Páginai12 En Perú
Desde Lima
Con la amenaza de la destitución –que se debe resolver este jueves– pendiendo sobre su cabeza, el presidente Pedro Pablo Kuczynski intentó una defensa que lo salve sobre la hora. “Pido disculpas al pueblo peruano porque no he explicado bien de que se trata esto”, dijo el todavía presidente peruano, al comenzar una entrevista dada el domingo en la noche a cinco periodistas en Palacio de Gobierno y transmitida en cadena de televisión. Pero su argumentación posterior para tratar de “explicar bien” su supuesta inocencia de los cargos en su contra, fue floja, con vacíos y contradicciones. “No soy corrupto, no he mentido”, insistió, pero no pudo aclarar las acusaciones que se le hacen. Kuczynski no salió bien parado de la entrevista que esperaba le sirva para apuntalar su hasta ahora precaria defensa.
Acusado de recibir, a través de una empresa de la que es único propietario, Westfield Capital, 782 mil dólares de Odebrecht, pagos que comenzaron cuando era ministro de Economía y primer ministro entre 2004 y 2006, cargos desde los cuales tomó decisiones que favorecieron a la constructora brasileña, Kuczynski se defendió diciendo que no sabía nada de lo que su empresa hacía cuando él era ministro porque en esos años delegó el manejo de la misma a su amigo y socio Gerardo Sepúlveda. “Recién conozco esos contratos”, aseguró, dejando muchas dudas. Pero no pudo demostrar con documentos que efectivamente había delegado el manejo de su empresa y terminó admitiendo que como único accionista de Westfield Capital se ha beneficiado con las utilidades que dejaron los contratos con Odebrecht en los años en los que él era ministro y estaba impedido por ley de hacer negocios con empresas privadas que tuvieran relación con el Estado.
Tampoco ha sonado convincente cuando insistió en que no tenía relación con First Capital, empresa propiedad de Sepúlveda, el mismo personaje que supuestamente manejó su empresa. First Capital también contrató con Odebrecht y recibió de la constructora brasileña algo más de cuatro millones de dólares entre 2004 y 2014, relación que comenzó cuando PPK era ministro.
“La vacancia (destitución) presidencial ya está definida, los actos de corrupción por los que Kuczynski está acusado no se pueden aceptar”, le declaró a PáginaI12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén
Por su parte, el historiador y analista político Nelson Manrique le señaló a este diario que “la defensa que ha hecho Kuczynski diciendo que no sabía nada de la relación de su propia empresa con Odebrecht es muy poco verosímil”. “Estoy a favor de la vacancia –precisa Manrique– si el presidente no da una explicación satisfactoria, pero se debe respetar el debido proceso y darle al presidente el derecho democrático elemental a una adecuada defensa, algo que no está ocurriendo.”
El presidente, que durante el año y medio que lleva su gestión se mostró débil frente al fujimorismo y siempre intentó, sin éxito, un acercamiento con este grupo, denunció que su vacancia, que calificó como “exprés” por la rapidez con la que se ha tramitado y se votará, era parte de “un asalto al poder” del fujimorismo, con mayoría absoluta en el Congreso, que incluye la captura de la fiscalía de la nación y del Tribunal Constitucional, proceso de copamiento que el partido de Fujimori ya puso en marcha parapetado en su mayoría parlamentaria. Esta arremetida fujimorista se da cuando la fiscalía avanza una investigación sobre un financiamiento oculto de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori.
Sin argumentos sólidos para levantar los cargos de corrupción en su contra, el argumento político de advertir que la vacancia está siendo aprovechada por el fujimorismo para acumular poder y ganar impunidad, terminó siendo el principal punto de apoyo de PPK para cuestionarla.
“La vacancia presidencial se puede justificar, pero está siendo aprovechada por el fujimorismo para sus propios intereses”, indica Manrique, quien, como PPK, también habla de un “golpe de Estado” fujimorista.”Estamos ante un golpe parlamentario del fujimorismo –dice Manrique– porque no solamente van a derribar al presidente, sino también copar el Tribunal Constitucional y la fiscalía, en un operativo simultáneo.Los que ahora hablan de moralización y van a sacar al presidente son ellos unos corruptos. Este no es un intento de sanear al Estado, sino de sacar al presidente para controlar el Ejecutivo, controlar el aparato judicial, y sumar eso al control que ya tiene el fujimorismo del Legislativo, y así bloquear las investigaciones que comprometen a Keiko Fujimori”.
Adrianzén también advierte sobre los peligros del fujimorismo en un escenario post-destitución: “Kuczynski hizo muchas concesiones al fujimorismo, pero su vacancia le sirve al fujimorismo para presentarse como abanderados de la lucha contra la corrupción y para hacer una demostración de su fuerza, y crea un escenario favorable a sus intereses, porque la consecuencia de la vacancia presidencial será que tendremos un nuevo presidente débil (el cargo lo debe asumir el vice Martín Vizcarra, que hace unos meses debió renunciar al cargo de ministro de Transportes presionado por el Congreso por los cuestionamientos a un contrato para construir un aeropuerto) y el mismo Congreso fuerte donde el poder del fujimorismo es omnímodo. Ese es un escenario que le conviene al fujimorismo en sus intenciones de buscar tapar las investigaciones por las implicancias del caso Lava Jato en el Perú en las que aparece seriamente comprometido”.