Desde Bariloche

Más allá de la responsabilidad institucional de la Prefectura Naval por el operativo represivo en el que fue asesinado Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, la Justicia dio importantes pasos en las últimas horas para dar con el responsable del disparo que acabó con la vida del joven mapuche.

Según pudo saber PáginaI12 a través de fuentes con acceso al expediente, los primeros resultados de las pericias balísticas y sobre las armas y ropas de los ocho prefectos del Grupo Albatros que el 25 de noviembre entraron en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu dirigen la investigación hacia tres de ellos. Los tres agentes portaban armas MP-5, que disparan balas 9 milímetros.

Si bien paralelamente se está desarrollando en el predio del Tiro Federal el peritaje sobre las 24 pistolas Beretta –también con carga de 9 mm– que se secuestraron a los prefectos, el dato clave en este momento de la investigación puede surgir de los barridos electrónicos sobre las cintas de carbono, que se están realizando en el Instituto Balseiro y que permitirán determinar cuál de los prefectos disparó su arma MP-5. Los otros cinco prefectos que ingresaron en el territorio mapuche tiraron con escopetas antitumulto y armas que lanzan pelotas de pintura. Las descargas con las pistolas no están confirmadas, y habrían sido utilizadas en menor medida que los fusiles.

El trabajo en el Tiro Federal lleva ya tres días y consiste en contabilizar los cartuchos existentes en las pistolas secuestradas con posterioridad a la represión en Villa Mascardi. Se efectúan tres disparos con cada una de las armas para, en una etapa posterior, comparar esas vainas y proyectiles testigos con la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel.

La tarea es minuciosa: hasta este jueves se habían extraído 51 vainas, y la pericia continuará por varios días más.

Para una de las abogadas de la familia del joven mapuche asesinado, Julieta Wallace, “es tan importante el trabajo sobre las MP-5 como sobre las pistolas”, ya que si bien los testimonios recabados hasta el momento hablan de disparos con balas de plomo realizados con armas largas, no debe descartarse el uso de las pistolas Beretta.

Al mismo tiempo, se diligencia otra medida clave: el barrido electrónico sobre las cintas de carbono que determinarán, a partir de los rastros de pólvora en las manos, cuáles de los prefectos realizaron disparos.

Las muestras de carbono se tomaron pocas horas después de comprobado el fallecimiento de Rafael Nahuel, en una estación de servicio ubicada a pocos metros del territorio de la comunidad mapuche, bajo la supervisión del juez interviniente en el caso, Gustavo Villanueva.

De acuerdo con lo revelado oportunamente por este medio, la cantidad de cintas utilizadas en cada uno de los agentes del Grupo Albatros fue menor al número establecido como parámetro de calidad para esta pericia.

Pedido rechazado

La Cámara Federal de General Roca rechazó el pedido de la Fiscal Silvia Little –avalado en un dictamen por el fiscal ante la Cámara, Mario Sabas Herrera– para que se revoque la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González. La solicitud se basaba en una supuesta posibilidad de fuga de los dos jóvenes que aún se encuentran imputados. Ellos fueron quienes bajaron desde la montaña hasta la ruta el cuerpo herido de Rafael Nahuel. “Se nos murió en las manos”, declaró oportunamente González, tras relatar que, al ver a Nahuel herido, improvisaron una camilla para llevarlo hasta la ruta. Una vez allí se entregaron sin oponer resistencia.

Los argumentos brindados por la fiscal Little y sostenidos por el fiscal Sabas Herrera para volver a encarcelar a Jones Huala y González contradicen todos los datos surgidos de la inspección ocular realizada en la comunidad. La representante del Ministerio Público Fiscal aseguró en su escrito que el 25 de noviembre existió en el territorio “resistencia armada contra la autoridad, violencia desplegada y el concreto peligro para la fuerza federal atacada que se encontraba resguardando el lugar”. Nada de eso ocurrió. Tanto del rastrillaje como de los testimonios tomados por el juez y las partes se desprende que no existió enfrentamiento alguno, no se pudo verificar la existencia de armas de fuego en manos de la comunidad mapuche, y no hubo ningún miembro de las fuerzas de seguridad federales herido.

Por esos motivos, la Cámara resolvió rechazar el pedido de los fiscales y permitirá a Jones Huala y González continuar el proceso en libertad.