El Ministerio de Trabajo ordenó la conciliación obligatoria en el conflicto del Banco Provincia y abrió una impasse de 15 días en las medidas de fuerza, mientras permanezca congelado el ajuste sobre la caja previsional del Banco Provincia (Bapro), votado de forma exprés por las cámaras legislativas bonaerenses. La Bancaria confirmó que aceptará la convocatoria siempre y cuando la gobernadora María Eugenia Vidal no avance con “la reglamentación o aplicación” de la norma que extiende la edad jubilatoria de 60 a 65 años y elimina el 82 por ciento móvil para los empleados de la entidad bonaerense. 

“El sindicato va a acatar siempre que se respete la tregua, pero ni bien se rompa se volverá a las medidas de fuerza”, confirmó a PáginaI12 el delegado general de los trabajadores del Bapro, Fernando Verón, al levantarse el paro extendido hasta el viernes. De esta manera, la cartera laboral consiguió frenar la huelga que dejaba sin atención a los usuarios del Bapro hasta después del feriado de Navidad.

La ley aprobada primero en la Cámara de Diputados, con 44 votos oficialistas y ninguno de la oposición, y pocas horas después en el Senado provincial, reduce del 82 al 70 por ciento el haber de los jubilados, y extiende la edad jubilatoria de 60 a 65 años en un período de diez años, bajo el argumento de que la caja previsional del Banco Provincia generaba un “hueco” de 5 mil millones de pesos anuales, que cubrían las arcas provinciales.

“Entendemos que no sólo están en peligro nuestros derechos sino también la existencia del Banco Provincia como entidad pública”, advirtió el delegado Verón, quien subrayó que la ley impulsada por Vidal deja en manos de la entidad bancaria la obligación de cubrir con sus utilidades la caja previsional, y agregó: “Por primera vez, la Provincia se deslinda de la responsabilidad de cubrir los derechos previsionales de los empleados”. 

“Ningún banco privado tiene la obligación de cubrir su caja previsional y, en un sistema financiero argentino que es altamente competitivo, no se podrá competir con la banca privada. Sería el principio del fin”, insistió el delegado.

En el mismo tono, Verón coincidió con las advertencias formuladas por los diputados de los bloques opositores y los gremios ATE y Suteba, que acompañaron la movilización a la Legislatura, y que consideraron que “esta reforma del Bapro es la punta del lanza para reformar todo el sistema previsional de los trabajadores estatales de la provincia. El paso siguiente y necesario para este gobierno sería avanzar contra el Instituto de Previsión Social”. “Es el modus operandi de los gobiernos provincial y nacional, generar antecedentes negativos para luego generalizarlos”, agregó. 

La Bancaria confirmó las condiciones para aceptar la conciliación y denunció que la cartera encabezada por Jorge Triaca amenazó al gremio dirigido por Sergio Palazzo con “suspenderle la personería gremial” en caso de no aceptar la tregua. El gremio rechazó la advertencia y afirmó que “la situación ha sido originada por el Estado provincial, que rechazó la propuesta de que la ley fuera analizada en una comisión especial con participación de los distintos bloques”.

“Lo lamentable es que dentro de esos legisladores existen empleados del banco que votaron en contra de sus propios compañeros”, expresó el gremio, que replicó “el clamor” de la asamblea de los trabajadores que declaró persona no grata a la diputada Carolina Píparo, tal como lo había hecho con la gobernadora Vidal. Píparo fue víctima en 2010 de un robo a la salida de un banco platense y perdió un embarazo a causa de los disparos que recibió. Tras aquel hecho, el ex gobernador Daniel Scioli le otorgó un puesto en el Bapro. “Todos los empleados la cobijaron en su desgracia. Ayer, nos agradeció votando la ley de Vidal que destruye nuestra Caja de Jubilaciones y a nuestro Banco Público. No vuelvas más por acá”, le dedicaron sus ex compañeros en un cartel que se multiplicó en las paredes del banco.