Librada Haedo tenía 52 años, y sufría violencia de género por parte de su marido Ramón Aráoz, ex combatiente de Malvinas, posesivo, celoso, agresivo. Lo llegó a denunciar ocho veces en la comisaría 11ª del Barrio Pujol que estaba a dos cuadras de su hogar, en la ciudad de Corrientes. Pero las causas nunca avanzaron. Un día Librada se fue de su casa a la de su hija, escapándose de los malos tratos de su marido, pero volvió, como tantas mujeres en situaciones similares, creyéndole a él que cambiaría, que esa había sido la última vez que la iba a golpear. Pero como suele suceder, hubo otra vez, que terminó siendo fatal: el 2 de diciembre de 2013, Librada resultó con el 94 por ciento de su cuerpo quemado y tras cinco días de agonía murió en el Hospital Escuela de la capital provincial. Aunque al principio la Justicia creyó la versión del agresor que alegó que ella había tenido un intento de suicidio, finamente Aráoz fue imputado por el femicidio de su esposa. Pero el caso está a punto de quedar impune: el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes acaba de avalar el sobreseimiento del femicida por considerar que el hombre no estaba capacitado para comprender la criminalidad de los hechos. Esta semana, la querella que representa a los tres hijos del matrimonio presentará un recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria para lograr que la causa llegue a la Corte Suprema y revoque el fallo.

“Estoy shockeado. Me resulta terrible pensar que el asesinato de mi mamá a manos de mi papá va a quedar impune. Uno supone que las cosas deberían funcionar bien en la Justicia pero no es así”, dijo a PáginaI12 el artista plástico Nicanor Aráoz, uno de los hijos de Librada y el femicida. Los otros dos hijos son Matías y Viviana Aráoz. Ninguno de ellos vive en Corrientes. Nicanor y Matías, en la ciudad de Buenos Aires y Viviana, en la localidad bonaerense de Punta Alta.  “En otra oportunidad sostuve como abogado que a la justicia correntina le quedó muy grande el caso, hoy puedo decir que le faltó perspectiva de género y defensa de los derechos de las víctimas”, señaló a este diario el abogado de la querella, Juan Manuel Cubilla Podestá. Aráoz tenía problemas psiquiátricos al momento de asesinar a su esposa, pero para la querella, ese cuadro no le impedía conocer la criminalidad de sus actos. Un dato significativo es que la hija contó que la noche anterior su madre la llamó anunciándole que quería dejar a su marido y mudarse con ella otra vez. Y Aráoz después de atacarla con fuego llamó a un abogado, según sostiene la querella.

El hombre está alojado desde el 4 de diciembre de 2013 en el área de seguridad del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís”, de Corrientes. En octubre, la justicia rechazó su externación. Pero los hijos temen que a partir de su sobreseimiento, recupere la libertad.

“Librada no solo fue víctima de violencia por parte de su esposo, fue ignorada sistemáticamente por el Estado y hoy se le niega a ella, y a sus hijos, la oportunidad de tener siquiera un juicio que es lo mínimo que le deben garantizar, lo mínimo que se puede pedir. Ni siquiera eso”, consideró Carolina González, del Movimiento ConGénero, de Corrientes, que acompaña el pedido de justicia de los hijos.

La investigación por el femicidio recién se inició después de que los hijos del matrimonio llegaran a Corrientes desde Buenos Aires, y se presentaran ante la fiscal Graciela Fernández Contarde –que tenía el caso caratulado como intento de suicidio– y narraran ellos mismos los antecedentes de violencia, las denuncias previas que había hecho su madre y el llamado la noche anterior del brutal ataque. Para la querella, hubo graves irregularidades en la investigación policial como el hecho de que no fue inmediatamente detenido Aráoz y la falta de custodia de la escena del crimen durante varias horas. También por parte de la fiscal, que recién a partir del testimonio de los hijos incorporó las denuncias anteriores por violencia machista contra Aráoz.

En la causa actuó la jueza Laura Varela. Casi un año después de la muerte de Librada, la magistrada  procesó a Aráoz por el delito de “homicidio agravado por el vínculo conyugal, por ensañamiento y mediando violencia de género”.

La magistrada concluyó que no podía probar que el imputado tuviera una disminución en sus facultades como consecuencia de abuso de drogas ni medicamentos, como sostuvo su defensa. Varela razonó que el elevado grado de agresividad, la elección del fuego como modalidad fatal, el horario nocturno y el sitio cerrado y abandonado denotaban la finalidad de cometer el crimen, idea que se reforzó con su actuación posterior: una vez consumado el hecho, se comunicó telefónicamente con los hijos, y atendió a un oficial de la Unidad Especial de Bomberos. “Estaba plenamente consciente de sus actos”, evaluó a este diario el abogado Cubilla Podestá.

La defensa de Aráoz apeló el auto de procesamiento ante la Cámara en lo Criminal, que hizo lugar al planteo y lo revocó, con el argumento de la duda sobre si efectivamente el imputado había comprendido la criminalidad de sus actos. La causa volvió a la jueza. La querella pidió que se profundizara la investigación, pero sorpresivamente la magistrada dictó el sobreseimiento definitivo aplicando la regla de la duda. “Todavía existían pruebas pendientes de producción. La jueza lo sobresee sin fundamentar más que en una supuesta orden de la Cámara de Apelaciones que no existió”, sostuvo el abogado de la querella.

El caso finalmente llegó a la Corte provincial: el 14 de noviembre rechazó, por cuestiones formales, el recurso de queja de la querella, avalando así el sobreseimiento del femicida. “La única vía que nos queda es la Corte Suprema de la Nación para que el femicidio de mi madre no quede impune”, dijo Nicanor, hijo de la víctima y el victimario.