Una denuncia del secretario de Gestión Pública provincial a la Fiscalía Regional Nº 3 sobre una millonaria cadena de fraudes inmobiliarios desembocó ayer en catorce allanamientos entre Venado Tuerto, Armstrong y Rosario y permitió descubrir otra organización de guante blanco que delinquía de una manera similar a la banda de empresarios y escribanos desbaratada el año pasado en Rosario, e la causa denominada megaestafa inmobiliaria. El procedimiento fue la continuación de esta pesquisa que ya tuvo un episodio previo en agosto último. El delito consistía en apoderarse de campos y terrenos de manera ilegal, falseando datos y documentos ante la autoridad estatal, y creando falsos apoderados de los dueños originales que invocaban tener el mandato de vender la propiedad a terceros involucrados en la maniobra.
El titular de la repartición que promovió la denuncia, Matías Figueroa Escauriza, estimó que las irregularidades detectadas corresponden a transacciones con inmuebles por un monto global de 200 millones de pesos. "A través de un documento apócrifo, en el cual el dueño original de la propiedad autorizaba a un tercero a venderla, se hacía la transacción. En esta ocasión, empleados del Registro de la Propiedad detectaron algunas irregularidades en torno a los documentos presentados y, por eso, no dudamos en denunciar este hecho", dijo Figueroa.
Los allanamientos se realizaron a pedido de los fiscales de Delitos Económicos Juan Pablo Lavini y Matías Merlo, y recayeron sobre cuatro escribanías, un estudio jurídico y domicilios particulares. Doce de ellos ocurrieron en Venado Tuerto, uno en Rosario y el otro en Armstrong. En los operativos realizados en la Perla del Sur encontraron elementos que permitirían construir pruebas del delito denunciado.
A finales de agosto, el Registro General de la Propiedad detectó operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con tres lotes de terreno de campo ubicados en San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto, por un total de 454 hectáreas, y seis inmuebles ubicados en Venado Tuerto.
Para ello se usaron poderes falsos, con firmas apócrifas, irregularidades de papeles, y haciendo figurar a un escribano que había dejado la profesión tres años antes.
