“No tengo la intención de callarme”, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, tras inaugurarse ayer el juicio contra ella en París, en la que está acusada de haber permitido por negligencia la malversación de fondos públicos cuando era ministra de Finanzas de Francia. 

En caso de ser declarada culpable, Lagarde, de 60 años, puede ser condenada a un año de prisión y al pago de una multa de 15.000 euros (unos 15.800 dólares). Además, quedaría en entredicho su permanencia al frente del FMI. 

El abogado de Lagarde, Patrick Maisonneuve, solicitó el aplazamiento del juicio con el argumento de que las investigaciones sobre estafa aún no han concluido, por lo que no estaría claro si efectivamente se malvarsaron fondos públicos. Actualmente, la fiscalía francesa está investigando a varias personas sospechosas. 

Maisonneuve señaló que tuvo que convencer a su mandante para que presentara la solicitud de aplazar el juicio. “Ella tenía el deseo de responder a las preguntas punto por punto”, explicó el abogado. Los jueces se retiraron a continuación para deliberar sobre la petición.        

En 2007, Lagarde dio luz verde a un procedimiento arbitral que decidió otorgar al empresario Bernard Tapie una indemnización por 403 millones de euros por haber sido supuestamente víctima de una estafa cuando una sucursal del banco Crédit Lyonnais vendió su participación accionarial en Adidas, el fabricante alemán de artículos deportivos.

Los críticos denunciaron que la indemnización era demasiado generosa y expresaron la sospecha de que esta le fue concedida a Tapie gracias a los contactos del empresario con políticos franceses, entre ellos el entonces presidente Nicolas Sarkozy. Entre tanto, varios tribunales franceses ya han anulado la elevada indemnización. 

Según la fiscalía, al aprobar el arbitraje en 2007 y no interponer un recurso de apelación, Lagarde había actuado de forma precipitada y sin haber analizado el asunto suficientemente.

En su decisión de enviarla a juicio, los jueces instructores consideraron que la actual directora del FMI había mostrado en este asunto “una ligereza poco admisible” al recurrir a un arbitraje que se demostraría muy gravoso para las cuentas públicas y contra la opinión de la Agencia de Participaciones Estatales (APE). Para esos magistrados, no sólo hubo “incuria” (negligencia) y “precipitación”, sino “una conjunción de faltas que por su naturaleza, su número y gravedad superan el nivel de una simple negligencia”, y frente a eso Lagarde sólo ha aportado “explicaciones poco convincentes, e incluso desoladoras”.