Desde Bariloche
Mientras el juez Gustavo Villanueva aún no citó a declarar ni imputó a ninguno de los ocho agentes del Grupo Albatros que participaron del operativo que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, el fiscal ante la Cámara Federal dictaminó a favor de revocar la excarcelación de los dos mapuches que bajaron el cuerpo del joven muerto. Así, Fausto Jones Huala y Lautaro González podrían volver a la cárcel, bajo el argumento de que existe “peligro de fuga”. La medida se da en el marco de la causa por “usurpación” y “supuesto atentado a la autoridad”, derivada de la detención en la ruta Juan Herman -40 sur-, cuando los jóvenes dejaron el cuerpo de Rafael Nahuel y se entregaron sin oponer resistencia, el pasado sábado 25 de noviembre, en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.
Jones Huala y González permanecieron cuatro días detenidos, y fueron imputados en la causa “NN sobre muerte dudosa”, bajo los cargos de usurpación y atentado agravado contra la autoridad.
Tras esos cuatro días, fueron excarcelados por el juez Villanueva. Ahora la revocatoria de la excarcelación fue solicitada por la fiscal federal interina Silvia Little, quien pidió que se los procese con prisión preventiva efectiva por considerarlos autores de “usurpación” y “atentado agravado contra la autoridad por haberse cometido a mano armada”.
El pedido encontró eco en el fiscal ante la Cámara Federal, a pesar de que en la inspección ocular y en el expediente no hay ninguna prueba de la existencia de armas de fuego. El fiscal hizo suyos argumentos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para avalar el pedido de revocatoria de la excarcelación. Habló de grupos violentos y con relación con la recuperación de la pu lof en Resistencia Cushamen, en territorios de Benetton.
En caso de que la Cámara Federal de General Roca haga lugar al pedido de la fiscal, la medida será apelada por los defensores de Jones Huala y González, Sonia Ivanoff y Matías Schraer, quienes justamente habían solicitado el pasado jueves el sobreseimiento de los dos jóvenes, sobre la base de los resultados de la inspección ocular realizada en el territorio, y el informe del perito de la defensa, que da cuenta de la inexistencia de un enfrentamiento, y la ausencia de armas en poder de la comunidad.
La doctora Sonia Ivanoff es también abogada defensora de Facundo Jones Huala, detenido en Esquel, Chubut, a la espera del juicio por extradición. Schraer indicó a PáginaI12 que debido a la relación entre Facundo y Fausto “existe una condena previa, por portación de apellido”.
Tras el dictamen del fiscal, la Cámara Federal con asiento en General Roca, deberá definir la situación de Jones Huala y González.
Paralelamente, en la causa por el asesinato de Nahuel, el viernes declararon dos testigos que se trasladaban en la Traffic turística que fue detenida a unos 50 metros del lugar de la represión. El conductor de ese vehículo era Pablo Curlo, cuyo testimonio –que fue publicado por este diario– dio cuenta de la presencia de los uniformados disparando desde la ruta hacia la montaña. A comienzos de la semana pasada, el operador turístico ratificó sus dichos. Según fuentes con acceso al expediente, los dos guías de rafting que declararon el viernes ampliaron el relato de Curlo y brindaron algunos detalles sobre lo que observaron el día de la represión.
Mesa de diálogo
En tanto, pocos avances se produjeron en la mesa de diálogo abierta con el objetivo de encontrar una solución al conflicto. Es que Parques Nacionales no cede e insiste con el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Mascardi.
El jueves pasado volvieron a reunirse los integrantes de la mesa: referentes de la comunidad, el Obispado de Bariloche, organizaciones sociales y de derechos humanos, la gobernación de Río Negro a través de su secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, y representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.
Durante el encuentro, la referente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas transmitió un mensaje del representante de Parques Nacionales, Joaquín Labougle, quien reiteró la negativa del organismo al diálogo en las actuales condiciones de “usurpación” del territorio en la zona de Villa Mascardi, y planteó que no se retiraría la denuncia penal que derivó en la orden de desalojo por parte del juez Gustavo Villanueva.
Una de las abogadas de la familia de Rafael Nahuel, Julieta Wallace, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), insistió especialmente en la “importancia de iniciar un proceso de reconocimiento de derecho territorial”, y reclamó, a su vez, la presencia de Parques Nacionales “para resolver la problemática presentada, por ser quien tiene la competencia final para resolver el conflicto”.
