Desde Santa Fe

El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, reveló ayer la trama política en la que Miguel Lifschitz firmó el "Consenso Fiscal" ante Mauricio Macri: "No fue un consenso, hubo una imposición", "una coerción a los gobernadores". Y apeló a la figura del "barco que se hunde" para explicar las presiones de la Casa Rosada y por qué el gobernador aceptó el pacto. El salvataje de la "tripulación" sonó a metáfora de la gobernabilidad. "Lifschitz fue el último que firmó". Y si no firmaba, "Santa Fe se quedaba sin la compensación (del déficit) de la Caja de Jubilaciones, sin el Fondo Sojero, seguía adelante el juicio de la provincia de Buenos Aires contra las provincias que no firmaban" y corría riesgo el pago de la deuda de la Nación con Santa Fe que ya supera los 51 mil millones de pesos, entre otras cosas. "¿Cómo hacer para pagar los sueldos públicos y que siga funcionando el Estado normalmente? "Hubiesen estado en peligro las prestaciones en salud, educación, seguridad y justicia".

Bonfatti redobló las críticas a Macri en su balance parlamentario del año, en el que comparó el clima de "diálogo y respeto" en la Legislatura "con los hechos ocurridos en el Congreso" que sacó la reforma previsional militarizado y en medio de una represión sin precedentes en democracia. "Los santafesinos damos un ejemplo de lo que es dialogar, convivir y disentir, siempre con respeto. El diálogo transforma, es lo que practicamos en la Cámara de Diputados. Y no es menor que se hayan presentado 1.038 proyectos, 365 leyes y 141 fueron aprobadas. Esto habla de un trabajo responsable", agregó.

Una de las leyes pendientes es el "Consenso Fiscal" que Lifschitz firmó con Macri y el gobernador incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias. "¿Qué tratamiento puede tener en la Legislatura?", preguntó un colega. Bonfatti sorprendió con el destape de las presiones a Santa Fe. "No fue un consenso, hubo una imposición", dijo. Y después por la emisora LT10 subió el tono y lo calificó como "una coerción a los gobernadores".

Para explicar el operativo de la Casa Rosada y por qué Lifschitz aceptó el pacto, Bonfatti utilizó la figura del "barco que se hunde" y hay que "salvar a la tripulación". Una metáfora de la gobernabilidad. "Si Santa Fe no firmaba, se quedaba sin (la posibilidad de compensar el déficit) de la Caja de Jubilaciones, sin el Fondo Sojero, sin los 80 mil millones de pesos a repartir de bonos compensatorios, seguía el juicio de la provincia de Buenos Aires contra las provincias que no firmaran, la incertidumbre en los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos" y "el no reconocimiento de la deuda de la Nación con Santa Fe" que ya supera los 51 mil millones de pesos. Era una pérdida para la provincia y fundamentalmente para los 120 mil trabajadores públicos" y "hubiesen estado en peligro las prestaciones en salud, educación, seguridad y justicia".

"¿Cómo hacían las provincias para pagar sueldos y que siga funcionando normalmente el Estado?", se preguntó Bonfatti. "Por eso digo que esto -como llamó al Consenso Fiscal‑ ha sido una imposición y una coerción a los gobernadores para que firmen. Lamentablemente, si se mantenían firmes todos", hubieran resistido la presión, "pero Lifschitz era el único que no firmó cuando todos los demás ya habían firmado".

Acerca del trámite del pacto en la Legislatura, Bonfatti se mostró cauteloso. "El proyecto ingresó por el Senado, así que vamos a ver. El Congreso ni siquiera lo trató y ya aprobaron las reformas previsional y tributaria. Entonces, ¿cuál era el apuro a las provincias? Por eso digo que era una imposición. Además, quiero ver si el 31 de marzo, la Nación cumple con los 51 mil millones de pesos que le debe a la provincia porque ya estamos bastante cansados de promesas", advirtió. 

Acerca de la reforma tributaria, Bonfatti dijo que "no se pueden imponer las cosas. Leyes de esa magnitud que impactan sobre miles y miles de jubilados tiene que ser debatida en un contexto" de diálogo. "No se puede atropellar y resolver de un día para otro. Yo condeno a los violentos y a los provocadores. La violencia no nos lleva a ningún lado. Pero también la actitud del gobierno de querer llevar por delante y engañar a la gente porque piensan en sacarle (al Anses) entre 70 mil y 110 mil millones de pesos. ¿Quién lo pierde? Los jubilados". "Quieren resolver el déficit fiscal con la plata de los jubilados y los trabajadores, el hilo se vuelve a cortar por lo más delgado. Y eso nos preocupa enormemente".

"La teoría del derrame ya la probamos aquí y en el mundo, no da resultados. Cuando se quita poder adquisitivo al salario y a los jubilados hay menor consumo y la inflación sigue adelante. Estamos en un fin de año con problemas y si seguimos por este camino, se van a profundizar aún más esos problemas de la Argentina", concluyó.