En uno de los momentos de máxima tensión, cuando la policía empezó a tirar balas de goma y gases para desarmar la movilización del lunes último contra la reforma previsional, Diego Murrone y tres compañeros de FM La Patriada se alejaron por avenida de Mayo. Allí buscaron dónde quedar a resguardo, y se ubicaron abrazados entre sí en la entrada de un edificio, donde permanecieron inmóviles. Lo único que no dejaron de hacer fue filmar a los uniformados que disparaban hacia otras personas. “Un grupo de policías pasó delante nuestro y siguió de largo. Otro agente nos gritó ‘¡Salgan!’ y apenas dimos unos pasos el pelotón inmediatamente pegó la vuelta y se nos vino encima. Así, de la nada, nos llevaron detenidos a las piñas”, reconstruye Murrone. “Una vez en la comisaría pedí que avisaran que yo estaba ahí, incluso dije que soy periodista, y la respuesta fue ‘No vas a poder informarle a nadie que estás acá”, relató. Las detenciones y agresiones físicas dirigidas a trabajadores de prensa han sido un constante en las movilizaciones populares de 2017, con un ensañamiento que recrudeció en la primera marcha por Santiago Maldonado y las dos recientes contra el ajuste de jubilaciones, pensiones y asignaciones. En la marcha del lunes último hubo 36 fotógrafos, camarógrafos  y cronistas heridos, según relevó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). El jueves anterior, 12 fotógrafos baleados, y tres afectados por gases y chorros de los camiones hidrantes y un periodista agredido por policías.

Las fuerzas de seguridad hacen foco en quienes las enfocan a ellas: quienes están en las movilizaciones documentando y tomando registro de todos lo que sucede. La escena que vivió el fotógrafo Pablo Piovano, trabajador free lance que desarrolló una larga trayectoria en PáginaI12, en la primera manifestación contra la reforma previsional no deja lugar a dudas. Cámara en mano, Piovano seguía a un grupo de policías que iban de dos, en moto, una modalidad muy extendida en estos operativos: uno conduce y el otro dispara. La manifestación se replegaba por primera vez. “Yo había estado en la plaza, en medio de los gases, y me fui solo al lado de un puesto de diarios a recuperarme. Todo estaba más tranquilo ya, en especial donde yo me encontraba, en Rivadavia y Montevideo. Pero de pronto, en el momento más impensado, un policía me mira fijo, levanta la escopeta y a muy pocos metros me descarga un montón de balazos en el torso y el abdomen”, relata. Le quedaron 14 orificios perfectamente marcados, como se ve en una imagen suya que se viralizó ese mismo día. Recién a las seis de la tarde pudo llegar al hospital Argerich: además de recibir una curación se abrió una causa judicial por sus heridas. ¿Alguien investigará realmente ese ataque policial?

Sebastián Hacher, periodista, editor, fotógrafo, escribió en Cosecha Roja, luego de ser herido en la cabeza en medio de la ofensiva policial: “Nunca hasta ayer había tenido que dejar de trabajar por un golpe. Lo peor de la represión es eso: cuando te lastiman, cuando te detienen, dejás de disponer de tu cuerpo. Cuando empezó la represión estaba adelante de todo. Siempre trato de quedar del lado de la gente: me siento más seguro ahí. En algún momento empezó el avance de la policía y quedé mal posicionado, escondido atrás de un tacho de basura mínimo con Leandro Teysseire, fotógrafo de PáginaI12, uno de los mejores. Yo hice un chiste sobre lo pequeños que eran nuestros lentes para la situación en la que estábamos. Es mi forma de mantener la calma. ‘Parapetate’, me dijo él. ‘Estamos regalados’, dije yo. Luego supe que un rato más tarde también cobró”. Sebastián cuenta que se tocó la cabeza y brotaba mucha sangre. Su última foto salió movida. No le quedaba otra que buscar quien lo atendiera. Lo acompañó otro fotógrafo, Alfredo Srur, dos cuadras hasta que encontraron una ambulancia. La única que encontraron fue una ambulancia de la Corriente Villera, de la Villa 21-24. La compraron en el barrio, cuenta, cuando dejó de entrar el SAME. Lo atendió una enfermera llamada Marta. En el móvil había un chico que tenía un balazo de goma en el ojo. “Lo perdí, no veo nada”, le dijo. Era cierto, lo había perdido. 

Como Sebastián, y como otros trabajadores de prensa, Silvina Rouvier -que intentaba filmar los sucesos para el portal La García, de Cynthia García– también quedó fuera de juego cerca de las 15.30, y no tuvo la suerte de dar con la ambulancia villera. Encontró una carpa del SAME, pero la ignoraron. Allí atendían a los agentes heridos, según pudo ver. “Estaba filmando a un grupo de policías que le disparaba a los manifestantes que estaban a una cuadra de la plaza y en ese momento recibo un impacto de bala de goma en la boca. Me voló uno de los dientes de adelante, lo perdí, y cortó el labio. Finalmente en una guardia me dieron cuatro puntos. Una corresponsal que estaba conmigo me dijo que un pelotón abrió fuego hacia mi lado y yo me agarré la boca”, le contó a PáginaI12. “Quedé impactada por lo que viví, y de ver cómo les disparaban a personas que no hacían nada. Grabé el audio de la plaza porque estremecían los sonidos, los gritos, los disparos”, cuenta. Víctor Caivano, director de Associated Press en Argentina y para el Cono Sur, estuvo trabajando, con su cámara y un casco que dice “Prensa” delante de todo de la movilización, cerca de las vallas. A él, que a diferencia de otros colegas tenía la cabeza protegida, eligieron tirarle a las piernas. “Me quedaron ocho balazos en las piernas y en los glúteos y uno en el brazo izquierdo. Me tiraron también una granada que me llenó la pantorrilla de unas pequeñas esquirlas, además de dejarme sordo un buen rato”, describe a este diario.

La verdad de las imágenes

En la mayoría de las protestas desarrolladas este año fue ostensible que la represión de fuerzas de seguridad, al mando de la ministra Patricia Bullrich, recrudecía en los momentos de desconcentración o de repliegue de manifestantes, que los agentes hicieron detenciones al voleo y que en algunos casos se trató de personas que pasaban de casualidad por la zona. Pero también quedó a la vista cierta selectividad dirigida a trabajadores de prensa, en especial a quienes filman y sacan fotos. La experiencia en Argentina ha mostrado la relevancia que tienen los medios de comunicación y sus trabajadores al momento de documentar los abusos y delitos cometidos por fuerzas de seguridad como ocurrió con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002.

Después del atropello del jueves 14 diciembre, cuarenta organizaciones sociales, gremiales, ambientalistas y de derechos humanos de todo el país, pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Señalaban “la escalada de hostigamiento, represión, cercenamiento a la protesta social” así como “la represión ejercida contra las trabajadoras y trabajadores de prensa”. El jueves último, ya después de la segunda movilización, la CIDH y la Relatoría especial para la Libertad de Expresión difundieron una advertencia hacia el Estado argentino en la que señalan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados”. El texto hace referencia a los hechos tanto del 14 como del 18 de diciembre.  

“El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados de cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, señalan la CIDH y la Relatoría, y agregan que esos ataques y la destrucción de equipos que usan los trabajadores violan la libertad de expresión. Parecen expresiones obvias, pero pese a ellas el Gobierno nacional siguió doblando la apuesta con un pedido del presidente para que las personas detenidas en protestas no sean excarceladas, en un discurso que generaliza el uso de la palabra “violencia” y la extiende a cualquier actor social menos a las fuerzas de seguridad.

Arrestos ilegales

La detención repentina del grupo de trabajadores de La Patriada, que es parte del Proyecto Comunidad, quedó filmada y fue entregada al juzgado de Sergio Torres. Tanto Murrone, que es el director de ese proyecto, sus otros compañeros arrestados, que son Lorena Sfeir, Eva Luna Lillo y Francisco Scarzella, presentaron su denuncia contra la policía también ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). “El delito lo cometió el Estado, no nosotros”, advirtió Murrone. Contó también a este diario que la policía mantuvo malos tratos hacia ellos hasta el momento en que  públicamente fueron informados quiénes y dónde estaban detenidos. Algunos medios de comunicación afines al Gobierno, como se vio en los programas de Alejandro Fantino y Eduardo Fenimann, exhibieron una foto de Eva Luna en el momento en que se la llevan presa con una leyenda que la sindicaba como una de las “agresoras del Congreso”. Un mínimo chequeo da cuenta de que estaba simplemente parada en el hall de un edificio con sus compañeros cuando la policía se le vino encima.

La detención deliberada de periodistas, en plena labor de filmar y fotografiar, ya había ocurrido durante la marcha del 1 de septiembre cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. En aquella oportunidad llegaron a estar 72 horas detenidos a disposición del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que decidió procesarlos finalmente por intimidación pública y resistencia a la autoridad, además de daños. Ezequiel Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos y Antena Negra fue uno de ellos. “No me importa que seas periodista”, le gritó un policía al detenerlo y en el instante menos pensado le amarró los brazos para llevárselo. Medone, como muchas de las otras personas, denunció que las actas policiales eran truchas, que señalaban horas y lugares de detención que no eran reales, y decían que estaban tirando palazos, piedras y quemando tachos cuando, a duras penas, uno aparecía en una foto levantando algo que parecía una piedra. La Cámara Federal revocó los procesamientos, precisamente por falta de pruebas, tanto de Medone como de su compañero, Carlos Ardila Guerra, que es fotógrafo de ATE y la fotógrafa Paola Barriga Montero. Esta semana quedaron perplejos al ver que el fiscal de Cámara, Germán Moldes, sacó un dictamen que no sólo pide que los vuelvan a procesar y los acusa de “ir disfrazados de fotógrafos con una máscara de baja calidad” sino que pide una ley que restrinja las excarcelaciones en contextos de protestas sociales. Describió a quienes protestan como “canallas y facinerosos” y cuestionó el “festival de liberaciones” de los detenidos de esta semana. Su dictamen, que se focaliza en estos cuatro trabajadores de prensa aunque extiende sus convicciones a cualquiera, podría parecer un exabrupto solitario del mismo fiscal que reivindica la denuncia de Alberto Nisman contra el gobierno anterior y facilita el sobreseimiento de funcionarios macristas. Pero el respaldo a su propuesta represiva que hizo pública Mauricio Macri puso en escena una vez más esta alianza judicial-política y de medios afines que con apariencia jurídica ponen en riesgo derechos y garantías.