Los proyectos de reforma tributaria, previsional, laboral, revalúo/ajuste por inflación y el acuerdo con los gobernadores no pueden ser analizados de manera aislada y cada uno por su lado, como si fueran piezas sueltas y desintegradas que no se relacionan de modo alguno. Claramente constituyen un plan. Un plan que no se inicia ni se agota con la sanción de estas leyes, sino que consolida un camino que el gobierno ha venido trazando desde su asunción.  

El gobierno comenzó con la reducción de las retenciones al campo y las mineras en el contexto de una mega devaluación, los cambios en ganancias de personas físicas (que de la promesa de eliminación del impuesto sobre los trabajadores terminó ampliando el número de los que pagan), la supuesta reparación histórica a los jubilados, la reducción del impuesto a los bienes personales y el blanqueo fiscal, por enumerar sólo algunas de las medidas ya vigentes. La  dirección de los cambios es siempre la misma: reducir la presión tributaria sobre los que más tienen con sustento en recomponer la tasa de ganancia y un clima de negocios “favorable” a la inversión privada y consecuentemente, ajustar los gastos públicos para reequilibrar las cuentas, empezando por el desfinanciamiento de los sistemas de contención social, con el objeto de reinstaurar un modelo económico y social de concentración del ingreso y la riqueza.

Los estudios realizados muestran que el desarrollo de las naciones tiene una correlación directa con la presión fiscal. Esto es así ya que un Estado que pretende desplegar políticas efectivas, no sólo de protección social, sino aquéllas que impulsen y contribuyan al progreso económico, requiere de recursos suficientes. La Argentina, sin embargo, en 2016 bajó su presión fiscal consolidada (del 32 al 30 por ciento), aún con el PBI contrayéndose 2,3 por ciento, previéndose que ya en 2017 perforará ese piso, lo que se profundizará con las reformas anunciadas.

Dirán que se trata de “generar las condiciones para el crecimiento de la inversión y el empleo”, apelando a los más básicos y rudimentarios fundamentos de la teoría económica ortodoxa, que forman parte de un “sentido común” de época y que una vez más, serán desmentidos por la realidad. Las medidas que el gobierno impulsa no parecen orientadas a mejorar la inversión y el empleo, ni a propender al desarrollo y la justicia social; su interés parece más ocupado en revertir la matriz distributiva del modelo heredado y refundar un país “normal”, que en su visión ceocrática significa que hay ricos y pobres, por cuna o por mérito y que así debe ser. Y por sobre todas las cosas, que el sistema tributario no debe alterar este estado de cosas, debe ser “neutro”, “eficiente” y no “distorsivo”, es decir debe aliviar su peso sobre los mejores ingresos y la riqueza acumulada. 

Los proyectos se basan en un supuesto “gradualismo”, con esquemas escalonados y definiciones y alcances que se redefinen en función de las condiciones institucionales y de política que se plantean coyunturalmente, cuyo entrecruzamiento hacen difícil dimensionar su impacto real presente y futuro, pero cuyo resultado a mayor o menor plazo es contundente: va a redundar negativamente sobre el tesoro nacional, las arcas provinciales, las municipales y la Anses. Por ejemplo, se acuerda con los gobernadores destinar la recaudación del llamado impuesto al cheque a la Anses, pero en la reforma tributaria se le restan ingresos por el mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Por otro lado, se promueve -por fuera de la reforma tributaria- el revalúo impositivo que va a deteriorar la masa de ingresos de nación y provincias de modo permanente y se crea un impuesto compensatorio, pero de única vez. El mismo proyecto señala que el costo fiscal es de 2 puntos del PBI, pero que se verá reducido por el efecto crecimiento de la economía. Y si tal efecto no sucede ¿se restituyen los gravámenes? Obviamente no.  

Queda claro que se revisten de supuestas buenas intenciones iniciativas que perpetúan una situación de menor financiamiento para el Estado en su conjunto y con ello se esfuman las posibilidades que éste cumpla un rol impulsor del desarrollo económico y social, frente a la vaga promesa de que lo hará el sector privado. Las consecuencias de este “combo de navidad” son previsibles: mayor regresividad social, mayor endeudamiento y/o brutal ajuste del gasto público. Plato tan amargo como innecesario.

* También firman Hugo Andrade, Roxana Carelli, Juan Fal, Alejandro Otero, Ricardo Paparas y Alejandro Robba. Investigadores de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Moreno que conforman el Foro Universitario de Estudios Fiscales.