El pacto fiscal, que firmaron la Nación y los gobernadores, con excepción del de San Luis, aguardaba en la madrugada de hoy para ser ratificado y convertido en ley en la Cámara de Diputados. El tratamiento de este acuerdo se combinó con los proyectos de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno dentro de un paquete que se convertiría en ley, según los cálculos del oficialismo que contaba con el apoyo del Interbloque Federal y el massismo. Este paquete fiscal apunta a poner un límite al crecimiento del gasto en las provincias, diferenciando entre las que tienen superávit y aquellas que en déficit, se las obliga a  bajar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, y Ganancias pasa a ser coparticipable en su totalidad, con lo cual se elimina el porcentaje de ese tributo que se trasladaba como recursos a la Anses. También se prórroga el Impuesto al Cheque que iría a compensar parcialmente lo que se le quita de recursos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El Gobierno se mostraba confiado anoche de que el denominado Consenso Fiscal fuera aprobado sin problemas ni modificaciones, ya que se trata de un acuerdo que había sido pactado con los gobernadores. Ya el debate en comisión del día anterior había sido una mera formalidad y obtuvo dictamen de mayoría sin cambios de importancia. 

El convenio con las provincias los fuerza a bajar hasta un 1,5 por ciento del PBI impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, al tiempo que esas gobernaciones deberán mantener el gasto términos reales constante -no superar la inflación-durante los próximos años. En el pacto se le otorgó a la provincia de Buenos Aires 40.000 millones de pesos el año próximo y 65.000 millones el siguiente por la deuda del Fondo del Conurbano. Luego se deroga el artículo 104 de Ganancias, que establecía que 10 por ciento de lo recaudado por este tributo debía ser destinado a Buenos Aires y el 20 por ciento al FGS de la Anses. Como contrapartida las provincias suspendían las demandas judiciales contra Nación, esto implica una deuda de 400.000 millones de pesos que desistirá Buenos Aires y de 340.000 millones del resto de las provincias. 

El entramado impositivo, los compromisos y las compensaciones que contiene este acuerdo dejan sin red de contención al FGS que, sólo por lo convenido en el denominado Consenso Fiscal, dejará de percibir entre 50.000 y 100.000 millones de pesos por año. El monto surge de lo que dejará de percibir por su cuota del Fondo del Conurbano y de cuánto pueda ser compensada esa pérdida por un incremento en su participación en lo recaudado por el impuesto al cheque, una alícuota que el gobierno de Cambiemos aseguró que eliminaría paulatinamente. Pese a que las provincias dejarán de percibir ingresos por impuestos que se reducen o eliminan, la apuesta de los gobernadores es poder refinanciar sus deudas. Desde el bloque del FpV-PJ advierten sobre una clara intencionalidad de consolidar pasivos para luego abrir el grifo de endeudamiento para las provincias que tengan que compensar sus déficits.