Los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot imputaron cuatro nuevos hechos a cinco de los acusados en la megaestafa inmobiliaria de guante blanco. En este caso, le falsificaron la firma a una mujer
para obtener poderes de compra‑venta fraudulenta en cuatro terrenos en de Arroyo Seco. Al cierre de esta edición, los diez imputados esperaban la resolución de la jueza Raquel Cosgaya sobre los pedidos de prórroga de las prisiones preventivas que hizo la Fiscalía y de libertades que hizo la mayoría de los defensores. Para algunos, la decisión estaba casi definida, ya que Narvaja dio a conocer acuerdos con dos de los impuntados: con Jonatan Zárate se acordó que continúe preso en la modalidad de domiciliaria. Se trata de un prestanombre en al menos tres de los casos imputados. En tanto, con la defensa del sindicalista Maximiliano González De Gaetano, el fiscal acordó que permanezca en prisión preventiva hasta el juicio oral, pero que se le permitan salidas para pasar las fiestas de fin de año con su madre discapacitada, de quien está a cargo.
El fiscal aprovechó la audiencia de revisión de las medidas cautelares para achacar nuevos hechos a Roberto Aymo, el escribano Eduardo Torres, De Gaetano; el empresario Leandro "Lelo" Pérez y el escribano Juan Bautista Aliau, por otras cuatro estafas.
La primera se perpetró en marzo de 2014 e involucró un terreno de 2,5 hectáreas en Arroyo Seco, pertenecientes a María Cristina Lacava. Los únicos datos que la Fiscalía halló de la mujer es que era perito calígrafo, por lo que cobra una jubilación; que en 2011 viajó a Italia, donde vivían sus padres, y nunca regresó al país, como había hecho años anteriores. Además, el último movimiento que tiene en su cuenta es de abril de 2011, un mes después de haber llegado a Europa. Aunque no lograron localizarla, para Ansés está viva.
En este caso, Aymo hizo insertar datos apócrifos que lo ubicaron como beneficiario de un poder de Lacava. El trámite notarial fue realizado por Torres, como la mayoría de los casos. En octubre de ese año, figura la venta del inmueble de Aymo a su propio hijo, Nicolás, por 85 mil pesos. Ese trámite fue realizado por el escribano Aliau. En un segundo traspaso del bien ‑‑según la fiscalía, para hacerlo ingresar al mercado legal‑‑ Nicolás Aymo vendió el predio a Sandra Maresco ‑‑madre de una de las hijas de De Gaetano‑‑ por 200 mil pesos. En este nuevo trámite intervino el escribano Gordó, que está siendo investigado en la causa, en libertad.
En un segundo hecho, de mayo de 2014, la maniobra comenzó igual a la anterior por un campo de 18 hectáreas. La venta de Roberto Aymo a su hijo se realizó en diciembre de ese año, y ahí entró un juego un fideicomiso, llamado La Esperanza, para el loteo de viviendas. Para Narvaja, Pérez y De Gaetano "organizaron la maniobra"; mientras que dos hijos del segundo y el hijo de Aymo "participaron como prestanombres".
Los dos hechos restantes se iniciaron, también, con la firma del falso poder a nombre de Aymo, por dos predios de poco más de cuatro hectáreas. En noviembre de 2014 Aymo vendió un primer lote a su hijo, por 280 mil pesos, quien después se lo vendió a María Ester Correa, por 350 mil, en mayo de 2015. Los escribanos Aliau y Gordó hicieron los trámites de escrituración y cambio de titularidad. El segundo predio fue vendido a Andrés Martín ‑‑no está detenido en la causa‑‑, por 340 mil pesos. Y Gordó hizo los trámites.
El fiscal achacó las figuras de falsificación, uso de documento falso, estafas y lavado agravados por ser funcionario público (en caso de escribanos) y por conformar asociación ilícita, al resto.
En su momento, la jueza Mónica Lamperti ordenó prisiones preventivas por 60 días para Aymo, López, Torres, Gaetano, el empresario Marcelo Jaef y Aliau (semanas días atrás se le dio domiciliaria por problemas de salud); también para el agente bursatil Jorge Oneto y para Zárate. En tanto al escribano Luis María Kurtzemann y al gerente de diario La Capital, Pablo Abdala, les dio libertad bajo fianzas.
