La causa judicial por el Memorándum se ha convertido, más que nunca, en una confrontación de palabras versus hechos. El juez y la Sala II de la Cámara Federal ahora incluso involucran al ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, en el supuesto complot a favor de los sospechosos iraníes. Los camaristas afirman que una carta firmada por Noble en realidad fue redactada por la cancillería argentina y que el ex funcionario norteamericano se prestó sólo a firmarla. Desde Dubai, donde vive, Noble negó rotundamente la afirmación de la Cámara y se preguntó otra vez, utilizando la tercera persona: “¿Por qué no le preguntaron a Noble antes de afirmar semejante cosa? No necesito ayuda para escribir una carta”. La acusación surge de la existencia de un mail dentro de la cancillería, con el texto de la carta de Noble, pero sin firma. Ese mail en verdad contenía el texto original y la traducción de la carta de Noble para hacerlas públicas. La colosal discrepancia entre hechos y palabras se verifica en casi todo lo que tiene que ver con la causa del Memorándum.

  • La acusación inicial es que el acuerdo con Irán favoreció a los iraníes sospechosos de haber participado del atentado contra la AMIA. Los hechos indican que Irán no aceptó el Memorándum, o sea que tan favorable no les resultó. No lo votó su Congreso, nunca hizo un formal anuncio de aceptación y menos todavía se hizo el intercambio de cartas reversales entre la Argentina e Irán, acto básico para que el tratado entrara en vigencia. Las palabras del juez y los camaristas por un lado, el hecho concreto por el otro.
  • n Otro cargo es que la Comisión de la Verdad propuesta en el Memorándum le serviría a los iraníes para dilatar todo el proceso judicial ya que no se fijaban plazos de ningún tipo. En la realidad concreta la Comisión nunca se formó porque el Memorándum nunca entró en vigencia, porque no lo aceptaron los iraníes y, un año y cuatro meses más tarde, el 15 de mayo, la Cámara otorgó un amparo y la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Por lo tanto no tuvo efecto jurídico alguno. Las palabras por un lado, los hechos por otro.
  • también se acusa que el Memorándum se firmó para levantar las alertas rojas, como dicen el juez y los camaristas. Rodean esta afirmación de un mar de palabras pero lo cierto es que las alertas nunca se levantaron. En las 46 páginas del fallo de la Sala II hay largos tramos sobre los intentos iraníes de cambiar el status de las órdenes de captura. Es obvio. Las autoridades persas siempre lo intentaron, incluso desde muchísimo antes de la firma del Memorándum. Por ejemplo, ya en 2007 proponían la firma de un tratado cuyo primer punto era que la Argentina levantaba todas las acusaciones contra Irán. Como dice Noble, lo real es que las alertas rojas nunca se levantaron, que siguen vigentes hasta hoy. Eso demuestra también que Noble no era ninguna pieza clave en su vigencia, porque continúan hasta hoy de acuerdo a lo establecido por la Asamblea General de Interpol.
  • También se afirma que las alertas rojas tuvieron una menor rigurosidad después de la firma del Memorándum porque se inscribió en las fichas de los sospechosos que se había rubricado un acuerdo entre los dos países. Efectivamente se incluyó un texto, pero en ese texto se dejó en claro que no cambiaba el status de las alertas “tal como lo decidido por la Asamblea General”. En verdad las alertas son apenas un mensaje a las policías de cada país, pero su aplicación es muy relativa. El ex ministro de Defensa de Irán, imputado en el caso AMIA, Ahmad Vahidi, estuvo en Bolivia y no fue detenido. Varios de los sospechados visitaron Singapur y ese país tampoco concretó ninguna detención. Justamente por eso es que era necesario buscar una alternativa para tomarles declaración, lo que incluyó la idea de un juicio en un tercer país como en el caso Lockerbie o, la del Memorándum, que significaba tomarles declaración en Teherán. Más allá de estas especulaciones y la evaluación sobre el Memorándum, los hechos concretos indican que no hubo ningún debilitamiento de las alertas rojas. “No existe la figura de la alerta roja morigerada”, señalaron León Arslanian y Martín Arias Duval en su escrito de defensa del ex canciller Eduardo Zuaín. 
  • El Memorándum implicaba un canje de petróleo iraní por granos argentinos. No ocurrió. Nunca hubo ningún canje de nada. Ni podía haberlo. El petróleo iraní no se puede refinar en la Argentina y el estado argentino no le vende granos a nadie, lo hacen los privados, esencialmente el grupo Grobocopatel. La Cámara, como al pasar, menciona un mail que recibió Zuaín con un informe sobre la historia del vínculo nuclear de la Argentina con Irán, que se dio sobre todo en la época del gobierno de Raúl Alfonsín, período en que efectivamente se proveyó a Irán de material de uso pacífico. Hay un segundo mail en que se menciona que Estados Unidos está en negociaciones con Irán por el tema nuclear. Sin embargo, no se menciona nada concreto y menos todavía pruebas o evidencias. Más allá de las palabras, no hubo ningún intercambio con Irán, ningún efecto concreto de la firma del Memorándum. Debe recordarse que el texto fue declarado inconstitucional recién en mayo de 2014, un año y cuatro meses después de rubricado, o sea que si hubiera tenido algún efecto se vería en el crecimiento de las relaciones comerciales.
  • En la acusación original de Alberto Nisman se decía que se iba a armar una nueva pista que le sacara de encima la responsabilidad a Irán. No ocurrió. Los iraníes están hoy imputados como antes y no se armó ninguna pista alternativa que, supuestamente iba a ser una acusación contra nazis locales. 

Para justificar tantas palabras que se contradicen con los hechos, la Cámara profundiza la acusación contra Noble. Antes de ser secretario general de Interpol, Noble fue subsecretario del Tesoro Norteamericano a cargo del Servicio Secreto; responsable de la AFT, la agencia del control de armamentos en tierra estadounidense, y de la oficina de control de Lavado de Dinero de Estados Unidos. Fué, además, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York desde 1988 hasta 2014. Como se ve, un funcionario estadounidense clave, de máximo rango, al que se le adjudica firmar un texto que le redactó la cancillería argentina. Todo en base a un mail que, en realidad, sólo era una traducción de la carta de Noble y que se iba a dar a conocer públicamente. La carta, del 16 de enero de 2015, enseguida después de la denuncia inicial de Nisman, decía que ni el canciller Héctor Timerman ni ningún otro funcionario argentino hicieron gestiones para levantar las alertas, que igualmente no se levantaron nunca. Ese es el hecho.

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