Tras identificar a todos los detenidos, pedir sus antecedentes y ordenar que sean revisados por un médico legista, el juez federal Sergio Torres dispuso la libertad de los 86 arrestados en la protesta contra la reforma previsional, que si bien volvieron a sus casas quedaron imputados en una causa por intimidación pública, resistencia a la autoridad y lesiones. El criterio del magistrado fue no indagarlos sin pruebas de que hayan cometido un delito. Como sucedió en anteriores manifestaciones en las que hubo arrestos al voleo, ayer los abogados defensores de varios detenidos denunciaron que se repitió esta mecánica. Junto con la decisión de no retenerlos, el juez pidió el arresto de Sebastián Romero, el ex candidato del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados que fue filmado cuando disparaba con un mortero casero contra las fuerzas de seguridad. 

De esta manera, los detenidos fueron recuperando su libertad a partir de la madrugada de ayer. El último, ya por la mañana, fue un joven que  permanecía internado por una lesión en la nuca.

El enfoque del juez fue así muy distinto al empleado recientemente por su par Claudio Bonadio, que estiró hasta cuatro días el encarcelamiento de los detenidos de la marcha por Santiago Maldonado, a los que luego la Cámara de Apelaciones desprocesó tras advertir que les habían atribuido una serie de delitos sin sustento. 

El proceso de liberación fue mucho más rápido, también, que el que se registró tras la marcha del jueves 14 de diciembre. “La movilización posterior fue central. En los cacerolazos se cantaba contra la reforma, pero también ‘largá los presos’”, evaluó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi). 

Su colega Nicolás Tauber, de Liberpueblo, señaló que entre sus defendidos “hay un chico de 19 años que es cartero de Andreani y lo agarraron cuando volvía de trabajar a su casa. Estaba metiendo la llave en la cerradura cuando la policía lo golpeó y se lo llevó. Está con un ataque de pánico porque fue una cosa muy violenta”. 

“Él abrió la puerta, entró y lo sacaron. Los vecinos me avisaron, cuando bajé vi que lo habían tirado al piso y me pedía, llorando, que no lo dejara solo. Se lo llevaron en un celular, donde había un chico menor de edad esposado. Todos los que estaban en esa camioneta estaban esposados”, contó una de sus familiares a los abogados. 

Tauber agregó que otro de sus defendidos recibió el impacto de una bala muy cerca de los ojos, y se salvó por muy poco de convertirse en el cuarto manifestante en perder un ojo (ver nota aparte). “Lo que notamos y quedó registrado es que a mucha gente le dispararon directamente a la cara desde una distancia cercana”. 

Esteban Fainberg y Mariana Volpi, abogados de la Procuración Penitenciaria de la Nación, recorrieron las comisarías para constatar las condiciones de detención y el estado de los detenidos. Así registraron los siguientes casos: 

  •  Un detenido mayor, de unos 70 años, que estaba muy desorientado y  parecía con algún problema en su memoria. Pudo contar que estaba parado sobre la calle Solís y que allí no había nadie más cuando la policía se lo llevó. Pudieron ubicar a su hija, que fue a buscarlo. 
  •  Un chofer de una empresa de fletes fue llevado con la camioneta incluida. Sus empleadores lo habían mandado a hacer un viaje –tenía que llevar unos bombos a la plaza–, y estaba esperando para hacer el viaje de regreso, en la esquina de Rivadavia y Paraná. 
  •  Un indigente que sufría de tuberculosis, que debió recibir atención de los médicos del SAME. 
  •  Un empleado que también volvía de trabajar, salió del subte, caminó media cuadra y lo agarraron. Los funcionarios de la Procuración Penitenciaria les facilitaron a los detenidos sus teléfonos para que se comunicaran con sus familias.