La Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) advirtió, a través de un informe al que accedió PáginaI12, que el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno afectará el sistema de salud. Según el informe, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), introducida en el proyecto como un caballo de Troya, permitirá implementar la Cobertura Universal de Salud (CUS), similar al Programa Médico Obligatorio que rige para las obras sociales y la medicina prepaga, pero en el ámbito público, es decir, con un techo a los beneficios, y determinará qué prestaciones médicas serán cubiertas por el sistema de salud en su conjunto y cuáles quedarán fuera, ampliando la brecha entre quienes pueden costearse los tratamientos y quienes no. Además, señala que el organismo, integrado por representantes de las prestadoras, funcionará como tapón para los amparos judiciales –muchas veces la única vía para acceder a una práctica médica o un medicamento– con un claro conflicto de intereses: los mismos a quienes se reclama serán quienes decidan sobre los reclamos.

En diálogo con este diario, el presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak, aseguró que la iniciativa “es una transferencia del bolsillo de los enfermos a los laboratorios y las empresas de medicina. Un modelo sanitario donde ya no hay derecho a la salud sino a las prestaciones que se cubren, contrario al modelo que aún rige universal y gratuito”. Además, señaló que tal cual está planteada la Agencia, como órgano de consulta en los procesos judiciales, quienes decidirán sobre la cobertura serán los representantes de las obras sociales y prepagas a las que se le reclama la cobertura.

El informe El impacto en salud de las reformas precarizantes: la reforma laboral, de la FSS, señala que la cuña que permitirá al gobierno avanzar sobre el derecho de los ciudadanos al acceso a una salud pública integral es la creación de la Agnet, un organismo descentralizado con autarquía económica, financiera y personería jurídica propia, en la órbita del Ministerio de Salud. 

Según el proyecto, el organismo será el encargado de la “realización de  estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PMO”. Es decir, será quien determine cuáles prestaciones médicas serán cubiertas por el sistema de salud.

“La agencia, tal cual está planteada –explicó el titular de FSS– intervendrá antes de la inclusión de una práctica o procedimiento dentro del PMO impidiendo que se incluyan por ley nuevas prestaciones. Le están diciendo al poder legislativo que no legisle más derechos, que son ellos quienes van a decidir qué se puede incluir”. 

En este sentido, el informe remarca que desde la creación del PMO se han incorporado prestaciones mediante iniciativas legislativas, como la cobertura al 100 por ciento de todos los métodos anticonceptivos; la Ligadura de trompas y vasectomía; las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y sífilis, entre otras.

Kreplak remarcó que “la Agnet será quien dirima en los procesos judiciales cuando se evalúen cuestiones sanitarias, ya que sus decisiones tendrán carácter vinculante al evaluar el costo efectividad de las prácticas médicas. Y es grave porque cuando haya reclamos por la falta de cobertura o por el reclamo de una medicación, serán los representantes de las obras sociales y la medicina privada quienes intervengan, cuando hay un claro conflicto de intereses”, y advirtió que “ el Ejecutivo lo que hace es poner una agencia que va a estar por arriba del Poder Judicial para definir qué cosas están cubiertas. Al achicar derechos y reducir prestaciones necesitan tener este marco jurídico, para evitar que los reclamos prosperen por la vía judicial”. 

El estudio de la FSS señala también que el proyecto equipara al sector de salud público con el PMO al introducir el termino “conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público”, algo que no existe porque no hay un número determinado de prácticas cubiertas sino un sistema universal y gratuito que cubre toda práctica existente. Pero es el modelo al que apunta la incipiente CUS, presentada en octubre por el anterior ministro, Jorge Lemus.

Según el sanitarista de la FSS, “la CUS apunta a desfinanciar el sector público directo de la salud, disminuyendo la oferta que los hospitales y centros de salud, porque se trata de un cambio de modelo de financiamiento a través del cual se deja de subsidiar la oferta y se traslada a un subsidio de la demanda. Se va a pagar por el consumo de servicio de salud, como ocurre con el que tiene obra social o prepaga”.

Además, señaló que “como la Agencia va a intervenir después de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica que depende del Ministerio de Salud), puede ocurrir que se autoricen productos que después la Agnet, si son demasiado costosos, los excluya del PMO y sólo accedan quienes los puedan pagar”, y remarcó que “esto sería distinto si la Agencia fijara precios máximos de venta y el Estado pudiera tener intervención en la regulación de las tecnologías. Pero acá regulan por la exclusión de los derechos”.