La Policía Federal allanó oficinas de la sede principal de la Armada y de la empresa Ferrostaal AG, en el marco de una causa iniciada por la diputada oficialista Elisa Carrió por supuestas irregularidades en la contratación de los proveedores que participaron de la reparación del ARA San Juan que finalizó en 2014. El submarino lleva 35 días perdido con 44 tripulantes a bordo. Por la desaparición también hay una causa abierta en la justicia, aunque en este caso no hubo allanamientos ni avances notorios.

El allanamiento en el Edificio Libertad fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de un expediente iniciado tras una denuncia presentada el viernes último por Carrió contra ex ministros de Defensa del gobierno de Cristina Kirchner. El operativo alcanzó también a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en el centro porteño.

Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, entre ellos el ARA San Juan. En su denuncia, Carrió sostuvo que tenía información “para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas”.

Los funcionarios acusados por Carrió fueron los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FpV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como así también el ex ministro Arturo Puricelli. 

El arreglo “de media vida” del submarino ARA San Juan comenzó a fines de 2008 y terminó en mayo de 2014, cuando la nave fue trasladada hacia Mar del Plata. Entonces se inició el período de pruebas hasta octubre de 2015, cuando Tandanor, la empresa encargada de la reparación, hizo la “entrega parcial” del submarino a la Armada. Luego empezó la “etapa de garantía”, que duró seis meses hasta la entrega definitiva, que se concretó en 2016, ya durante el gobierno de Cambiemos.

Rossi aseguró que la denuncia “es una maniobra para desviar la atención” de las sesiones en el Congreso en las que finalmente se votó el ajuste a los jubilados. Explicó que la presentación judicial es “incoherente” y se basa en un supuesto informe de 2016, por lo que también en la denuncia se debería incluir a los ministros Julio Martínez y Oscar Aguad.