“La apertura convive con incentivos a la importación y ausencia de medidas análogas que promuevan la producción local”, advierte Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y Pymes bonaerenses, al referirse al reciente informe del Observatorio Pyme que revela que en el primer trimestre de 2025 el 42 por ciento de las pymes industriales se sienten amenazadas por el ingreso de productos importados. En un contexto que continúa siendo de recesión y ajuste, el impacto sobre el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires se traduce en empresas cerradas, despidos masivos y una merma evidente de la actividad económica, según la funcionaria.
Los datos del Observatorio Pyme confirman que el porcentaje de empresas industriales que declara sentirse amenazada por las importaciones es el más alto desde que se tiene registro: supera incluso los niveles alcanzados en años anteriores como en 2018 (40 por ciento), 2016 (39 por ciento) y 2008 (37 por ciento). Además, la participación de empresas que perdieron mercado por la competencia externa aumentó del 23 por ciento en 2024 al 28 por ciento en el primer trimestre de 2025.
Bembi no duda al describir el escenario como “un industricidio, que afecta especialmente a la provincia por ser el corazón productivo del país”. El diagnóstico se sustenta en los últimos datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE). Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, se perdieron 7.150 empresas en la provincia, el 97 por ciento de ellas mipymes. Solo en la industria, cerraron 570 firmas. En ese mismo período, la provincia perdió 77.000 empleos registrados, de los cuales 30.000 corresponden al sector mipyme. Uno de cada cuatro empleos perdidos fue en el sector industrial manufacturero.
Mientras el gobierno nacional apuesta por la liberalización de importaciones, la provincia despliega políticas que buscan sostener al entramado pyme, asegura la subsecretaria. A través del Plan Estratégico de Infraestructura, proyectos logísticos con el CFI, el FITBA, la Escuela Productiva Bonaerense y rondas de negocios locales e internacionales, se intenta amortiguar el golpe. Sin embargo, la propia Bembi advierte que “cuando a nivel nacional hay un proyecto tan claro de desintegrar el entramado productivo, es muy difícil poder compensar eso con políticas subnacionales”.
El fenómeno no afecta de manera uniforme. Los sectores más golpeados son los orientados al mercado interno: textil-indumentaria, calzado y metalurgia. En 2024, estas ramas cayeron entre 12 por ciento y más del 20 por ciento. Las importaciones, en contraste, se dispararon: +45% en textiles, +59% en indumentaria, +67 por ciento en cuero y calzado, +56 por ciento en maquinaria y equipo, y +54 por ciento en aparatos eléctricos.
La caída del poder adquisitivo, combinada con la saturación de productos importados en góndolas y depósitos, hace estragos en la industria local. Y no se trata de estadísticas abstractas ya que en 2024, un relevamiento provincial junto a 75 municipios detectó que 885 empresas tomaron medidas que afectaron el empleo local -despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas- y que 17.700 personas fueron impactadas, 8.200 de ellas perdieron su trabajo.
Las historias detrás de esos números revelan el deterioro. En Coronel Suárez, el Grupo DASS cerró definitivamente y despidió a 360 trabajadores. En Chivilcoy, Bicontinentar (ex Paquetá) bajó sus persianas en noviembre pasado tras haber reabierto con expectativas en 2021: solo duró tres años. En Olavarría, la fábrica de bolsas FABI cerró su planta en abril, dejando 150 trabajadores en la calle, y Canteras Cerro Negro despidió al 25 por ciento de su personal por la caída de la obra pública. De los 97 telegramas enviados inicialmente por la empresa, mediante la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, se lograron recuperar 37 puestos y 59 quedaron sin trabajo con retiros voluntarios de por medio.
El impacto también alcanza a sectores vinculados al papel. La gráfica Morvillo, con más de medio siglo de historia en Avellaneda, quebró en marzo; sus 250 trabajadores siguen ocupando la planta como “cuidadores”, pero sin certezas laborales y recientemente llevaron adelante un corte en el puente Pueyrredón. Previo a esto, el precio del cartón se desplomó a lo largo de 2024, pasó de 320 pesos a menos de 160 pesos por kilo en algunas zonas como Lomas de Zamora, y hoy ya estaría pisando los 130 pesos, golpeando directamente los ingresos de cartoneros y recicladores. La Federación Argentina de Cartoneros continúa atribuyendo esta caída a la apertura de importaciones desde Brasil.
En Lanús, la fábrica de caramelos Lipo enfrenta un conflicto desde hace meses: más de 100 trabajadores denunciaron haber cobrado menos del 50 por ciento de su salario, y en mayo paralizaron las tareas. La empresa señaló caída de ventas, encarecimiento de insumos y presión de la competencia extranjera.
Frente a este panorama, la subsecretaria plantea que el Gobierno bonaerense actúa como “escudo y red”, con líneas de financiamiento bonificadas a través del Banco Provincia, créditos a tasa cero y apoyo específico como el desplegado tras el temporal en Bahía Blanca. Pero insiste en que las herramientas provinciales son insuficientes si el Gobierno nacional no asume el compromiso de proteger la producción.
Consultada sobre posibles instancias de diálogo con la Nación, Bembi es contundente: “El Gobierno Nacional no tiene ni quiere tener política industrial, por eso no tiene abierta una línea de diálogo con nosotros”. La propuesta bonaerense es clara: retomar el camino de la política industrial, entendiendo que sin producción no hay desarrollo posible. “En la provincia que concentra la mitad del PBI industrial argentino, el destino de las pymes no es solo un indicador económico, sino el pulso de la economía real”, cerró la subsecretaria.