"Andá a las marchas, puta. Ni una menos jaja". El mensaje quedó pegado en la puerta de la casa donde Y. vive con sus hijos. La mujer fue víctima de violencia machista durante más de diez años. Desde 2016, denunció al menos tres veces a su ex pareja y el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) la asistió y tramitó un botón de pánico. Recién cuando la madrugada del 16 de octubre tres hombres entraron a su casa de Empalme Graneros a robar, ordenarle que "entregue" las denuncias contra Juan José A., amenazarla con abusar de ella y dejarle la nota, la Justicia mandó a detener al agresor como instigador del suceso. Sin embargo, en primera instancia se ordenó una prisión domiciliaria a pocas cuadras de la casa de la víctima, desoyendo las recomendaciones de profesionales del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) y el IMM que hablaban de "extremar las medidas de protección" ante el caso de "vulnerabilidad". Ayer, el camarista penal Gustavo Salvador ordenó que se revoque esa decisión y el acusado permanezca en prisión preventiva efectiva, ante la gravedad del caso que tiene al hombre de 49 años imputado por amenazas, incumplimiento de la prohibición de acercamiento y robo en poblado y en banda, como ideólogo.
Los hostigamientos que sufrió Y. se dieron generalmente en lugares públicos. Otros, fueron llamados telefónicos del agresor que pudieron comprobarse al ser captados en horas de la tarde y la madrugada por antenas de Fray Luis Beltran, donde el acusado trabajaba. Así, las denuncias de la mujer generaron "tres legajos abiertos con cinco hechos" en el Ministerio Público de la Acusación.
Sin embargo, pese a esas advertencias a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, el acusado recién fue arrestado por otra Fiscalía, días después del robo y hechos de violencia extrema contra la mujer.
El acusado, con quien Y. tiene dos hijos, tenía prohibición de acercamiento, desde septiembre de 2016. Pese a los incumplimientos, la mujer solo logró acompañamiento del municipio y un botón para activar cuando se sentía en peligro. El 13 de noviembre, detenido por el fiscal de Investigación y Juicio, Nicolás Foppiani, se lo imputó por las amenazas contra la mujer, desobediencia y robo calificado.
Recién desde ayer, Y. puede dormir tranquila: el juez Salvador ordenó prisión efectiva para el agresor. La evidencia que alertó al camarista, es clara: tres informes de profesionales especializados en violencia de género, el testimonio de la víctima, el de una amiga y de su pareja. Los informes, realizados por el IMM y el CAJ, que el magistrado valoró como "contundentes", ya que descartan "fabulación" por parte de la víctima y "le asignan verosimilitud al discurso".
Además, Salvador tuvo en cuenta el incumplimiento de una restricción de acercamiento por parte del acusado, que había sido ordenada por un juzgado de Familia. También consideró que si el acusado pudo instigar a otras tres personas a cometer el delito del que se lo acusa, estando en prisión domiciliaria podría volver a hacerlo.
Argumentó que "las especiales circunstancias de violencia de género, donde hay intimidaciones e intención de amedrentar a la víctima para complicar la entidad probatoria, requiere extremar las precauciones".
