Desde Santa Fe
Las facturas de la EPE vendrán recargadas en 2018. Esa es la única conclusión que salió ayer de la audiencia pública que convocó el gobierno en la que dos funcionarios de Miguel Lifschitz discreparon sobre el impacto del tarifazo que se anuncia para febrero: la secretaria de Energía Verónica Geese dijo que sería del "30 y pico por ciento" y luego lo estimó "cercano al 33 por ciento", mientras que el presidente de la empresa Raúl Stival lo calculó "en un 35,5 por ciento". Otro de los oradores, el director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), Juan Marcos Aviano no le creyó a ninguno de los dos, planteó que los promedios de Geese y Stival eran "tendenciosos, hacia la baja para justificar lo injustificable" y alertó que para los "usuarios residenciales" de la EPE (el 86 por ciento de los consumidores) el incremento será "más del 38 por ciento". "Nos están metiendo la mano en el bolsillo", agregó.
La semana pasada, una alta funcionaria de la Casa Gris admitió ante Rosario/12, con pedido de reserva de identidad, que el aumento "rondaría el 40 por ciento". Aviano dijo que en 2017, la EPE ya había actualizado las tarifas residenciales en un 72 por ciento y pidió "por favor, que eso no se vuelva a repetir" el año que viene. Geese se despachó con una promesa que habrá que ver si se cumple: dijo que el aumento EPE que ella estimó "en cercano al 33 por ciento" y Stival en "un 35,5%" "será el único que se aplicará" en 2018.
La audiencia se realizó a Recreo, a 20 kilómetros de Santa Fe, en una sala sin aire acondicionado y con una sensación térmica que a la tarde llegó a 45º. La convocó Geese, que abrió los discursos, siguió Stival y luego el gerente de la empresa, Marcelo Cassín. Recién a las dos horas aparecieron los números. En la lista se anotaron sólo seis expositores, entre ellos Aviano, el diputado Carlos Del Frade y el defensor del Pueblo Raúl Lamberto.
Del Frade pidió que "se suspenda el aumento" que propone la EPE para febrero porque "carece de legitimidad política". "La audiencia está mal planteada. Es poco transparente y poco democrática". Los oradores podían hablar "sólo cinco minutos", mientras que "los funcionarios no tenían límites de tiempo". A lo que se sumó la lejanía y el día tórrido que desgranaron la participación a sólo 40 personas. "La audiencia pública carece de legitimidad política. Vamos a reclamar que se suspenda el aumento hasta tanto no se discutan estos costos en cada departamento de la provincia", planteó el legislador.
Geese habló ayer dos veces con la prensa. Le preguntaron cuál sería el impacto en los bolsillos del aumento en combo (el costo EPE más el costo mayorista). Y ofreció dos respuestas. Primero, dijo que sería un "30 y algo por ciento" y luego lo consideró "cercano al 33 por ciento". Ahí fue cuando prometió que "va a ser el único aumento del año 2018".
La semana pasada, la EPE pidió un aumento del 15,8 por ciento en febrero. Pero ayer, Stival lo corrigió al distinguir el costo EPE y el mayorista. Explicó que ese pedido del 15,8 por ciento era sobre las tarifas vigentes en noviembre. A partir del 1º de diciembre, la Nación volvió aumentar el precio de la energía en un 36 por ciento, que "se tradujo en un aumento a los usuarios santafesinos en un 15,9 por ciento" y "a partir de febrero, habrá un segundo incremento nacional del 23 por ciento que se va a traducir en nuestra tarifa en un 6,7 por ciento". Y si bien, hace siete días solicitó una "actualización" del costo EPE del 15,8 por ciento en febrero, ayer lo bajó al 12,9 por ciento.
Conclusión: si se suman los aumentos nacionales que Stival estimó en "15,9 por ciento" de diciembre, más "el 6,7 por ciento" en febrero y el costo EPE del 12,9 por ciento también para febrero, el tarifazo sería del 35,5 por ciento. "Sí, ese sería más o menos el número en promedio", dijo el funcionario. Los impactos se verán en las facturas de febrero y abril.
Sin embargo, el director de Cesyac no le creyó ni a Geese ni a Stival. "La empresa habló de un 35,5 por ciento de aumento promedio entre el costo mayorista y el costo EPE. Pero el impacto en las tarifas residenciales va a ser más del 38 por ciento. O sea, para el 86 por ciento de los usuarios, el aumento va a ser de casi un 40 por ciento", advirtió Aviano.
"El gobierno nacional no participó en la audiencia y tiene gran responsabilidad en esta situación. Pero tampoco lo ha dicho la provincia. Ninguno nos garantiza que sea el único aumento de tarifas en 2018", explicó Aviano.