Cuando hay noticias malas para la Casa Rosada, Comodoro Py sale al rescate. Esta vez, a través del juez Julián Ercolini, quien dispuso la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza por el delito de fraude contra la administración pública. En sí mismo el delito tiene una pena mínima baja, dos años de prisión, por lo tanto es usualmente excarcelable, pero el magistrado ordenó la detención porque sostiene que los dueños de Oil Combustibles intentaron vender las acciones, algo que fue público y conocido, o que buscaron el concurso de acreedores, lo que se hizo por vía judicial, más allá de que se haya rechazado el concurso en esencia por haberse presentado en la provincia de Chubut. Lo concreto es que Ercolini consideró que eso muestra capacidad de obstruir el expediente. Las cifras de blanqueo de los grandes empresarios son una muestra de cómo evadieron al fisco y la propia familia del presidente Mauricio Macri carga con la imputación de armar una convocatoria en el Correo Argentino y escabullirle al Estado unos 70.000 millones de pesos. El hecho de que los únicos presos sean los vinculados al gobierno kirchnerista evidencia cómo es la actuación en Comodoro Py. 

La ecuación es así: cuando el Ejecutivo entra en problemas, está a la defensiva por la reforma previsional y se producen cacerolazos y protestas, la alianza judicial–político–mediática produce algún hecho para intentar un cambio de clima. En el edificio de Comodoro Py era un secreto a voces que Ercolini iba a dictar el procesamiento de Ricardo Echegaray, De Souza y Cristóbal López por el supuesto fraude contra la administración pública a raíz del impuesto a la transferencia de combustibles de la empresa Oil. El monto del dinero reclamado por la AFIP son 8.000 millones de pesos, cifra parecida a la que blanquearon algunos de los empresarios más conocidos. 

El magistrado ordenó las detenciones porque considera que López y De Souza realizaron maniobras para esquivar a la justicia, entre ellas la venta de la empresa, el primer concurso –con sede en Comodoro Rivadavia– y la venta del Banco Finansur que, según el juez, motivó un pedido posterior de autorización y no un pedido previo. Durante los últimos dos meses, pero especialmente la semana pasada, Ercolini acogió las presentaciones del abogado de Indalo, el grupo que conducen López y De Souza, para que se permita la venta de las acciones y se ponga en marcha un plan para rescatar las empresas de una situación difícil. Ercolini no rechazó de plano esos pedidos sino que consideró que los empresarios debían presentar más documentación. Sin embargo, ayer consideró que son todas maniobras para eludir la inhibición de bienes y en función de ese criterio es que libró las órdenes de captura.

En el fondo mismo de la causa hay una distinción curiosa. Ante la deuda por el impuesto a los combustibles, la AFIP le otorgó a López–De Souza un plan de pagos, similar al otorgado a más de cien empresas. Fueron cuotas que Oil empezó a pagar normalmente. La hipótesis del expediente es que el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, no tenía facultades para otorgar ese plan de pagos y por lo tanto hubo defraudación al Estado. Es por eso que la causa está en el fuero federal. La misma situación se dio con el Correo Argentino, de la familia Macri. En este caso también la AFIP, bajo la conducción de Echegaray, le otorgó un plan de pago a la familia del Presidente. En este caso la hipótesis del expediente es que Echegaray sí tenía facultad para otorgar el plan de pagos y que por lo tanto no hubo defraudación al Estado. En el caso del Correo hoy por hoy el centro está en la quiebra, o sea en la justicia comercial, mientras que hay una causa en la justicia federal sin demasiado movimiento.