Mientras la Justicia Federal revisa la prisión preventiva y procesamiento de 30 policías acusados por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el fiscal general de ese fuero, Claudio Palacín, aseguró que la causa tiene "elementos suficientes para ir a juicio, cuanto antes". En diálogo con Rosario/12, el funcionario judicial consideró que el caso puede sentar precedente en la provincia, en relación al aberrante delito que se les achaca a agentes de la fuerza. "Es evidente que esto es una desaparición forzada seguida de muerte", dijo. En 2014, Franco llegó a Rosario a visitar a una tía de Empalme Graneros, pero cuando se estaba por ir fue detenido en la comisaría 7ª y tres semanas después apareció sin vida en el río Paraná. La teoría de la Fiscalía y los querellantes es que murió a causa de los golpes que recibió en la seccional, según dieron cuenta testigos del hecho.
Luego de que 30 agentes fueran procesados por el juez federal Carlos Vera Barros, en octubre pasado, a mediados de este mes comenzó la apelación por las prisiones preventivas y la acusación. Quince de los efectivos están detenidos desde septiembre y piden la libertad. Se trata de los agentes que ocuparon cargos en las guardias de los días 6 y 7 de octubre de 2014 en la Comisaría 7ª, y en la Dirección Provincial de Asuntos Internos, sospechados de la desaparición forzada y el encubrimiento de los hechos ocurridos en la comisaría, donde la querella y la fiscalía federal estiman que la víctima fue cruelmente golpeada y torturada.
El equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez, uno de los querellantes de la causa, apuntó a un pedido de procesamiento por torturas y coautoría de la desaparición forzada seguida de muerte para los acusados por encubrimiento.
Por su parte, el fiscal Palacín pide que sea confirmado el procesamiento y que la causa vaya a juicio. "Los abogados defensores tratan de apelar a la duda, a que no hay pruebas y que el juez armó todo. Pero lo que va a decir la Fiscalía ‑en la audiencia del martes‑ es que el procesamiento está muy bien fundado con respecto a los 30 agentes y que hay que llevarlos a juicio", dijo.
Pasado mañana, la querella y la fiscalía tendrán oportunidad de rebatir los dichos de la defensa que pide la libertad de sus clientes. Para Palacín, los policías investigados buscan "justificar lo injustificable, que son los delitos aberrantes que sufrió este chico, porque hubo tres tandas de golpes", dijo. En ese sentido, el fiscal marcará "todos los errores" sobre lo que dicen las defensas en relación a la causa que se inició como una búsqueda de paradero, en octubre de 2014. "Primero lo buscaban como Lucas Casco, después en la seccional séptima tergiversaron el apellido y le pusieron Godoy. Hay muchas inconsistencias, porque son todos indicios que llevan a presunciones serias y concordantes de que fue una desaparición forzada seguida de muerte, delito que está muy emparentado con la última dictadura militar y de ahí surge esta figura, en 2011", dijo el fiscal.
Al hablar de la importancia que tendría la causa en un eventual juicio, Palacín destacó que podría sentar precedente en una provincia donde también se investigan otros hechos, como el que terminó con la vida de Gerardo "Pichón" Escobar. En ese sentido, planteó que a nivel nacional "hay intereses que a los gobernantes no les conviene políticamente, porque se puede condenar a agentes de la fuerza por desaparición forzada".
El fiscal, al igual que los querellantes, pidió protección para aquellos testigos del caso que deben tener garantizada su seguridad para declarar en juicio. "Son muy vulnerables y las defensas tratan de desacreditarlos porque dicen que son personas acusadas. Eso no tiene nada que ver. Hay que valorar los testimonios porque estos chicos tienen todo para perder y nada para ganar diciendo la verdad. Hay que destacar esa valentía, porque estos hechos suceden todos los días en las comisarías de la Argentina, lo que pasa es que no siempre llegan a ser muertes". En ese sentido, señaló que le tocó ir a comisarías donde no lo querían atender, aún diciendo que era fiscal general federal. "¿Qué queda para un tipo que encima es morocho, pobre, por quien ellos piensan que nadie va a reclamar", preguntó.
Al mismo tiempo, el fiscal consideró que "quizás la provincia tendría que haberse constituido como querellante de la causa". Y reiteró que las pruebas son suficientes para ir a juicio: "Acá no habrá filmaciones ni confesiones sobre lo que pasó", dijo.
Querella. Si bien los agentes de Asuntos Internos están acusados por encubrimiento agravado, una de las querellas, representada por el equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez, apeló la calificación legal porque entienden que a los jefes de esa división les corresponde la figura de "coautores de la desaparición forzada". "Todos contribuyeron con sus conductas y ellos cumplieron un rol central durante la desaparición", dijo el abogado Salvador Vera.
En tanto, en los últimos días se imputó a otro agente de la comisaría 7ª, por un delito excarcelable dentro de la causa, y esa decisión será apelada porque se considera que "tuvo contacto con Casco dentro de la comisaría" y que le cabe una responsabilidad mayor. También recurrirán el falta de merito con el que se desvinculó a la médica que firmó haber revisado a Franco en la comisaría, la noche que fue detenido.
En rigor, los querellantes reclaman justicia porque insisten con que Franco "fue detenido de manera ilegal y arbitraria en cercanías a la estación de trenes Rosario Norte (desde donde saldría hacia Buenos Aires). En la comisaría, fue sometido a torturas, vejaciones y maltratos hasta quitarle la vida". Por ello, consideran que "la situación de libertad de los agentes procesados representa un grave riesgo y mucha intimidación para los testigos, porque la causa tiene elementos que son indicios provenientes de declaraciones testimoniales y es fundamental que se puedan reproducir en juicio".
