de 736 pesos mientras que con la nueva fórmula propuesta por Cambiemos el aumento sería de 289 pesos.

La nueva ley también establece que podrán jubilarse con el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil quienes hayan hecho treinta años de aportes pero nada se dice de las situaciones que ameriten un trato equitativo: no se contempla a quienes no hayan podido llegar a esa cantidad de años de aportes como consecuencia de la adquisición de una discapacidad durante su vida laboral.

Estos cálculos según aclaran desde REDI no han tenido en cuenta el prometido “bono” que el gobierno ha anunciado porque se desconoce su aplicación a los pensionados y “se tiene en cuenta el antecedente del año pasado, en el que discriminatoriamente se dejó fuera del bono a las Pensiones No Contributivas. Este cálculo podría variar cuando se conozcan datos que la falta de transparencia nos ha privado”, aclara el informe.

Este impacto negativo de a reforma previsional, analizan desde REDI, tiene dos aspectos principales: por un lado, viola el principio de no regresividad de los DD.HH, y, por otro, es incongruente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con diputados de la oposición heridos y hospitalizados, una represión feroz desatada en las afueras del Congreso que se prolongó durante más de siete horas, y en medio de acaloradas discusiones en el recinto, la Alianza gobernante levantó el jueves pasado la sesión en la que se pretendía aprobar esta reforma que afectará a jubilados, pensionados (entre ellos las personas con discapacidad) y los beneficiarios de la AUH. Después de dar marcha atrás con amenaza con sacarla por decreto, mañana el Gobierno volverá a la carga con la reforma. Como representante del colectivo, desde REDI ya adelantaron que en caso de que la norma se apruebe, presentarán un amparo en que el plantearán la inconstitucionalidad (por su aspecto regresivo y por el discriminatorio) para pedir que no se aplique la ley para proteger, por lo menos, entre todos los afectados, a las personas con discapacidad. Cabe recordar un antecedente exitoso: REDI es la organización que este año llevó adelante el amparo de alcance nacional tras el recorte de las pensiones por discapacidad que afectó a alrededor de 170 mil personas y que obtuvo como respuesta la medida cautelar dictada por la jueza federal Adriana Cammarata que obligó al Gobierno a restituir “en forma inmediata” todos los beneficios que fueron dados de baja. La sentencia fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social.