La represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza comenzó ayer temprano, mientras doscientos empleados, que reclamaban la reincorporación de 400 despidos, el pago de los haberes de noviembre, diciembre y el aguinaldo, se proponían cortar el puente sur de la ciudad de San Pedro, una de las salidas de la ruta 34. Alrededor de 300 agentes de la policía provincial avanzaron contra los manifestantes disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos 17 personas fueron apresadas durante el operativo. Poco después el juez interviniente dictó la captura de toda la comisión directiva del sindicato de La Esperanza. A la noche, Sergio Juárez y Néstor Bautista, secretario general y secretario gremial del gremio se entregaron para que se pudiera abrir una instancia del diálogo con el Gobierno. Fabian Alerete, abogado del sindicato, también fue detenido.   

  Por la tarde, luego de la represión, el gobernador Gerardo Morales dio una conferencia de prensa en la que pidió a los trabajadores que no tomen el ingenio para que se pueda vender la producción y calificó como “delincuentes” a los gremialistas que encabezaron la protesta. Los sindicalistas reclamaban un canal de diálogo para resolver la situación de 937 familias.  

“Los trabajadores no habían completado el corte cuando la policía empezó a reprimir, desde dos frentes diferentes, acorralándonos. Fue una cacería feroz porque les tiraron los caballos encima para detenerlos. Las camionetas, por su parte, encerraban a las motos de los empleados con el mismo fin”, denunció ante PáginaI12 Julio Gutiérrez, uno de los participantes de la protesta e integrante del Centro de Acción Popular Olga Arédez. Desde el bloque de Diputados del Frente Unidos y Organizados, por su parte, repudiaron el “desproporcionado operativo represivo” y la “persecución gremial lanzada por el gobierno de Morales”. Denunciaron, además, que en medio del proceso de quiebra y venta del Ingenio, el gobierno provincial decidió “no poner un peso más” y, por lo tanto, no hacer frente al compromiso público y social de sostener la vida de la empresa azucarera ni pagar los sueldos, anuncio hecho con bombos y platillos por el propio gobernador Morales, quien el 1 de diciembre selló el traspaso de la empresa por 85 millones de dólares y un convenio de inversión por otros 350 millones. “Hay situaciones que debemos ordenar”, agregó en aquel entonces, anticipando el ajuste. Apenas anunciada la venta, la administración del Ingenio envió los telegramas de despido.

El juez que ayer dictó la orden de captura contra la cúpula del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar adelantó que se tomará 120 días para analizar si la propuesta de compra de la empresa colombiana Omega Energy International es compatible con la estructura del ingenio.

“Como es costumbre en los gobiernos de Morales y de Mauricio Macri ya salieron las órdenes de detenciones tanto para el secretario general, que soy yo, y para mi secretario gremial, Néstor Bautista”, había advertido durante la jornada Sergio Juárez.