Las comisarías porteñas estaban colapsadas ayer a la noche por la gran cantidad de detenidos que la Policía de la Ciudad se llevó de la zona del Congreso y sus inmediaciones durante y después de la movilización contra la reforma previsional, a punto tal que empezaban a pasarlos de una dependencia policial o a otra. Según los números que manejaba el juzgado federal de Sergio Torres, que está de turno, eran 59 constatados. Los organismos de derechos humanos tenían a última hora un listado de 85 detenidos. Estaban distribuidos en las comisarías 4, 5, 6, 13,15 y 30. Entre las personas arrestadas había por lo menos cuatro trabajadores de prensa, de FM La Patriada, un trabajador de Diario Popular, y referentes de organizaciones sindicales. Uno de ellos, Carlos Artacho, de Foetra (sindicato de las Telecomunicaciones), estuvo casi cuatro horas en una comisaría sangrando, con la mandíbula rota, sin recibir atención médica. Los abogados se quejaban de la falta de información y la demora de la policía También hubo por lo menos un menor de edad detenido, que el juez ordenó liberar. Torres analizaría una por una las detenciones e investiga la presencia de infiltrados en la movilización. Al cierre de esta edición, el juzgado estaba comenzando a ordenar la libertad de quienes no tenían antecedentes.    

Algunas de las detenciones se produjeron en la movilización, otras en la desconcentración y al voleo e incluso algunas en calles donde había poca gente. El grupo de trabajadores de La Patriada, por ejemplo, había ingresado al hall de un edificio para guarecerse y de pronto vio venir de frente a un grupo de policías que se los llevaron detenidos, como muestra un video en poder de los abogados. Los detenidos no están incomunicados, pero a los defensores de distintas organizaciones les resultó dificultoso que los dejaran tener contacto. “Las personas que logré ver en la comisaría 5 me describieron típicas detenciones posteriores al momento más álgido de la movilización”, relató a Páginað12 Claudia Cesaroni, quien se acercó junto con otros abogados en nombre del Foro Contra la Violencia Institucional.

“Estuve en la movilización, vi la represión como un acto criminal. En un momento cuando decidieron desalojar la plaza tiraron desde los techos gases lacrimógenos. Vi corridas como nunca había visto. Constaté detenciones durante la movilización. La mayoría de las personas que pude entrevistar, estaban caminando o intentando refugiarse, algunos fueron sorprendidos por la espalda sin siquiera llegar a ver quién los detenía”, relató la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. Nada parece indicar, según la descripción de los letrados de distintos organismos, que estén entre los detenidos los agitadores que se veían en las imágenes de todos los canales de televisión arrojando piedras en la primera fila de la manifestación contra la policía, que se contuvo durante algo más de una hora y luego desató la represión.

Por la noche en la puerta de las comisarías se mezclaba el tumulto de familiares y abogados con los cacerolazos. Por todas las seccionales se repartieron defensores de organismos como Correpi, Liberpueblo, CELS, Ceprodh, Apel, Eatip, Cadhu,  y profesionales nucleados en el Frente de Abogados populares, entre otros. Personal de la Procuración Penitenciaria verificó las condiciones de detención, los heridos y el trato a los presos. El relevamiento de detenciones lo hizo el Encuentro Memoria Verdad y Justicia con los datos que fueron aportando todos. En el juzgado tenían a última hora un listado de 59 detenidos y suponían que la diferencia con la nómina de los organismos respondía que había personas hospitalizadas que eran contabilizadas como presas. No estaba claro a última hora. Del mismo modo, los abogados que recorrían comisarías recibían la información de que las personas podrían ser liberadas durante la noche si se constataban sus domicilios y que no tuvieran antecedentes. La fiscal de turno es Alejandra Mángano, pero el juzgado no le corrió vista para dictaminar.

En todas las comisarías había manifestantes heridos. En el caso de Artacho, la atención médica demoró cerca de cuatro horas y recién fue una ambulancia cuando Myriam Bregman se presentó a reclamar. En la comisaría 4 había un hombre detenido que vive en situación de calle que padece tuberculosis y estaba en muy mal estado de salud y terminó hospitalizado. Al menos un menor de edad militante de una organización social fue detenido y llevado al Instituto de Menores Inchausti, pero Torres ordenó liberarlo.  

Con las detenciones del jueves último, que fueron 44 y quedaron a disposición de Claudio Bonadio, el criterio fue que la mayoría de las personas permanecieron detenidas como mínimo un día. La mayoría fueron detenidos al azar, incluso eran personas que no participaban de la manifestación. Catorce terminaron excarcelados pero igual serán indagados en las próximas semanas. El resto fueron indagados durante el fin de semana. Hasta ayer de ellos quedaban cuatro en prisión, dos de los cuales viven en la calle. A todos se les imputan delitos como “intimidación pública”, “atentado y resistencia a la autoridad”, “lesiones” y “daños”. Los organismos suponen que el juez Torres tendrá un temperamento distinto. Pronto se sabrá.