El juez federal de Campana, Adrián González Charavay, dio lugar a una medida cautelar para frenar la actividad de la central termoeléctrica Araucaria Energy, una de las dos usinas energéticas levantadas en Pilar en medio de un espacio ocupado por casas, escuelas y jardines de infantes. Para su instalación, en el barrio de Matheu, las dos centrales –que sumadas tienen una potencia de 504 megavoltios– consiguieron la ayuda de la Municipalidad de Pilar y su intendente, Nicolás Ducoté: de forma exprés, el Concejo Deliberante modificó el código de rezonificación para que puedan albergarse las dos industrias en una circunscripción dispuesta para clubes de campo. En diálogo con PáginaI12, el vocero de la organización Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis, aseguró que las plantas “tienen un impacto negativo sobre la salud humana. Pueden ir desde repercusiones negativas mínimas hasta problemas respiratorios y cardíacos severos, en especial en niños y jubilados”.
En los distintos barrios de Pilar, los sábados suelen ser bastante similares. Las familias disfrutan del aire libre en plazas o jardines. En los clubes sociales, niñas y niños pasan la tarde entre juegos y deportes. Pero unos dos mil quinientos cumplen con otra costumbre propia de la zona: a la tarde se acercan hasta Ruta Provincial N° 25 y la calle Alboradase para protestar por las dos centrales termoeléctricas instaladas, unos pocos meses atrás, a espaldas de sus casas. “La pelea empezó hace más de un año, pero muchos empezaron a involucrase hace un par de meses cuando levantaron las plantas y vieron ese monstruoso movimiento”, relató Erica Hahn, ambientalista de Autoconvocados contra la Contaminación. Además de las reuniones, los vecinos elaboraron estudios sobre el impacto ambiental, discutieron con el intendente y los concejales y hasta presentaron amparos judiciales para impedir el funcionamiento de lo que, creen, puede “generar la desaparición de barrios enteros”.
La última victoria que obtuvieron los vecinos ocurrió el jueves pasado, en los Juzgados Municipales de Campana. El juez González Charavay atendió el reclamo de los asambleístas y suspendió a Araucaria Energy –junto a APR, las dos compañías energéticas de la zona– “de la construcción de la central termoeléctrica, de su operación, y/o acopio de combustible”. En el fallo, además, el magistrado prohibió a la empresa el uso del recurso hídrico subterráneo, de la red pública y la suspensión de vertidos de efluentes líquidos.
No es la primera vez que González Charavay hace lugar a las preocupaciones de los vecinos. Días atrás, en otro recurso de amparo presentado por los residentes del barrio Matheu, Villa Rosa y otras localidades de Pilar y Escobar, el juez ordenó que la empresa APR también suspenda su actividad. En las dos medidas cautelares, los denunciantes señalaron distintas consecuencias para los casi 70 mil habitantes de la zona si se instalan las plantas: cuando ambas utilicen gasoil para hacer funcionar las turbinas (Araucaria instaló, hasta ahora, diez, seis más que APR), de allí emanarán gases al aire con combustión de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, entre otros fluidos del efecto invernadero. El ruido fue otra de las grandes preocupaciones. “Si una turbina funciona con 85, 90 decibeles, es casi imposible de imaginarse la alteración sonora en las cosas cuando las dos plantas estén en funcionamiento”, agregó Regis.
El primer paso de la instalación de estas dos centrales termoeléctricas lo dio el Ministerio de Energía de la Nación. En diciembre del 2015, luego que el presidente Mauricio Macri decretó la emergencia energética, el ministro Juan José Aranguren llamó a licitación de 40 nodos a lo largo del país. El pliego, por su parte, daba lugar para que las plantas energéticas pudieran operar tanto a gas como a gasoil.
Tanto APR como Araucaria Energy fueron beneficiarias de las licitaciones y comenzaron a buscar locaciones: Pilar apareció como una de las posibilidades más concretas. Pero, para eso, necesitaban de otra ayuda. Es que desde hace décadas, el límite entre Matheu y Villa Rosa (zona donde se asentaron las centrales electrotérmicas) permitía en su código urbano solo la construcciones de viviendas o clubes de campos. Las dos usinas, en cambio, fueron registradas para la categoría de “zona industrial exclusiva”. Por eso, en junio, el Concejo Deliberante de Pilar aprobó el cambio de rezonificación, sin brindar ninguna audiencia pública. Los vecinos estallaron y pidieron, por lo menos, participar de una comisión para evaluar el impacto ambiental. Otra vez, los votos oficialistas negaron esa posibilidad. Las dos usinas realizaron los estudios ambientales aunque no tuvieron en cuenta la presencia de la otra, pese a ubicarse a unos pocos metros.
Detrás de todas esas maniobras, cuentan los asambleistas, se encuentra el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos), quien defendió las instalaciones de las plantas en todas las oportunidades que tuvo. Ante esa respuesta del máximo funcionario municipal, los vecinos decidieron llevar su reclamo a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Las que te escribimos somos todas mamás de tu provincia, de la zona de Villa Rosa y de Matheu, de los municipios de Pilar y Escobar. ¡Por favor no firmes la autorización de las termoeléctricas a unos pocos metros de nuestros hijos, en plena zona residencial!”, indicaron en una carta. La nota enviada llevó la firma de 1.500 mujeres.
“En la Ley nacional de política ambiental (Ley N°25.675) se especifica que esta categorías de centrales deben estar alejadas de los vecinos. Se nota que las métricas no son lo suyo: acá hay sólo 500 metros de distancia entre los vecinos y las plantas termoeléctricas”, explicó a este diario Hahn. Las centrales, que pueden generar hasta 151 megavoltios más que Atucha I, necesitan casi 5 millones de litros de agua por día, por lo que los vecinos alertan sobre la provisión de agua para los barrios de la zona.
Si bien la medida judicial trajo un poco de tranquilidad, lo que reina en Pilar es la resignación. Para la ambientalista Hahn, desde el gobierno existe una necesidad que esas dos plantas termoeléctricas entre en funcionamiento en ese lugar sin importar las consecuencias. Sin embargo, cuenta, también hay una decisión tomada por parte de los vecinos. “Nosotros nunca vamos a permitir que funcionen”, completó.
Informe: Jeremías Batagelj
