La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso “inadecuado” y “desproporcionado” de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra la reforma previsional. El organismo de la OEA difundió un comunicado en el que recordó que “la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”. En este sentido, advirtió que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”. 

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron además un llamado a las autoridades “a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante esas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes”.

El texto dado a conocer habla específicamente de dos operativos represivos. El 14 de diciembre fue el día en que, al no poder mantener el quorum, se cayó la primera sesión de Diputados para aprobar el ajuste jubilatorio. Como se recordará, esa tarde hubo una multitudinaria movilización convocada por las dos CTA y la Corriente Federal a la que adhirió la CGT. Los manifestantes fueron corridos de la plaza del Congreso con gases y balas de gomas al ingresar al lugar, y aunque luego lograron reingresar, volvieron a ser desalojados violentamente. 

“Según la información recibida por la CIDH, varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza”, indicó el comunicado. 

La segunda referencia es a la represión de este lunes, en la que hubo choques con los manifestantes y más de 70 detenidos. 

El viernes pasado, entre una y otra represión, un grupo de casi cuarenta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos -entre ellos Naturaleza de Derecho, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE nacional) y APDH Córdoba- habían presentado un escrito ante la CIDH solicitándole que advirtiera al Estado argentino que estaba violando “los estándares de protección de los derechos humanos en materia de protesta social”. En la petición detallaron ampliamente los hechos ocurridos. 

En el comunicado difundido ayer, la Comisión hizo hincapié en que los operativos de seguridad “deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo”. 

“La actuación policial, en estos contextos debe orientarse a facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes”, se señala por otra parte.

La Relatoría hizo especial mención de la violencia de los efectivos contra periodistas que registraban los hechos. “Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación”. 

Los especialistas recordaron finalmente que en democracia, “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.