A lo largo del año, distintos casos con mayor o menor repercusión pública evidenciaron el papel que ocupa la administración de justicia en la protección de los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad, la brutalidad policial ensañada con pibes pobres, el hacinamiento carcelario, los femicidios, el impacto de las tarifas en los derechos sociales, los conflictos laborales, la afectación del medio ambiente y la vulneración de las tierras indígenas fueron apenas algunos de los temas que volvieron a pasar por tribunales en 2016. Sin embargo, la sociedad no suele percibir la relevancia que tienen los poderes judiciales y los ministerios públicos para hacer realidad los derechos fundamentales, como si los mandatos de los tratados internacionales y de la Constitución recayeran únicamente en los otros poderes del Estado.
El Día Internacional de los Derechos Humanos conmemorado el sábado pasado, instaurado desde 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas, representa una oportunidad para que todas las autoridades recuerden y ratifiquen sus compromisos a la hora de adoptar políticas públicas y también al momento de tomar decisiones judiciales. En el caso del Ministerio Público Fiscal federal (MPF), el desafío que hemos asumido es continuar afianzando la función esencial de asegurar el derecho a la protección judicial y al debido proceso, y de garantizar la investigación, esclarecimiento, juzgamiento y reparación de las violaciones de derechos humanos.
En efecto, por imperativo constitucional y legal, el MPF -y cada uno de sus integrantes, fiscales, funcionarios/as y empleados/as- tiene la misión de procurar el acceso a la justicia, tanto en materia penal como no penal, y bregar por el respeto y garantía de los derechos humanos, entendidos éstos de manera integral. La efemérides amerita balances, y el resultado de los últimos años es alentador: la actuación de gran parte de los/as fiscales ha seguido como guía ineludible los estándares internacionales de derechos humanos, como lo demuestran los dictámenes presentados ante la Corte Suprema, cuyos desarrollos jurídicos de avanzada en muchos casos son receptados por el Máximo Tribunal en sus sentencias. Por su parte, las decisiones del sistema interamericano y del sistema universal se han consolidado como pautas obligatorias para la implementación y puesta en marcha de las políticas institucionales del organismo.
Es claro que el camino hacia un servicio de justicia más eficaz y respetuoso de los derechos de las personas no está exento de dificultades y obstáculos. Haber sacado al Ministerio Público de las sombras para que finalmente ocupe un lugar central en la lucha contra la criminalidad compleja y la protección de los derechos humanos sigue provocando fuertes resistencias. Pero la senda está definida. La perseverancia y tenacidad en la búsqueda de justicia de las víctimas, del pasado y del presente, seguirán siendo nuestro faro.
* Directora general de Derechos Humanos del MPF.
